La Marea de Jubilados y Pensionistas de Jerez convoca una concentración este sábado en el Arenal

Jerez/La Marea de Jubilados y Pensionistas de Jerez ha convocado a toda la ciudadanía a concentrarse este sábado, 12 de febrero, a las 12:00 horas en la plaza del Arenal para mostrar su "total disconformidad con la subida de las pensiones acordada, la pérdida del poder adquisitivo, la demanda del IPC real que no se ha efectuado tal como fue prometida", además de su oposición a "la intervención de los planes privados de empresas en los planes de pensiones".

Se trata de una movilización a nivel estatal reclamando la revalorización de las pensiones, exigiendo a los gobernantes que se garantice el poder adquisitivo de las pensiones revalorizándolas en función del incremento del 'IPC real' como se venía haciendo antes de la reforma de 2011.

Se pide también garantizar que no haya pensiones por debajo del umbral de pobreza, eliminando la brecha de género en salarios y pensiones y aumentando la pensión mínima hasta equipararse al Salario Mínimo Interprofesional, y situándose en el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea.

Comunicado de la convocatoria

El manifiesto de la Jornada de Movilización Estatal de Pensionistas del 12 febrero 2022 dice así.

Exigimos el IPC Real y pensiones mínimas dignas. Rechazamos la privatización.

Las organizaciones de pensionistas de diferentes Pueblos y Comunidades del Estado Español firmantes de este manifiesto, convocamos este 12 de febrero una nueva movilización conjunta y descentralizada, en defensa del sistema público de pensiones y contra la nueva reforma que pretende recortarlo y devaluarlo una vez más.

En 2015 bajo la presidencia de Rajoy se pretendió reducir la revalorización anual de las pensiones a solo un 0,25%, contraviniendo el artículo 50 de la Constitución. La movilización social de los pensionistas durante tres años fue determinante para bloquear la aplicación del decreto que establecía esa mísera subida y, también, acelerar la caída del gobierno Rajoy. Se reestableció el Índice de Precios al Consumo Anual Acumulado (IPC Acumulado o IPC Real) como índice para la revaloración anual de las pensiones. Este es el mejor sistema para medir el coste de la vida y el que siempre se usó en pensiones y salarios para garantizar su poder adquisitivo.

Pero la Ley 21/21 que el actual gobierno de coalición presentó al Parlamento, y este aprobó por amplia mayoría, establece ahora como referencia de revalorización anual de las pensiones, el llamado 'IPC Medio', el promedio de los IPC de los 12 meses del año. Usar el 'IPC Medio' en lugar del 'IPC Real' supone hacer trampa. Es rebajar las pensiones y reducir el poder adquisitivo de los pensionistas. Este año el 'IPC Real' desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2021 (año contable 2021 a efectos de revalorización) ha sido del 5,5%; sin embargo, el 'IPC Medio' fue solo el 2,5%.

El resultado de aplicar este nuevo indicador será perder un 3% de poder adquisitivo en las pensiones contributivas. Por cierto, un 3% en 2021 y otro 3% en 2022 ya que no habrá más paguillas. Todo ello cuando más de la mitad de las pensiones están por debajo del salario mínimo. Más de dos millones y medio de personas reciben una renta que no supera los 650 euros, entre ellas figuran la viudedad, incapacidad permanente u orfandad. Son las prestaciones más precarizadas.

Entre los dos millones de personas que se encuentran en pobreza extrema, ocupando el vagón de cola están las personas que cobran pensiones no contributivas. Su precariedad tiene mayoritariamente rostro de mujer: dos terceras partes de los pensionistas con complementos a mínimo son mujeres, titulares de pensiones de viudedad o de jubilación miserables, consecuencia de las particulares condiciones salariales, de empleabilidad, de cotizaciones más cortas y bases reguladoras más bajas.

Es escandaloso que en plena campaña electoral en Castilla y León el presidente del gobierno proclame que a ellos se les va a realizar la mayor subida de la historia, al prometer aumentarles un 3% salidos de los presupuestos del Estado. En realidad, también para ellos será la mayor bajada que ha hecho cualquier gobierno, ya que la subida del IPC es un 5,5% y por tanto van a perder el 2,5% de poder adquisitivo.

Finalmente denunciamos que a pesar de que se reconoce que el Sistema Público de Pensiones (SPP) es sólido y viable, con el RD se avanza hacia la privatización de las pensiones convirtiendo a la Seguridad Social en una Agencia y abriendo paso a una segunda etapa de la reforma que regule su privatización. Las pensiones públicas son un derecho, no un negocio privado.

Hay que defender el carácter público y de reparto del SPP e impedir los intentos de privatización. Hay que reclamar la mejora inmediata de las condiciones laborales, derogando de una vez la Reforma Laboral y subiendo el salario mínimo, ya que la precariedad laboral, genera la precariedad de las pensiones. Por ello llamamos a pensionistas y ciudadanía a movilizarse este 12 de febrero, para exigir a quienes nos gobiernan que cumplan de verdad sus promesas. Las leyes lo mismo que se aprueban se pueden derogar y reformar. El Gobierno tiene la mayoría suficiente para legislar en beneficio de todos y no solo del poder financiero.

Llamamos a la ciudadanía y pensionistas a defender unas pensiones dignas, su carácter público y unas condiciones de trabajo dignas para EXIGIR:

• Garantizar para 2022 y años sucesivos el poder adquisitivo de las pensiones revalorizándolas en función del incremento del 'IPC real' (el 'IPC Acumulado Anual') tal como se venía haciendo antes de la reforma de 2011, y compensar la pérdida del 3% del poder adquisitivo de las pensiones en el 2021.
• Garantizar que no haya pensiones por debajo del umbral de pobreza, eliminando la brecha de género en salarios y pensiones y aumentando la pensión mínima hasta equipararse al SMI, y este situarse en el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea.
• Garantizar pensiones públicas dignas justas y suficientes y el carácter público del Sistema de Pensiones, derogando los recortes de las reformas de 2011, 2013 y 2021, y rechazando la privatización total o parcial del mismo, bajo cualquier fórmula.