El juez Ruz imputa a dos técnicos municipales por los contratos de Fitur

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado a Isidro Cuberos, exjefe de prensa del exsecretario general del PP, Javier Arenas, y a dos técnicos del Ayuntamiento de Jerez, junto con otras cuatro personas -entre ellas los presuntos cabecillas de la red Francisco Correa y Pablo Crespo- por haber intermediado en la firma de tres contratos con la trama en relación con el 'stand' que este organismo montó en 2004 en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Así consta en el auto, al que ha tenido acceso Diario de Jerez, en el que el magistrado atribuye a los siete imputados un "posible delito continuado de prevaricación" por las "irregularidades" en la adjudicación de los contratos, que se firmaron durante la primera etapa de María José García-Pelayo (PP) como alcaldesa de Jerez. Dentro de la denominada trama Gürtel, en la pieza separada 'Denuncia Ayuntamiento de Jerez' se recalca también que las "irregularidades estarían dirigidas a adjudicar los contratos a las empresas previamente convenidas -y vinculadas a Francisco Correa- y ejecutarlos en la forma más adecuada para sus intereses".

Por ello, el juez Ruz cita a declarar Cuberos y a los técnicos municipales el próximo 28 de abril. Tal como recoge el auto y el último informe de la Intervención General de la Administración del Estado, "habrían participado en los referidos hechos entre otros, José Agüera González, director del Instituto de Promoción de la Ciudad en 2004, quien habría justificado indebidamente en las distintas memorias la necesidad de acudir al procedimiento de urgencia y emitido las propuestas de adjudicación".

En cuanto a la técnica municipal Lourdes Montenegro Pacheco se especifica que, según el informe sobre el procedimiento de adjudicación del stand del Ayuntamiento de Jerez y el Ministerio Fiscal, "habría participado en la elaboración de la documentación incorporada al expediente en fecha posterior a la reflejada e, incluso en fecha posterior a la prestación de los servicios contratados".

En el caso de Isidro Cuberos, exdirector de Comunicación del PP nacional y administrador único de la empresa Cuberos Comunicación, se le cita por "haber realizado tareas de intermediación entre el órgano municipal y las adjudicatarias, antes, durante y después de la tramitación del expediente y en el cobro de las facturas de los contratos a cambio de una comisión".

Por otra parte, el día 29 de abril, Ruz interrogará a los dos presuntos cabecillas de la trama y a sus empleados Isabel Jordán Goncet y Javier Nombela Olmo, los cuales habrían "participado en la elaboración de la documentación y firmado los respectivos contratos".

Cabe recordar que la IGAE, dependiente del Ministerio de Hacienda, remitió un informe al juez Ruz a comienzos del mes de marzo en el que advertía de que estos contratos, que ascendieron a un total de 214.029,37 euros, presentaban "numerosas irregularidades".

En concreto, el Instituto pagó 162.806,37 euros a Special Events por el montaje y gestión de un 'stand', así como sendas partidas de 39.366 y 11.855 euros a Down Town Consulting por la organización de un espectáculo ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez.

Según la Fiscalía, los firmantes de los contratos cometieron hasta seis irregularidades, entre ellas "la utilización indebida del procedimiento de urgencia para garantizar la adjudicación a las empresas preseleccionadas, la adopción de resoluciones por órganos incompetentes para ello y la participación del personal de las finales adjudicatarias en la elaboración de las cláusulas particulares administrativas y técnicas".

Además, habrían llevado a cabo, según el auto, "la confección y presentación de documentación incorporada al expediente en fecha posterior a la que se hizo constar en el mismo, la adjudicación y ejecución de los contratos sin la constitución de las garantías establecidas y el abono de las facturas referidas a estos contratos y la modificación de algunas de ellas incumpliendo las condiciones establecidas en los expedientes de contratación".