López Gil: "No hay riesgo sanitario real, aunque sí es cierto que la salubridad deja mucho que desear"

El delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, ha responsabilizado al Ayuntamiento de Jerez de los actos vandálicos de la pasada madrugada como consecuencia de la huelga de los trabajadores de la limpieza, que acabaron con medio centenar de contenedores quemados.

En declaraciones a los periodistas, López Gil ha acusado a la alcaldesa, María José García-Pelayo, de "echar leña al fuego" y de "calentar" a los trabajadores de la concesionaria Urbaser, en huelga desde el pasado 2 de noviembre.

El delegado del Gobierno entiende que la regidora debería "apaciguar" tanto a los trabajadores como a los ciudadanos "que muestran su enfado con el Ayuntamiento por su permanente actitud de confrontación".

López Gil insiste en que no existe peligro para la salud pública a pesar de que la huelga alcanza ya su decimonovena jornada consecutiva, con alrededor de 3.500 toneladas de basuras acumuladas en la vía pública, aunque sí ha admitido que la situación puede ser "incómoda".

Además, ha advertido de que las ratas no crecen "como gatos" en quince días salvo que alguien las haya "llevado allí", en alusión a la decisión municipal de requerir los servicios de la empresa pública Tragsa para la retirada de residuos en puntos concretos de la ciudad.

Por su parte, en otra rueda de prensa, la alcaldesa García-Pelayo ha condenado los "actos vandálicos" que se vienen produciendo estos últimos días, advirtiendo de que ese no es el modo de alcanzar puntos de encuentro entre las partes para cerrar el conflicto.

Los "gritos", las "amenazas" y "el chantaje" no van a bastar para "presionar" a un Gobierno que, según la regidora, "tiene la misión de velar por el interés general de la ciudad, y no por el de un colectivo determinado", en alusión a los trabajadores de Urbaser.

La alcaldesa ha admitido por otra parte que no espera "nada" de la Junta de Andalucía, lamentando convivir con unos gobernantes "que se descalifican a sí mismos con sus declaraciones" y que "demuestran que no tienen un pie en la realidad" ni saben "lo que se está viviendo en Jerez".

A juicio de García-Pelayo, la Junta "está anteponiendo" sus intereses políticos a la resolución de un "problema" que afecta a más de 200.000 ciudadanos.

El Gobierno local ha advertido por otra parte que va a seguir trabajando para garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos, requiriendo la ayuda de la empresa pública Tragsa en caso de que fuera necesario.

Ante el Ayuntamiento se han concentrado más de doscientos trabajadores de Urbaser una vez finalizada sin acuerdo la reunión prevista para hoy entre el comité y los representantes de la concesionaria.

La alcaldesa les ha instado a seguir negociando con la empresa, recordándoles que tanto los trabajadores municipales como los del resto de concesionarias han sido objeto de "sacrificios" como consecuencia de la situación económica del Ayuntamiento.

En este sentido, ha recordado que lo que pide la concesionaria es una rebaja salarial del 12 por ciento, justificada en el recorte presupuestario del 20 por ciento que el Consistorio pretende aplicar a partir del 1 de enero.

Por último, ha advertido de que la salida al conflicto no pasará en ningún caso por que el Ayuntamiento ponga "más dinero" para pagar las nóminas de los trabajadores.