Madre cuidadora: “Quiero conseguir lo que le han quitado a mi hijo”
Jerez
Silvia quiere recuperar el poder adquisitivo que sus hijos, uno con autismo y otro con Down, han perdido de la ayuda a la dependencia
El Ayuntamiento de Jerez se compromete con la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad
"Tenemos que intentar que los niños con cáncer sigan siendo niños, no hay que señalarlos"
Silvia quiere recuperar lo que los recortes de la ayuda a la dependencia le están quitando a su hijo. Alberto, de 28 años, y Pablo, de 23, tienen Down y autismo, respectivamente. El padre la llamó para decirle que el segundo había recibido una cantidad de dinero correspondiente a la ayuda a la dependencia menor a la habitual, algo que considera del todo injusto e incoherente.
Esta jerezana de 60 años se vio obligada a dejar de trabajar a los 37 para dedicarse a ellos, tras la baja por maternidad de su segundo hijo. Aún no sabía que éste tenía autismo, pero Alberto debía ser operado en Barcelona de sus problemas de visión. “Tuve que dejar un empleo fijo para dedicarme a los niños. Trabajaba por la mañana en un supermercado y por la tarde diseñaba moda. Empecé a trabajar con los niños en casa, eso no tiene horario”, explica. Recuerda que antes cobraba los cheques sociales: 580 euros al año de cada uno. “Era horrible porque no tenía ingresos ninguno. En países socialistas como Suecia, los niños con discapacidad tienen sus pensiones y recursos”, defiende
Pablo, diagnosticado de autismo con poco más de 2 años, en la actualidad es un gran dependiente y tiene "muchísima fuerza". Por ello, vive con su padre. "Hace más caso a la figura de los varones", explica que, inconscientemente, a ella le puede hacer daño. La pareja mantiene buena relación en pro de sus hijos: “No lo queremos internar, estamos muy organizados”.
Recortes
En 2007 el PSOE aprobó las primeras ayudas a la dependencia. "Ya existían, pero muy pocas personas se beneficiaban de ella", matiza la jerezana. A Pablo le fue asignado el grado 3 de gran dependencia y a Alberto un grado menos; el primero cobraba 506,96 euros y el segundo algo más de 400 euros. “La dependencia es una cosa y la minusvalía es otra, no tienen nada que ver”, subraya Silvia.
“Cuando ganó Rajoy dijo que los socialistas habían gastado mucho en la dependencia y no se había devuelto a Europa el dinero que había sido prestado y nos recortó el 15% de las ayudas más el convenio que teníamos como cuidadores no profesionales. La consecuencia fue recorte para los dependientes, para los jubilados, para los parados de larga duración, para los funcionarios… Recortes para todo el mundo, también para el convenio de los padres y madres cuidadores que el día de mañana se jubilan, eso lo quitaron también. Mis hijos perdieron 140 euros de poder adquisitivo", cuenta esta madre algo desbordada.
Hasta ahora, todo se había mantenido igual, pero el pasado lunes cuando su ex marido comprobó que la pensión de Pablo ha sido recortada de nuevo. Después le llegó una carta certificada de la Consejería de Salud y familias, de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para informar de ello en siete folios. "Tienen la poca vergüenza de poner en la carta que hasta ahora cobraba 506 euros y eso es mentira porque con Rajoy se bajó a 442,59 euros".
La familia al completa se personó el jueves 2 marzo en las oficinas del remitente de dicha carta en Cádiz y, según cuenta esta Silvia, todo fue un despropósito: “Nadie sabe nada, se tiran la pelota unos a otros, hasta que dije que si alguien no lo solucionaba, soltaría a Pablo de la mano para que se dieran cuenta de la problemática. Es que esto cabrea mucho”, apunta.
Le derivaron a las oficinas de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, ubicadas en plaza Asdrúbal, donde le aseguran que esa rebaja es debida a la aplicación de una ley aprobada en 2017, en el que se suprime el grado 3 y se mantienen, sólo el grado 1 y 2.
Silvia, indignada, no se explicaba cómo aplican en 2023 una ley de 2017, ni cómo es posible que ambos hijos reciban la misma ayuda. El viernes 3, siguió indagando y “me mintieron, la ley no es 2017, es de junio de 2022". "Me puse en contacto con madres de otros grandes dependientes y también han sufrido la misma rebaja, es una ley de Gobierno central”. Silvia no puede evitar expresar su asombro al comprobar que un gobierno "que se dice socialista lleve a cabo estos recortes". Con independencia del signo político, no va a cejar en su empeño: “Quiero conseguir lo que le han quitado a mi hijo, que no hagan una ley a su manera para recortar a los más vulnerables a los que más necesitan”, insiste la madre del afectado.
También te puede interesar