Laura Álvarez: "Estamos cumpliendo con el objetivo de regularizar el Ayuntamiento"

El gobierno municipal ha convocado para el próximo martes una reunión de la comisión especial de cuentas donde presentará al resto de grupos de la corporación el cierre contable del Ayuntamiento y del grupo municipal de 2019 y 2020. En el caso de la cuenta correspondiente al año pasado, será la primera vez en muchos años que se presente dentro del plazo fijado por la Ley de Haciendas Locales.

La delegada de Economía, Laura Álvarez, compareció públicamente este miércoles para informar de algunas magnitudes recogidas en las cuentas generales de ambos ejercicios, entre ellos para incidir en el resultado presupuestario positivo con el concluyó el pasado año (unos 28 millones) y en la reducción del remanente negativo de tesorería. Sin embargo, no aportó datos sobre la deuda total del Ayuntamiento. Este medio solicitó el pasivo del grupo municipal contabilizado en ambos ejercicios sin que la petición fuera atendida por la edil. El último dato conocido del balance del grupo municipal corresponde a 2018, que cerró con un débito total que superaba ligeramente los 1.000 millones de euros.

En cuanto a la presentación de cuentas, el Consistorio jerezano solo incumple los plazos para la presentación de los cálculos correspondientes a 2019, que debería haber sido ratificados antes del pasado 21 de enero. Mientras, está en plazo con la de 2020 puesto que el límite legal está establecido en el 31 de octubre. No obstante, ni se recuerda la última vez que el Ayuntamiento presentó las cuentas de un ejercicio al año siguiente, un “esfuerzo” y un “hito”, según lo apuntado por la delegada de Economía.

Así, afirmó que el ejecutivo está “cumpliendo” con el plan de “regularizar” y de “poner en una senda de mejora financiera” al Ayuntamiento. “Cuando llegamos en 2015, estaba la cuenta de 2013 sin aprobar; fue uno de los objetivos que nos marcamos y lo estamos cumpliendo”, aseveró.

Para incidir en esta mejora, la responsable de las finanzas locales hizo mención de varias magnitudes recogidas en estas cuentas. Centró especialmente su atención en el remanente de tesorería (que establece todas las obligaciones y los derechos de pago del Ayuntamiento), que en el pasado ejercicio se situó en un negativo de 61 millones de euros. Aunque el importe continúe en rojo, Álvarez destacó que desde 2014 se ha reducido ostensiblemente (en aquel ejercicio cerró con más de 167 millones de desequilibrio).

Su única mención sobre la deuda que arrastra el Consistorio fue para referirse a los pagos pendientes con los “contratistas”, que los cuantificó en 182 millones, un 8% menos respecto al año anterior. Reiteró que, a pesar que los datos oficiales, el periodo medio de pago está "penalizado" por unos adeudos con la anterior concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, Urbaser. “Estaríamos en un periodo medio de pago mínimo si esta deuda no existiera”, sentenció. Incluso, llegó a decir que los débitos con los proveedores podrían estar a “cero” si no se hubiera tenido que hacer frente a los adeudos históricos con la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Por otro lado, incidió en que, como era de esperar, la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus condicionó las cuentas municipales señalando que los ingresos se aminoraron en unos 12 millones de euros y que los gastos, por el contrario, aumentaron unos tres millones. Así, volvió a acusar a la Junta de Andalucía de no haber transferido fondos a los ayuntamientos para atender gastos extraordinarios, aportaciones que aseguró que sí hicieron tanto el Gobierno central como la Diputación.

El impacto de la covid-19 en la economía municipal provocó que el pasado año el Ayuntamiento no cumpliera con ninguna de las reglas fiscales (objetivo de estabilidad, regla de gasto y nivel de endeudamiento), tal y como se recoge en los informes de la Intervención Municipal de la liquidación aprobada en julio. No obstante, y como medida de apoyo a las entidades locales, el Ministerio de Hacienda ha exonerado del cumplimiento de estas obligaciones durante el pasado y el presente ejercicio (y ya se está debatiendo aplicarlo también en 2022).