Nuevo revés a la legalización de Luz Shopping
Pleno municipal
La ausencia de una edil de Ganemos y la abstención de PP y Ciudadanos impiden que salga adelante la modificación puntual del PGOU para regulalizar el enclave comercial
La vía de solución al problema jurídico del enclave tendrá que volverse a llevar a pleno que se celebrará hoy o mañana
La ausencia de una concejala de Ganemos, concretamente de Elena Rodríguez, y la abstención de Partido Popular y Ciudadanos han provocado que el pleno municipal no haya podido aprobar este jueves la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para legalizar el parque comercial Luz Shopping.
Para salir adelante este cambio del planeamiento, debía contar con la mayoría absoluta de la corporación municipal (14 votos) pero se quedó en 13 ya que la edil de la agrupación de electores estaba fuera del salón de plenos en el momento de la votación. Votaron a favor el PSOE (siete), Ganemos (cuatro) e Izquierda Unida (dos). Mientras, PP y Ciudadanos se abstuvieron.
Fuentes de Ganemos explicaron que la edil tuvo que “salir del pleno” durante unos minutos por motivos laborales, una circunstancia de la que advirtió tanto al gobierno como al secretario municipal. La votación se produjo en ese periodo que estuvo ausente aunque tiempo después regresó a la sesión y, de hecho, intervino en algunas interpelaciones presentadas por su grupo municipal.
Por lo tanto, el gobierno local tendrá que volver a llevar esta propuesta al pleno de nuevo en una sesión extraordinaria con fecha aún por determinar. No obstante, y en declaraciones a este periódico, el delegado de Urbanismo, Francisco Camas, señaló que "se hará lo antes posible".
Salvo nuevas ausencias, la propuesta no tendrá problemas de salir adelante ya que Ganemos e Izquierda Unida mantienen su apoyo a la medida pero bien es cierto que el gobierno tendrá que garantizarse de que acudan todos los ediles de las tres formaciones pues no es previsible que Partido Popular y Ciudadanos varíen su voto.
Con la modificación del PGOU se pretende regularizar la manzana central del enclave propiedad de la firma Ikea. La Justicia ha anulado en los últimos años los instrumentos de planeamiento y las licencias que permitieron su construcción. Además, hay un auto del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Jerez del pasado mes de octubre que ordena la demolición de la parte central ya que en 2013 se anularon las licencias que permitieron su construcción.
Durante sus intervenciones en la sesión celebrada esta mañana, todos los grupos no mostraron reparos a la fórmula diseñada para legalizar el enclave comercial. Ahora bien, el PP justificó su abstención en que, a su entender, debería aprovecharse este proceso de regularización para llega a un acuerdo con la firma Ikea, propietaria del centro comercial para que financie actuaciones "en beneficio de la ciudad". Mientras, Ciudadanos se escudó en que el auto que ordena la demolición de la parte central de Luz Shopping aún no es firme y está recurrido ante el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía).
El delegado de Urbanismo señaló que es "la obligación del gobierno dar estabilidad a este centro comercial" que "es una realidad que da mucho trabajo a muchas personas".
Mientras tanto, Kika González (Ganemos) y Raúl Ruiz-Berdejo (IU) justificaron el apoyo a la propuesta de sus respectivos grupos en la defensa de los puestos de trabajo que genera el enclave así como en la posibilidad de que Ikea acabe pidiendo una millonaria indemnización al Ayuntamiento en el caso de que proceda a la demolición de la parte central del parque —la cifraron en unos 90 millones de euros—.
Antonio Saldaña, en cambio, les acusó de "bajarse los pantalones a las primeras de cambio por miedo o desconocimiento político" ya que consideró que la propietaria del centro comercial no puede pedir responsabilidades al Ayuntamiento pues aprobó los instrumentos elaborados por ella.
La modificación puntual del Plan General llevada pleno no supone cambios de uso ni de tipologías sino una variación de las edificabilidades permitidas para adaptarlas a lo ya construido. Esta es la solución con la que se pretende dar la cobertura jurídica necesaria al parque comercial que en los últimos años ha sufrido importantes reveses judiciales tras su apertura en 2010.
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