El PP vuelve a pedir la anulación del 'catastrazo' en el Congreso
El partido pide que el Gobierno anule la ponencia de valores y proceda "a estudiar, redactar y, en su caso, aprobar una nueva" de acuerdo con la normativa vigente
El PP no se da por vencido en su lucha contra el 'catastrazo', que ha vuelto a llevar al Congreso de los diputados, de la mano del jerezano Aurelio Romero, para pedir la anulación de la ponencia de valores catastrales que se realizó en el término municipal en 2007 y proceda a estudiar, redactar y, en su caso, aprobar una nueva de acuerdo con la normativa vigente. Al hilo de la primera sentencia firme sobre el 'catastrazo' del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la que se ponen de manifiesto los errores de la ponencia que dieron lugar a valores catastrales desorbitados, los populares han registrado en el Congreso una proposición no de Ley, en la que solicitan una nueva valoración catastral para todos los inmuebles del municipio.
Con esta iniciativa -que también enlaza con el acuerdo de pleno aprobado por la unanimidad de los grupos municipales para pedir la extensión a todos los jerezanos de la sentencia del TSJA, sin que hasta la fecha se hayan logrado resultados positivos- el PP pretende evitar el agravio comparativo entre los jerezanos que recurrieron judicialmente tras la revisión catastral y los que no, ya que el fallo del alto tribunal andaluz da pie únicamente a revisar a la baja el valor de los inmuebles de los primeros.
En su proposición, los populares recuerdan que cuando la Dirección General del Catastro aprobó la ponencia que dio lugar a valores catastrales "muy por encima incluso de los de mercado", muchos jerezanos procedieron a impugnar los valores individuales asignados a sus inmuebles ante el TSJA, que ha comenzado a notificar las primeras sentencias, en las que estima las reclamaciones por la falta de motivación de la revalorización y anula las valores asignados para que los mismos se calculen en función de la anterior ponencia.
El PP mantiene que esta situación provocará desigualdades entre los ciudadanos ya que a los que no han podido recurrir se les aplicará la ponencia de valores aprobada, mientras que los que sí han recurrido se regirán por la ponencia de valores anterior.
Aunque el TSJA no se pronuncia sobre el fondo del asunto, la anulación de la ponencia de valores que, indirectamente, solicitan los jerezanos que acudieron al alto tribunal tras ver desestimados sus recursos en el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Teara), el PP buscará la implicación de la Cámara Baja para garantizar el principio de igualdad de los jerezanos, instando al Ejecutivo central a que anule la ponencia y realice una nueva.
Sin embargo, la ley sólo contempla esta posibilidad al cabo de los cinco años de la entrada en vigor de nuevos valores catastrales -los de Jerez se aplican desde enero de 2008- y siempre que se haya producido una variación sustancial en la situación socio-económica y en la realidad mercado inmobiliario del término municipal. Ciertamente, la crisis ha provocado un vuelco en el precio de los inmuebles que puede justificar una nueva revisión, pero de acuerdo con la ley, habría que esperar hasta el año 2013.
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