Denuncian "discriminación institucional" a personas con dislexia en las oposiciones a docentes

Jerez/La Asociación Dislexia Cádiz denuncia la "discriminación institucional" en las oposiciones al cuerpo de docentes celebradas este sábado, asegurando que "a las personas con dislexia no les han dado las medidas de atención necesarias para estar en igualdad de condiciones con respecto a otros opositores dado el Trastorno del Neurodesarrollo que presentan".

La Asociación recuerda que "en todas las etapas educativas" las personas con dislexia "tienen reconocidos una serie de derechos, entre ellos, la ampliación de tiempo a la hora de realizar los exámenes, sin embargo en las oposiciones no son reconocidos estos derechos, de ahí que muchos opositores con dislexia y otras dificultades de aprendizaje sufran una discriminación institucional que impiden el pleno desarrollo de sus conocimientos en la prueba escrita".

Explican desde Dislexia Cádiz que "ellos precisan de mayor tiempo en la codificación y decodificación de los contenidos del examen, es decir, mayor tiempo para leer, comprender y redactar las los contenidos del examen propuesto. Si estos derechos no son reconocidos, no están en igualdad de condiciones respecto a sus iguales".

Ante "esta situación injusta, se ha comunicado al Defensor del Pueblo, que la ha admitido a trámite. Además, se ha presentado una reclamación por este hecho ante la Consejería de la Junta de Andalucía, así como en los organismos pertinentes de las oposiciones a cuerpos de maestros sin obtener respuesta positiva".

Algunas de las adaptaciones necesarias para personas diagnosticadas de dislexia, y que procederían en este caso, son:

1. Ampliación del tiempo para el desarrollo del examen y para las pruebas de lectura (25% de tiempo adicional).
2. Adaptación de la tipografía (Arial, tamaño 14, no cursiva).
3. Evaluación del contenido por encima de la forma (ante los posibles errores de expresión escrita, morfología u ortografía).
4. Uso de ordenador como alternativa al punto 2 y 3.

Dislexia Cádiz recuerda que "en el proceso de realización de las pruebas se tiene que asegurar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas, a través de la adaptación de las condiciones de realización de las pruebas de acceso, porque no hacerlo haría incurrir en las infracciones establecidas en los arts. 63, 66, 80, 81 y 83 del Real Decreto legislativo 1/2013 y en los arts. 84 y 85 de la Ley 4/2017 de Andalucía, de 25 de septiembre, de Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, que para el caso de infracciones graves como la presente tendría una sanción de hasta 90.000 €".