“Llevo ya cinco años intentando que un ‘okupa’ salga de mi vivienda en Jerez”

Jerez/Hace algunos años Herve y su mujer Corinne, de nacionalidad belga, decidieron adquirir una vivienda en Jerez y optaron por comprarse una vivienda unifamiliar en los alrededores de Hipercor. Se trataba de una urbanización cuyas casas no estaban al alcance de cualquier bolsillo, ya que estaba ubicada en una de las áreas más caras de Jerez.

Tras comprarla, en 2017 decidieron ponerla en alquiler. Una decisión de la que todavía hoy se arrepienten y cuyas consecuencias siguen sufriendo, según denuncia el propietario legal de la vivienda.

El problema, siempre según su testimonio, es que la persona a la que arrendó la casa se ha convertido en un “okupa” que se niega a marcharse y que tampoco paga las mensualidades. A pesar de que el afectado ha denunciado su situación en los juzgados, en la actualidad la vivienda continúa ocupada por la persona que entró inicialmente como inquilino legal.

“El problema es que aunque hemos denunciado, no recoge las notificaciones, así que sigue dentro de la casa, que está en la zona de Hipercor y no podemos hacer nada”, lamenta Herve, afectado también por la huelga actual de los funcionarios de Justicia. De poco ha servido, según cuenta, la cédula de notificación, requerimiento y citación emitida por el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Jerez.

En dicho documento, firmado a finales de febrero, se cita a la persona que ocupa la vivienda de Herve a que “en el plazo de diez días desaloje el inmueble” y, además, “pague la totalidad de la deuda reclamada, ascendente a 3.720 euros o bien comparezca ante este juzgado y formule oposición, alegando sucintamente las razones por las que entiende no procede el desahucio, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada”.

Asimismo, se le comunica que, “según manifiesta la parte actora, no tiene derecho a la enervación del desahucio mediante pago o consignación de las cantidades adecuadas”. Por ello, se le cita a juicio y se le notifica que “se procederá sin más notificación a su lanzamiento” de la vivienda “el próximo día 29/05/2023 a las 11:00 horas si no la desaloja voluntariamente ni se opone a la demanda”.

En la cédula se le requiere también “que retire sus enseres antes de la fecha del lanzamiento con el apercibimiento de que de no verificarlo se podrán considerar bienes abandonados”.

Sin embargo, “sigue dentro y no podemos hacer nada. Estamos desesperados”, lamenta Herve. El problema se ha prolongado tanto en el tiempo, que el afectado ha decidido hacer un escrito y dar a conocer su situación a los vecinos de la urbanización, ante la proliferación de comentarios.

“Existen rumores de una supuesta disputa privada entre la persona que ocupa mi casa y yo. He optado por exponer los hechos tal y como son. Actualmente me enfrento al problema de un ocupante ilegal, un okupa, que ocupa mi casa sin consentimiento”, detalla el propietario. Además, explica que “el okupa alquiló la casa hace 6 años, en 2017, por un periodo de un año. Me fié, pues el contrato de alquiler había sido remitido por una inmobiliaria. ¡El contrato de un año no existe en España! Era en realidad un contrato de 3 años (ahora 5)”.

Aun así, respetó el contrato y “al cabo de los 2 años y medio, le informé de mi intención de no renovar el contrato. Sin embargo, el okupa se niega a abandonar la casa, lo que me causa gran angustia. A pesar de los repetidos intentos de resolver el problema por la vía legal, incluida la presentación de una demanda ante las autoridades, se niega a abandonar la propiedad, pagando alquileres ocasionalmente. Llegó a hacer una transferencia de 1 euro alegando un error del banco”.

Así las cosas, “no me queda más remedio que denunciar públicamente esta situación para concienciar sobre el problema y lograr una solución. Entre sentencias a favor del propietario, notificaciones dictadas, denegadas o perdidas, procedimientos dictados, cambios y errores, han sido cinco años en los que la justicia ha estado intentando resolver el caso, y que dicha persona aprovecha y abusa de todas las vulnerabilidades y facilidades que ofrece la ley”.

“Vivo de mi trabajo y no puedo permitirme tener un okupa en mi casa. Además, posiblemente debido a la angustia que genera tal situación, he sufrido un cáncer y una operación de corazón. No aguanto más”, afirma Herve.

Por todo ello, el propietario de la vivienda ubicada en el entorno de Hipercor reclama a las autoridades que “tomen medidas y desalojen al okupa ilegal de la propiedad lo antes posible. También insto a otros propietarios de viviendas a que estén alerta y tomen medidas para proteger sus propiedades de los okupas, que pueden causar daños importantes y pérdidas de ingresos”.

Como propietario de una vivienda, “hay que tener derechos a proteger la propiedad y a vivir en un entorno seguro. Personalmente, me comprometo a colaborar con las autoridades y a emprender y continuar las acciones legales necesarias para resolver este problema”. Además, como vecino de la comunidad, “creo que es mi deber informarte de la gravedad de tal situación”.