Sánchez baraja suprimir los sueldos de los ediles 'liberados' de la oposición

No ha nacido y la polémica ya está servida. Lo que hasta el momento no es más que una pretensión, peregrina si se quiere, ha sido recibido por la oposición como una grave afrenta y un "atentado contra la democracia sin precedentes". La alcaldesa, Pilar Sánchez, ha decidido, se entiende que de forma unilateral, suprimir los sueldos de los tres concejales 'liberados' de la oposición, que perciben unos 48.000 euros brutos anuales, como forma de ahorrar dinero a las arcas municipales. Se trata, según ha podido saber este medio, de una de las posibles actuaciones previstas en el paquete de unas cuarenta medidas que incluirá el nuevo plan de saneamiento. Un plan que el gobierno municipal debe necesariamente presentar antes del próximo 26 de julio para que el Ayuntamiento pueda acogerse a la línea de crédito oficial que permitirá financiar sus numerosas facturas pendientes con infinidad de proveedores. De este posible recorte de las asignaciones a los grupos políticos, que vienen recogidas incluso en la Ley de Bases de Régimen Local, se hicieron ayer eco tertulias radiofónicas a nivel nacional, que igualmente censuraron con suma dureza la posibilidad que viene pergeñando en las últimas semanas la regidora socialista.

En todo caso, la controvertida medida, que según fuentes socialistas consultadas "ni siquiera ha sido valorada por el partido ni a nivel económico", afectaría lógicamente a los tres concejales de la oposición con plena dedicación: Bernardo Villar (PP), Juan Román (PSA) y Joaquín del Valle (IU). Eso sí, hasta el momento no se ha hablado de si habrá recortes de asesores del gobierno socialista y en el propio seno del ejecutivo local, con un coste de más de 2 millones de euros al año. Precisamente, la idea de la alcaldesa de 'cargarse' a los 'liberados' de la oposición, ha podido saber este periódico, surge de la recogida de firmas emprendida por el PSA para pedir la bajada generalizada de los sueldos de los políticos del Ayuntamiento, así como de las críticas de los andalucistas al "nada austero" salario que percibe tanto la regidora como su "legión de comisarios políticos (hasta 25 asesores)". Así las cosas, los tres partidos de la oposición coinciden en señalar el "ansia de venganza" como leit motiv de una actuación sin precedentes en la democracia española, y menos en los grandes ayuntamientos, que dejaría a la oposición estrangulada y con escaso margen de maniobra.

Pese a todo, desde el PSA, su portavoz y edil 'liberado' Juan Román, insistió ayer en afirmar que "no va a conseguir callarnos, estamos acostumbrados a sus métodos dictatoriales y fascistoides, pero no nos va a intimidar". El andalucista, al mismo tiempo, reprochó a Sánchez que "por una venganza contra Juan Román y el PSA castigue también a PP e IU". En términos similares se expresó la portavoz popular María José García-Pelayo, que sostuvo, contundente, que "esto parte de un espíritu de revancha que no nos asusta". "No nos va a callar por 47.000 euros", apostilló, antes de mantener que "su idea [por Sánchez] es 'ahorrar' eliminando 150.000 euros en sueldos para que la oposición pueda hacer su trabajo, precisamente lo mismo que ella y su marido -el actual jefe de gabinete de Alcaldía- cobran en un año; es de vergüenza".

"Es una venganza, ella como alcaldesa tiene las armas para poder tomar estas decisiones, igual que las tuvo Franco para dar el golpe de estado del 36, pero eso no legitima sus actos", concluyó firme el concejal de IU, Joaquín del Valle. "Conmigo desde luego no va a ahorrar mucho dinero porque inmediatamente pediré mi reincorporación al Ayuntamiento, donde tengo mi plaza", aludió en tono irónico el edil izquierdista. En última instancia, desde el PP, Pelayo aseveró que "no vamos a permitir que la oposición desaparezca, no va a ocurrir; y mucho menos, cuando no anuncia medidas drásticas para su 'staff' de comisarios políticos encabezado por su marido, que cobra como un concejal".