El nuevo plan hidrológico del Guadalete ya está expuesto públicamente

Desde finales del pasado mes están expuestos públicamente tanto el nuevo plan hidrológico del río Guadalete, que tendrá vigencia hasta 2017, como el plan de riesgo de inundaciones en la cuenca, dos documentos de gran impacto que han sido elaborados por la Junta de Andalucía. Este jueves, en la reunión celebrada por el Consejo de Gobierno, se ha dado cuenta de su consulta pública. El plazo de alegaciones para la planificación hidrológica culminará en junio del año próximo; mientras, se podrán presentar sugerencias al de inundaciones hasta el mes de marzo.

La Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate, de la que forma parte el extenso término municipal jerezano, se extiende sobre una superficie de 6.504 kilómetros cuadrados, de los cuales 5.961 kilómetros cuadrados pertenecen al ámbito continental. Todo este espacio está enmarcado casi en su práctica totalidad en la provincia de Cádiz, salvo 132 kilómetros cuadrados situados en la provincia de Málaga y otros 210 kilómetros cuadrados en la de Sevilla.

Este plan contempla 173 medidas, de las cuales más de la mitad -el 55%- buscan dar respuesta, según la Junta de Andalucía, a la necesidad de cumplir con los objetivos medioambientales planteados para esta demarcación y que, del mismo modo que en la demarcación Tinto-Odiel-Piedras, se han ido aplazando por los ejecutivos anteriores de la Junta a pesar de que la fecha tope para su puesta en marcha está fijada para final de 2027.

A día de hoy, está vigente el plan hidrológico aprobado en 2009. En 2015, la Junta de Andalucía aprobó una nueva planificación, pero esta fue tumbada por el Tribunal Supremo en 2019 debido a la aceptación de un recurso contra el plan hidrológico de las cuencas mediterráneas (provincias de Málaga y Granada) que provocó un pronunciamiento del alto tribunal anulando todos los planes hidrológicos elaborados por la Junta al adolecer de una serie de informes en sus trámites de aprobación.

Este documento debe planificar políticas vinculadas a la disminución de la contaminación procedente de origen urbano y agrícola, así como establecer un reparto en los usos. Además, está obligado a adoptar medidas para mantener el suministro ante el impacto que pueda generar el cambio climático.