El “falso discurso de Robin Hood” atenta con los pequeños agricultores

El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha chocado de bruces con el sector agrario andaluz, más unido que nunca contra el reparto de fondos de la PAC para el periodo 2021-2027, que supone un recorte sin precedentes para Andalucía, destinataria en la actualidad de un tercio de las ayudas de la Política Agrícola Común, que se ha ganado a pulso por su condición de región más productiva del país.

Las principales organizaciones agrarias (Asaja, Coag y UPA) y Cooperativas Agroalimentarias pusieron de manifiesto el jueves la unidad del sector andaluz frente a los planes del Ministerio, al que exigen la retirada del decreto de convergencia de las ayudas para el periodo 2021-2022 aprobado el pasado 27 de enero y por el que estiman que Andalucía dejará de percibir el 50% de las ayudas.

La normativa de transición es el primero de los tres tramos previstos por el Ministerio en la aplicación de la PAC –la tasa plana y la drástica reducción de las regiones productivas son las otras dos patas del plan estratégico nacional–, cada uno de ellos muy perjudicial para los intereses de Andalucía y la provincia, que según cálculos de Asaja-Cádiz dejará de percibir más de 300 millones de euros hasta 2027 con la nueva Política Agrícola Común.

La patronal agraria entiende que se avance en la convergencia para que los que están por debajo de la media de ayudas se acerquen, pero no comparte el “falso discurso de Robin Hood” del ministro Planas, toda vez que la redistribución de los fondos se hace a costa tanto de los que más tienen como de los que menos.

De entrada, Asaja-Cádiz estima que la convergencia –redistribución de las ayudas para que dos agricultores que realizan el mismo trabajo perciban lo mismo– se traducirá en una merma para la provincia de unos 60 millones de euros, 30 por cada año del periodo de transición.

Casi nadie se libra de este primer recorte, que afecta por igual a grandes, medianos y pequeños agricultores andaluces, pues “los hay grandes con 100 hectáreas, pero también muchos con 5, 10 o 15 hectáreas que lo sufren”, señala Luis Ramírez, secretario general de la organización agraria. En concreto, los cálculos de la Consejería de Agricultura indican que el 60% de los perceptores de las ayudas del pago básico de la PAC tienen pérdidas en la horquilla del 0-25%. En la provincia, el recorte afecta a 4.500 de los 7.500 agricultores que tienen estos derechos adquiridos.

Asaja-Cádiz ha hecho una proyección del alcance de la convergencia acelerada en explotaciones que están por debajo de la superficie media andaluza de 17 hectáreas. Los casos reales analizados, con los que se demuestra el impacto negativo en los pequeños y medianos agricultores, arrojan pérdidas que oscilan entre el 15 y el 23%.

El primer ejemplo lo encarna un agricultor de cultivos extensivos de secano de Nueva Jarilla con una superficie cercana a las 15 hectáreas. Hasta ahora percibía 8.366 euros, que con la convergencia pasan a 6.762, el 19,18% menos.

El titular de otra explotación de Arcos que tampoco llega a las 15 hectáreas, dedicada al algodón y a cultivos COP (cereales, oleaginosas y proteaginosas), recibirá 5.292 euros frente a 6.317 del periodo anterior, con lo que se pérdida se sitúa en el 16,23%.

La merma para otro agricultor de Jerez, que trabaja tanto el regadío como el secano en una superficie de algo menos de 13 hectáreas, se aproxima al 20,5% al pasar de 18.696 euros en ayudas a 14.871.

Para un ganadero, también de Jerez y cuya superficie de pastos apenas supera las 10 hectáreas, la nueva convergencia reduce en el 15,5% sus ayudas, de 10.561 a 8.922 euros.

El caso más sangrante entre los ejemplos ofrecidos por Asaja-Cádiz es el de un agricultor de Tahivilla, titular de una explotación de cultivos de secano de 12 hectáreas, que de percibir 8.212 euros pasa a 6.308, es decir, un 23,2% menos.

Se mire por donde se mire, el tijeretazo de las ayudas adquiere tintes dramáticos para un sector muy castigado ya por los bajos precios en origen y la subida de los costes de producción, señala Asaja, desde la que recuerdan que Andalucía es la principal perceptora de los fondos de la PAC desde que las ayudas se vinculaban a la producción. “No nos han regalado nada", espeta el secretario provincial de la organización agraria, quien lamenta la estrategia del Ministerio de “enfrentar a unos agricultores con otros”.

Los otros frentes abiertos

Asaja-Cádiz estima que la agricultura de la provincia perderá más de 300 millones de euros con el nuevo reparto que postula el Ministerio de Agricultura, ya que a los 60 millones del proceso de convergencia interno para el periodo 2021-22 –a razón de 30 millones menos por año– se sumarían los otros recortes derivados del plan estratégico nacional, a saber: la distribución de las ayudas directas hacia grupos homogéneos de territorios (reducción de las regiones productivas) y la supresión de su vínculo con los derechos históricos (tasa plana).

El valor de los derechos del pago básico y el pago verde de la PAC en Andalucía es el mayor de España con 229 euros/hectárea y los planes del Ministerio pasan por equipar la tasa a la media nacional de 145 euros.

La comunidad andaluza cuenta con 227.788 perceptores de las ayudas, que entre el pago básico y el pago verde superan los 1.300 millones de euros. Con la tasa plana, Andalucía perdería el 37% de estos fondos, que se quedarían en unos 835.500 euros.

Aunque es la comunidad que más ayudas percibe de la PAC, la media por agricultor andaluz es de 5.800 euros, muy por debajo de los 11.400 euros de Castilla y León, los 10.000 euros de Aragón, los 9.300 de Extremadura o los 7.900 de Navarra.

En la traslación que realiza Asaja-Cádiz de estos datos a la provincia, donde hay 7.500 perceptores de las ayudas de la PAC, cuyo montante anual ronda los 120 millones de euros. La campiña de Jerez, Costa Noroeste y la Janda perderían 35 millones al año con la tasa plana, que el Ministerio quiere aplicar a partir de 2025, a los que se unirían otros 35 millones de merma en la provincia de la reducción de las regiones, prevista a partir de 2023.

Es decir, el recorte de la distribución hacia grupos homogéneos de territorios durante los tres últimos años superaría los 100 millones de euros, mientras que el bocado de la tasa plana rebasaría en sus siete años de aplicación los 200 millones.

El tiempo corre, y tras la aprobación del decreto de convergencia, el Ministerio de Agricultura quiere tener listo el plan estratégico nacional a finales de año para su aprobación por parte de la UE en 2022, con lo que entraría en vigor en 2023.

Entre tanto, organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias andaluzas seguirán haciendo gala de su unidad para presionar al ministro, que el próximo mes de mayo se reunirá con las Comunidades Autónomas para abordar las regiones productivas, los ecoesquemas –pagos asociados al cumplimiento de requisitos medioambientales– y la figura del agricultor genuino, al que se vinculará el acceso a las ayudas de la PAC y para el que se exige que entre el 20 y el 30% de sus ingresos procedan de la actividad agraria. Este es otro de los frentes abiertos por el sector, ya que si se fija el límite en el 30%, en Andalucía se caerían el 39% de los perceptores, mientras que si se limita al 20%, la caída sería del 29%, “y eso sin contar con las personas jurídicas que perciben ayudas de la PAC”, apostilla Luis Ramírez.