Fiscalía pide 22 años de cárcel por el asesinato de una mujer en San Telmo en 2019

El próximo jueves comienza en la sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Jerez, el juicio por el asesinato de una mujer de 76 años en la barriada de San Telmo en abril de 2019. En el banquillo se sentará el sobrino de la víctima, que fue detenido poco después de que el cuerpo de su tía apareciera sin vida en el interior de su vivienda. La Fiscalía solicitará una condena de 22 años de prisión por los delitos de asesinato y robo con violencia.

Los hechos ocurrieron a finales de abril de 2019. Vecinos de la víctima alertaron de que esta no atendía a las llamadas que le hacían por lo que un equipo del parque de bomberos forzó la puerta de su vivienda. Así, al entrar en su interior, hallaron a la mujer tirada en el suelo ya fallecida. En la autopsia que se le practicó, se descubrió que presentaba signos de haber sido asfixiada.

De este modo, se inició una investigación policial comprobándose poco después que algunos objetos de valor que eran de la víctima habían sido vendidos en algunas tiendas de la ciudad por parte de un familiar suyo, concretamente uno de sus sobrinos. Por este motivo, fue detenido y puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional. No obstante, meses más tarde quedó sin efecto la orden.

En su escrito de conclusiones, la Fiscalía sostiene que el acusado, de iniciales M.P.C., “era conocedor” de que su tía disponía de dinero en metálico y joyas en su vivienda. Por ello, sostiene que entre el 22 y 23 de abril de 2019, fue a su vivienda para asfixiarla tapándola fuertemente la boca y la nariz de forma prolongada con un trapo, provocándole la muerte instantes después. Según el ministerio público, poco después vendió los objetos de valor (un anillo, una pulsera, monedas de oro y cadenas) por los que obtuvo algo más de 2.000 euros.

Por todo ello, la Fiscalía considera que los hechos deben ser calificados como un delito de asesinato y de robo con violencia en casa habitada. La pena que solicita es de 22 años de prisión, así como una indemnización de 280.000 euros a los hijos de la víctima en concepto de responsabilidad civil y otra a los tres establecimientos donde vendió lo presuntamente robado por el valor de los objetos vendidos.

Está previsto que el juicio, que se celebrará con jurado, se desarrolle durante seis sesiones.