Diecisiete imputados en el nuevo golpe policial al fraude en la formación

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional dio ayer otro paso contra el fraude en los cursos de formación en Andalucía. A primeras horas de la mañana las diligencias se encaminaron a desenmascarar a alrededor de 90 personas que, según los investigadores, tienen algún vínculo con una estafa de casi 3 millones de euros de la que se habrían beneficiado hasta 52 empresas. En esta fase de las pesquisas policiales, bautizada como operación Edu Costa por desarrollarse en las provincias costeras de Cádiz, Málaga y Almería, los investigadores han imputado a políticos y empresarios. E incluso han topado con la iglesia. Entre los políticos destacan, además de la ex alcaldesa socialista de Jerez Pilar Sánchez, el concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) Juan Fernando Ortega (PSOE).

Ahora, la maniobra policial va dirigida principalmente contra los responsables de las empresas que recibían esas subvenciones. Estas diecisiete imputaciones -algunas personas comparecieron en dependencias policiales en calidad de detenidos, según fuentes de la investigación- se produjeron después de que los agentes de la Udef hayan mantenido más de 3.500 entrevistas personales desde el pasado mes de agosto con alumnos y profesores que recibían e impartían los cursos de formación.

Los investigadores también han tenido en cuenta los informes elaborados por la Seguridad Social y numerosos expedientes de actividades empresariales. Estas informaciones han proporcionado a los agentes de la Udef numerosa información sobre dónde, cómo y quiénes estaban detrás de la organización de los cursos, que en muchos casos ni siquiera llegaban a producirse o se daban datos de alumnos que la Policía ha podido comprobar que no existían. A ello hay que añadir que en el entramado sobresalen empresas que contrataban profesores con nulo conocimiento sobre la materia, y en ocasiones había compañías que llegaban a acuerdos con personas para contratarlas como profesores a cambio de que estos luego les devolviesen la mitad del sueldo acordado. "Algunos hasta les acompañaban al cajero para que les devolviesen el dinero o les hacían firmar que cobraban más de lo que luego recibían", revelaron fuentes de la investigación, con la que se persigue poner al descubierto un fraude total que oscilaría entre los 2.000 y los 3.000 millones de euros. La Udef hace hincapié en la existencia de una veintena de expedientes sobre actividades de empresas que habrían llegado a estafar decenas de millones de euros.

La operación Edu Costa es una fase más dentro de esa investigación general en la que se ha tratado actuar "desde lo más bajo de la pirámide a lo más alto" con el objetivo de apuntalar todas las pruebas antes de actuar contra los responsables últimos de esta trama en torno a la que aún se esperan futuras operaciones policiales, en las que se incluirán registros domiciliarios y de empresas en esas tres provincias hasta el día 13 y a la que seguirá una segunda fase que comenzará el día 16 y tiene previsto culminar el día 20.

Desde las filas del PP, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, señaló que causa "estupor, pena y tristeza" que los fondos para formación sean mal empleados porque iban destinados a los desempleados.

Por su parte, el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, mostró su confianza en que "los procedimientos electorales no distorsionen la marcha de los procedimientos judiciales" y pidió la "colaboración plena" de la Junta en este nuevo caso.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Vázquez, se afanó en destacar tras la celebración del Consejo de Gobierno que la nueva fase de la operación Edu se centra en empresarios y no en la Junta, cuya colaboración con la Justicia, reitera, es total.