Pilar Sánchez tiene la "convicción" de que no incurrió en fraude alguno

La exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera, Pilar Sánchez, "tiene la convicción" de que no incurrió en un fraude al destinar al pago de nóminas del personal parte del dinero transferido por el Estado para desarrollar actuaciones amparadas por el Plan E.

Fuentes próximas a la exalcaldesa explicaron a la agencia de información Efe que la pasada primavera ya se presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Cádiz solicitando el archivo de las actuaciones iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción. Se trató en concreto de intentar paralizar el auto de procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Jerez, dirigido por la juez Arantzazu Guerra Güemes.

Pilar Sánchez considera que una parte importante de los fondos se destinó al fin inicialmente previsto y que, además, existía un plan de Tesorería para reintegrar las cantidades que fueron desviadas.

Además, insiste en que está "fuera de toda discusión" que los fondos no fueron desviados por intereses personales, sino para atender obligaciones de pago de la Administración local que, en definitiva, era la misma que debía pagar las obras ejecutadas al amparo del Plan E.

Pese a ello, e incluso pese a que la exalcaldesa socialista reconozca que usó ese dinero para otros fines, es especialmente destacable que la normativa del Plan Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local, así como el convenio de la Ciudad del Flamenco, obligaba a depositar los fondos en una cuenta restringida de pagos para la finalidad de dichas subvenciones. También se indicaba en informes de la Tesorería municipal que la disposición de fondos que se ordenaba con cargo a dichas cuentas suponía un uso distinto al descrito en el punto anterior. No en vano, a todo ello se agarra la Fiscalía para acusar a la actual directora andaluza de Cualificaciones Profesionales.

Cabe destascar que el recurso presentado por la exalcaldesa, que se encuentra pendiente de resolución, no suspende la tramitación del procedimiento, de ahí el escrito de acusación en el que la Fiscalía solicita para Pilar Sánchez una pena de prisión de tres años por la comisión de un presunto delito de fraude de subvenciones.

A todo ello hay que unir que, al menos que este medio sepa, la exalcaldesa Pilar Sánchez no ha presentado aún escrito de defensa en contraposición a las acusaciones que contra ella presentan tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado.

Lo más probable es que sea a fin de mes cuando se resuelvan los recursos presentados contra el auto de procedimiento abreviado. El caso, pese a los recursos, va lanzado hacia el juicio que se celebtrará el próximo mes de enero en los tribunales de la ciudad.

Las citadas fuentes han señalado que, en el supuesto de que la Audiencia Provincial respondiera de modo favorable al recurso, todo el procedimiento quedaría archivado y no daría lugar a nuevas actuaciones judiciales, algo que según fuentes jurídicas consultadas por este medio es bastante improbable dada la claridad y contundencia de la acusación.

El fiscal anticorrupción, tal y como ya adelantara este medio en su edición de ayer, pide tres años de prisión y una multa de 8,6 millones de euros para la exalcaldesa por desviar subvenciones del Plan E para pagar gastos municipales.

En el escrito el fiscal detalla cómo el gobierno municipal que lideraba Pilar Sánchez utilizó el dinero de estas subvenciones, que sólo se podían usar para los fines para los que habían sido concedidas, para pagar gastos corrientes municipales de la ciudad.

En concreto, el Gobierno de la nación ingresó 17,7 millones de euros en una cuenta restringida abierta para tal fin por el Ayuntamiento con el objetivo de financiar 37 proyectos de inversión subvencionados con cargo al Plan E.

Expertos abogados consultados por este medio coinciden en señalar que las vías de defensa de la exalcaldesa son complicadas, aunque el hecho de que desviara dinero a otras facetas de las necesidades municipales, que no se apropiara del mismo, así como que ejerciera un control político sobre dicho dinero desviándolo a otros fines podría llegar a suponer su absolución o minimizar una posible condena.