Malos tiempos para la remolacha

Los productores de remolacha vislumbran el futuro con grandes dosis de incertidumbre. Por un lado, de cara a la nueva campaña, la reforma de la OCM de 2006 ha puesto la rentabilidad del cultivo en duda. Por otro, las propuestas legislativas para la PAC más allá de 2013 pretenden acabar con el sistema de cuotas, lo que supondría la desaparición del cultivo en Andalucía. Lejos quedan los tiempos en que los objetivos principales de la OCM eran estabilizar el mercado y garantizar unos ingresos justos a los productores.

En relación con la campaña que comenzó el pasado 1 de octubre, hay que recordar que la bajada progresiva de precios establecida por la OCM (los productores pasaron de percibir 44,01 euros/t de remolacha a 26,29 euros/t) para favorecer el abandono de la cuota de producción la sufre hoy el campo andaluz y, en consecuencia, la provincia de Cádiz, que concentra casi un tercio de la superficie remolachera de nuestra región. Esa reforma, a la que COAG se opuso de manera rotunda, supuso la pérdida de casi el 80% de la cuota que había antes de la reforma en Andalucía. En el ámbito español, la reducción fue del 50%, mientras que en la Unión Europea fue del 30%, es decir: nuestro país, a pesar de tener la remolacha con mayor rendimiento de toda la UE, o quizás por eso mismo, se vio forzado a reducir mucho más que el resto de países productores. Este descenso de cuota supuso la pérdida del 75% de la superficie dedicada al cultivo en nuestra comunidad autónoma (se pasó de 36.500 ha en la campaña 2005/2006 a poco más de 9.300 en la 2009/2010); en Cádiz, se pasó de cultivar 16.900 ha a poco más de 2.700 ha, es decir, la superficie se recortó casi un 85%.

Para compensar la reducción de precio, la OCM ofrecía la posibilidad de activar un plan de reestructuración con incentivos económicos para las empresas y remolacheros que abandonasen el cultivo. De este modo, la reforma de 2006 desprotegió totalmente al sector, al perseguir como objetivo la competitividad de la industria azucarera, confiando en que ello traería consigo la estabilidad en el mercado, la garantía de abastecimiento y un nivel de vida digno para los remolacheros. La experiencia indica que nada de esto se ha cumplido. La reducción de cuota ha provocado un mayor grado de dependencia, ya que la UE se ha visto obligada a importar azúcar de terceros países para cubrir las necesidades de su consumo interior. Mientras, los precios mundiales se encontrarán en los niveles más altos de la historia, algo que, según las previsiones, será recurrente en los próximos años.

Si uno de los objetivos de la PAC es garantizar al consumidor el suministro de los productos básicos a precios razonables, la realidad evidencia que nunca ha habido mayor volatilidad en el mercado, con los consiguientes vaivenes en los precios y las amenazas de escasez como una espada de Damocles sobre las cabezas de los ciudadanos (ya ocurrió en la pasada campaña navideña: los fabricantes de mantecados de Estepa sufrieron la falta de azúcar).

Por todo ello, desde la aplicación de la reforma de 2006, COAG ha peleado para tratar de garantizar la supervivencia de un cultivo con un alto componente social, que se sitúa además en una zona que también se ha visto fuertemente castigada por la consecuencia de otra reforma demoledora: la del algodón. En ese sentido, para compensar la reducción de ingresos provocada por el abandono de cuota, COAG luchó por fijar el máximo posible de ayudas acopladas, para favorecer a los verdaderos productores. Sólo garantizando unos ingresos más o menos estables se puede asegurar la estabilidad también en la superficie y, por tanto, en la producción y el abastecimiento. Así, se intentó fijar una superficie cercana a las 10.000 hectáreas y unos ingresos de en torno a 43 euros/t para abastecer a la única empresa superviviente en Andalucía. A pesar del esfuerzo, los frecuentes retrasos en el cobro de las ayudas (hay algunas que acumulan más de dos años de demora) no contribuyen precisamente a estimular la actividad.

A las nefastas consecuencias de la reforma hay que sumarle el brutal incremento de los costes de producción, que redujo aún más los ya mermados ingresos de los remolacheros. Con este panorama llegamos a las campañas 2008/2009 y 2009/2010, que se han caracterizado por las pésimas condiciones meteorológicas. Los productores están cada vez más desanimados, pues no terminan de ver la rentabilidad de su trabajo. La campaña 2010/2011 se suponía que debía ser la de recuperación, pues COAG consiguió que los remolacheros obtuvieran unas mayores retribuciones en sus liquidaciones con la azucarera, toda vez que los precios de exportación han sido buenos y que se ha permitido la venta sin penalización de excedentes en el mercado interior. Ambas circunstancias habían beneficiado a la industria y debían repercutir sobre los remolacheros. Pero nos hemos encontrado con nuevas dificultades: los últimos cambios normativos en las medidas agroambientales también afectarán negativamente al bolsillo de los agricultores.

Esta frágil situación del sector ha sido transmitida por COAG a la industria, a la cual se solicitó que asumiera parte del coste de la semilla. Además, se le pidió que cubriera y gestionara la totalidad del arranque y del transporte, facilitando así los controles de acceso a la fábrica. La azucarera se ha comprometido sólo a cubrir el 50% del coste de la semilla y el transporte si se siembra antes de una fecha determinada (plazo difícil de cumplir para la mayoría de las rotaciones de la zona). Por otra parte, ha accedido a cubrir un porcentaje del coste de recolección en función de unos tramos de producción que también resultan inalcanzables (para cobrar el 50% de la recolección se deben obtener unos rendimientos por hectárea superiores a las medias de los últimos años).

Así las cosas, en estos momentos sólo se ha contratado la mitad de la cuota que normalmente corresponde a los remolacheros gaditanos, hecho que evidencia la desilusión de un sector tradicionalmente combativo y que se ha esforzado por avanzar en la profesionalización y modernización.