El PP gastará 14.700 euros en abogados para defender su política de personal

El Ayuntamiento se gastará 14.762 euros en la contratación de un prestigioso bufete de abogados especializado en derecho del trabajo para que lleve la defensa por los recursos presentados por los sindicatos contra la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el documento donde se detallan las plazas así como los requisitos necesarios para ocuparlas, que fue aprobada el pasado mes de septiembre. La designada es Sagardoy Abogados SL, una firma madrileña dirigida por Íñigo Sagardoy y que también tiene oficinas en Sevilla.

De este modo, el gobierno local vuelve a recurrir a la contratación de una empresa para un procedimiento judicial. Antes contó con los servicios de Deloitte Asesores SL para desarrollar la defensa del expediente del ERE (Expediente de Regulación de Empleo) municipal, que tuvo un coste de 17.000 euros, según apuntaron fuentes municipales la pasada semana. Y eso a pesar de que el Ayuntamiento cuenta con un servicio de asesoría jurídica, adscrito al Área de Presidencia, con funcionarios y personal laboral que supone un coste anual de más de 946.000 euros.

Para elegir al bufete, el gobierno local ha tramitado un expediente de contratación menor que le ha permitido realizar una adjudicación directa, una posibilidad que contempla la Ley de Contratos del Sector Público para aquellas operaciones que tengan un importe menor a 18.000 euros. La elección de Sagardoy Abogados se acordó en la Junta de Gobierno Local del pasado 14 de marzo y al día siguiente se emitió el certificado correspondiente suscrito por el segundo teniente de Alcaldía y delegado de Personal, Javier Durá. El gasto que supondrá esta contratación saldrá de una partida correspondiente al presupuesto del año pasado del Área de Recursos Humanos destinada a "estudios y trabajos técnicos", un epígrafe tenía una consignación de 132.000 euros.

El contencioso ha sido presentado por separado por CGT, Comisiones Obreras, UGT y la Agrupación de Técnicos Municipales. No obstante, ayer el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que no tiene representación en el Consistorio, anunció que también ha presentado un recurso basándose en que la relación de puestos aprobada es "totalmente contraria a derecho" puesto que "casi todos los puestos recogidos en la misma tienen la doble adscripción para funcionarios o laborales, cuando la legislación y la jurisprudencia diferencian claramente los puestos destinados a funcionarios de los que pueden ser ocupados por laborales".

En este sentido, el sindicato cuestionó el acuerdo alcanzado entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento para evitar que el organismo autonómico también recurriera la RPT. Así, calificó el acuerdo de "parche" puesto que "los puestos de las administraciones públicas deben ser ocupados por funcionarios". Por ello, la entidad sostiene que este acuerdo "vulnera los elementos más esenciales de la normativa sobre Función Pública".

Tras conocerse el recurso, el gobierno local emitió un comunicado donde defendió su gestión señalando que se aprobó la RPT con el objetivo de "iniciar los procesos de adscripción, consolidación y funcionarización" para "dotar de estabilidad laboral" a la plantilla. Acto seguido recordó que el Ayuntamiento "no cuenta con el número necesario de personal funcionario para cubrir todos los puestos de trabajo" de ahí que la Relación de Puestos de Trabajo refleja "las categorías laborales que pueden optar a los diferentes puestos, entendiendo esto como medida transitoria hasta el momento en el que legalmente se puedan realizar los procesos de consolidación y funcionarización".