Pacheco hizo funcionarios a 93 trabajadores de forma "ilegal"

Presunto fraude en el acceso al funcionariado

El Gobierno local revela que lo hizo en 1987 a pesar de que el secretario le advirtió "de la manifiesta ilegalidad" de nombrarlos sin pasar prueba alguna · De ellos siguen en activo 37, que podrían perder su condición laboral

Pacheco hizo funcionarios a 93 trabajadores de forma "ilegal"
Pacheco hizo funcionarios a 93 trabajadores de forma "ilegal"
Manuel Moure / Jerez

27 de junio 2012 - 01:00

El exalcalde de Jerez Pedro Pacheco dio la categoría de funcionarios a 93 empleados municipales sin superar prueba alguna el 4 de mayo de 1987, tal y como denunció ayer el portavoz municipal, Antonio Saldaña. El documento, una resolución de Alcaldía que ha salido a relucir "en el transcurso de los trabajos que se llevan a cabo para poner orden en el Ayuntamiento", refleja que pese a los dictámenes desfavorables del secretario general del Ayuntamiento estos 93 empleados adquirieron la condición de funcionarios "sin realizar concurso, ni oposición, ni concurso-oposición alguno", destacó Saldaña. De esos 93 empleados ascendidos de forma directa a la categoría de funcionarios aún 37 de ellos se encuentran dentro de la nómina del Ayuntamiento de Jerez.

El portavoz del gobierno municipal, que compareció acompañado por el segundo teniente de alcalde y delegado de Personal, Seguridad y Movilidad, Javier Durá, denunció que Pacheco actuó saltándose el procedimiento legal establecido. El secretario general del Ayuntamiento deja claro y por escrito en dicha resolución que dichos nombramientos se realizaron "no obstante la advertencia de manifiesta ilegalidad" de dicha resolución.

¿A qué se refería el secretario municipal cuando advirtió de "manifiesta ilegalidad"? Pues básicamente el informe de los servicios jurídicos apunta a que el nombramiento adolece de los siguientes defectos: no acreditaron méritos ni capacidad para ser merecedores de las plazas a las que accedieron; no se hizo ninguna convocatoria pública; no se celebró ningún concurso, oposición ni concurso-oposición y no se respetó el principio de igualdad.

Los beneficiados por esta decisión del exalcalde Pacheco fueron personas que ejercieron trabajos propios de las categorías D y E del funcionariado, lo que viene a ser personal de oficio, subalternos, auxiliares administrativos, ayudantes, trabajadores de almacén, conductores, guardas y capataces, trabajos para los que no es necesario disponer de una formación académica especialmente destacada.

Según apuntó Saldaña, el delito en el que presuntamente incurrió Pedro Pacheco (prevaricación, es decir, tomar una resolución a sabiendas de que no se ajusta a la legalidad) ya ha prescrito. No en vano han pasado 25 años desde que acaecieron los hechos. Lo que no ha prescrito, porque así lo dicta la Función Pública, es el hecho de que un trabajador se vea beneficiado por un nombramiento de esta índole.

Ante esta situación el Gobierno local del Partido Popular anunció que "no miraremos hacia otro lado" y destacó que se iniciarán los procesos administrativos necesarios para que esta irregularidad sea subsanada. Más aún, el primer teniente de alcalde enfatizó que el Gobierno municipal ha iniciado el procedimiento para declarar nulos estos nombramientos ya que, según un informe realizado por los servicios jurídicos municipales, se produjeron prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

El camino que a partir de ahora deberá seguir dicha denuncia será el siguiente. Lo primero, remitir el caso al Consejo Consultivo de Andalucía y esperar acto seguido su dictamen. Escuchar en audiencia a los afectados sería el siguiente avance, para culminar con un acuerdo del Ayuntamiento pleno al respecto y proceder (en caso de aprobación) a la nulidad de dichos nombramientos. "Si fuera así, los 37 funcionarios que disfrutan de dicha condición ahora volverían al trabajo que tenían antes de su nombramiento". Pasarían pues a ser personal laboral fijo o discontinuo.

Sobre la posibilidad de que debieran devolver el dinero ganado de más tras su presunto nombramiento ilegal como funcionarios, Saldaña apuntó que "no sería así porque según consideramos el salario como una contraprestación por un trabajo prestado".

En caso de que los funcionarios nombrados fuera de cualquier tipo de concurso se mostraran contrarios a las intenciones municipales siempre tendrían la oportunidad de recurrir ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, aunque vista la resolución de la Alcaldía y las clarísimas advertencias realizadas por el secretario general del Ayuntamiento las posibilidades de que prosperara serían realmente escasas.

Para el teniente de alcalde Antonio Saldaña, esto es una muestra más de que "Pedro Pacheco es el primer responsable de la desorganización actual de la plantilla municipal y de la situación económica del Ayuntamiento", añadiendo que "debido a esta situación hemos tenido que tomar medidas como los planes de ajuste y un ERE que son consecuencia de la política populista y de despilfarro llevada a cabo por Pacheco en su etapa de alcalde de Jerez".

El portavoz del Gobierno local señaló igualmente a los periodistas que "esta política de despilfarro la llevamos pagando muchos años, la seguimos pagando y la pagarán las próximas generaciones de jerezanos. Todos hemos pagado y seguiremos pagando su mala gestión (la de Pedro Pacheco) al frente de este Ayuntamiento".

Saldaña entró en profundidad a la hora de analizar que "desde el Gobierno municipal entendemos que se pudo producir un delito de prevaricación, pero que con toda probabilidad ya ha prescrito. Creemos que, con independencia de que el posible delito haya prescrito, los jerezanos tienen derecho a saber las fechorías que ha cometido Pacheco en su época de alcalde de esta ciudad. Un Pacheco que ahora saca pecho y se erige en portavoz de un frente que va en contra de los intereses de los jerezanos".

Antonio Saldaña contrapuso, de un lado y de otro, las labores de gobierno desarrolladas por Pedro Pacheco y las que realiza el Partido Popular con su alcaldesa, María José García-Pelayo, al frente. En este tenor de cosas compararon el nombramiento ilegal de funcionarios con la aprobación ayer en comisión informativa del denominado Reglamento del Buen Gobierno, una normativa que "servirá para que no vuelva a ocurrir este tipo de circunstancias en el Ayuntamiento, permitiendo una política más transparente y que evite la corrupción".

A este respecto, Saldaña recordó que el referido Reglamento del Buen Gobierno ha recibido 6 enmiendas de Izquierda Unida, una del PSOE "y ninguna del Foro", el partido de Pedro Pacheco, en clara alusión al escaso volumen de trabajo que el exalcalde ha desarrollado. "Esto deja claro su nivel de trabajo", dijo Saldaña.

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