El Ayuntamiento de Jerez perderá una cuarta parte de los ingresos por la plusvalía

Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria, estima que el Ayuntamiento de Jerez podrá perder hasta una cuarta parte de los ingresos que obtiene por la plusvalía (unos 2,9 millones de euros aproximadamente) con la entrada en vigor del nuevo sistema de cálculo de este impuesto. Este importe supone algo más de una cuarta parte de la recaudación de este tributo.

Este cálculo, que está basado en los ingresos obtenidos por el Consistorio jerezano en 2019, viene recogido en un informe que la entidad ha presentado este jueves donde advierte del “agujero” que supondrá para las arcas públicas la modificación exprés de la Ley de Haciendas Locales que ha tenido que promover el Gobierno central tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el anterior sistema de cálculo.

Tras el pronunciamiento del alto tribunal, la pasada semana el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que establece una doble vía para calcular el impuesto que podrá ser elegido por el contribuyente. Por un lado, se mantiene el sistema objetivo, que se calcula teniendo en cuenta el valor catastral del suelo y unos coeficientes que marquen los ayuntamientos basándose en unos parámetros marcados anualmente por el Estado. Y, por otro, se permite la posibilidad de tributar en función de la plusvalía real obtenida en el momento de la transmisión de un inmueble. El contribuyente tiene la libertad de optar por la opción que más le beneficie.

El estudio de Gestha está basado en determinar los ingresos basándose únicamente en aplicar el método objetivo. Así, ciudades como Jerez, Getafe, Lleida, Málaga, Zaragoza, Murcia, Córdoba, Alicante, Móstoles, Huelva, Badalona, Cádiz, Segovia, Girona, Cuenca, Teruel y Granada perderían, según los técnicos del Ministerio de Hacienda, más del 25%. Ahora bien, también hay entidades locales que sí verán incrementados sus ingresos como Madrid, santander, León, Soria o Albacete.

En 2020, a tenor de la liquidación aprobada el pasado verano por el ejecutivo municipal, el Ayuntamiento de Jerez obtuvo unos 9,4 millones de euros en derechos de cobro reconocidos por el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos (nombre oficial de la conocida como plusvalía). Ahora bien, de esta cuantía, al cierre de ese ejercicio solo había percibido unos 6,8 millones, por lo que tenía aproximadamente 2,5 millones de euros por recaudar aún. En todo caso, estos registros estaban lejos de los 11,5 millones que marcó en el presupuesto municipal que aprobó a principios del año pasado.

Mientras, en este 2021, con datos hasta el pasado 7 de mayo, el Consistorio había obtenido unos 5,9 millones de euros en derechos reconocidos, de los que había recaudado poco más de 2,3 millones.

El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos supone en torno al 10% de los ingresos que obtiene el Ayuntamiento por vía fiscal al año. Su importante incidencia provocó que el gobierno municipal decidiera paralizar la elaboración del presupuesto municipal del año próximo hasta conocer la solución que el ejecutivo central daría tras la sentencia del Supremo.

Aunque el real decreto que modifica la Ley de Haciendas Locales se aprobó la pasada semana, no fue hasta el pasado martes cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ahora las entidades locales tienen seis meses para modificar sus respectivas ordenanzas fiscales para adaptarlas a la nueva norma. Mientras tanto, se aplicarán los coeficientes máximos establecidos en el real decreto.

Ante la previsible reducción de los ingresos, Gestha ha reclamado al Ministerio de Hacienda que elabore una herramienta informática que facilite a los ayuntamientos adaptar sus ordenanzas fiscales mediante una simulación de las ventas históricas de inmuebles situados en el término municipal.

Asimismo, demanda al Gobierno central que el real decreto aprobado la semana pasada se tramite como real decreto ley ya que alerta de que la nueva norma podría incurrir en riesgo de “inconstitucionalidad”.