Desalojan a una familia de un piso en San Benito

En la mañana de este viernes se ha producido el desalojo de una familia que residía en un piso del polígono San Benito. Se da la circunstancia de que estaba okupando la vivienda que había sido suya hasta el año pasado, cuando fueron desahuciados por no poder afrontar el pago de la hipoteca.

Rocío Jiménez y Juan Castro, de 40 y 42 años de edad respectivamente, tienen dos hijas, de 12 y 3 años. La falta de empleo les llevó, en primer lugar, a ser desahuciados del inmueble adquirido una década antes en esta barriada de la zona oeste de Jerez. Tras no poder pagar el alquiler en otra vivienda, optaron por regresar a su antiguo piso, que estaba vacío aunque la mayoría de sus enseres aún estaban en él.

El Juzgado celebró el juicio de desahucio en noviembre y el pasado día 30 de enero la pareja recibió la notificación de que se fijaba el desalojo para la mañana de este viernes. Hasta el último momento se ha tratado de evitar el lanzamiento, que estaba previsto para las nueve de esta mañana, con una petición de aplazamiento al Juzgado pero esta no llegó a tiempo.

Durante estos meses, Rocío Jiménez y Juan Castro han recibido también la ayuda de la ong La Salvación y del grupo Ganemos Jerez. En este tiempo se han sucedido los contactos con la Delegación de Acción Social del Ayuntamiento que, según los afectados, le ofreció abonar la renta de otra vivienda. Ahora bien, el nuevo inmueble tenía que buscarlo la pareja.

Y es ahí donde radica el problema puesto que Rocío Jiménez insistía en que no encuentran un arrendador dispuesto a alquilarles un inmueble. "Sin nómina no nos alquilan", sentencia. Él se encuentra desempleado y ella trabaja "cuatro horas". "Yo puedo pagar un alquiler social pero no una hipoteca", afirma.

A las nueve y media de la mañana se procedió finalmente al lanzamiento con la entrega de la llave del inmueble al agente judicial, que se personó en el polígono acompañado de miembros de la Policía Nacional. Minutos después, operarios de una empresa de cerrajería cambiaban la puerta de la vivienda, situada en el número 11 de la calle Doctor Marañón.

Tras el primer desahucio, la vivienda pasó a formar parte de los activos de Bankia que, posteriormente, se los traspasó a una sociedad afincada en Madrid denominada Claysburg SL. Rocío y Juan se buscaron inicialmente un alquiler pero no pudieron pagarlo por lo que, conociendo que su antigua vivienda estaba vacía, procedieron a okuparla. En ella han residido en los últimos meses hasta la pasada mañana.

La concejal y diputada provincial Kika González explicaba: "Desde el lunes llevábamos solicitando a Servicios Sociales que enviaran un escrito al Juzgado pidiendo un aplazamiento pero la abogada nos decía que no nos lo iban a dar porque el Juzgado ya había notificado la orden". Aún así, y según el relato de los afectados como de la edil, el escrito se envió ayer aunque ya era tarde para que fuera atendido por el Juzgado puesto que la otra parte debía pronunciarse.

Por este motivo, la agrupación de electores se mostró especialmente crítica con la implicación del gobierno local y de la Delegación de Acción Social en la situación de esta familia. Así acusó a los responsables municipales de "dejadez" e "ineficiente gestión"" ya que "no hacen un seguimiento de la situación".

González señaló que, incluso, se contactó con la empresa propietaria de la vivienda para tratar de alcanzar un acuerdo, aunque el intento fue infructuoso. No en vano, y en previsión de que todo esto no permitiera el aplazamiento, la pareja optó por sacar todos sus muebles de la vivienda a lo largo de la jornada de ayer. Acto seguido, la edil hacía una reflexión sobre el fenómeno de la okupación de viviendas: "Dicen que a los okupas no se les puede dar nada pero hay mucha gente abocada a esta situación".

Tras una reunión el pasado mediodía con técnicos municipales, el Ayuntamiento se comprometió a hacer frente a los gastos de alojamiento de la familia en un hostal mientras buscan un alquiler. Asimismo, según apuntó la delegada de Acción Social, Carmen Collado, hay un compromiso de asignarles una vivienda de emergencia en el momento que alguna quede libre.