La Junta descarta el sendero del Guadalete por problemas con la antigua vía férrea de El Portal

Ya es oficial. El proyecto de construcción de un sendero ciclopeatonal que conectaría los términos municipales de Jerez y El Puerto por el entorno del río Guadalete no se ejecutará con fondos vinculados a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), una importante bolsa de fondos procedente de la Unión Europea para la provincia de Cádiz. Ahora bien, la Junta de Andalucía asegura que buscará otros fondos para intentar ejecutar esta actuación.

La comisión de participación de la ITI conoció en la mañana de este viernes la baja de esta inversión por parte de la Junta de Andalucía. Son tres los motivos esgrimidos en esta decisión: la falta de disponibilidad de algunos de los terrenos necesarios para ejecutar el proyecto; la imposibilidad de firmar un convenio entre Junta y Ayuntamiento para su ejecución debido a este contratiempo; y la necesidad de contar con un planeamiento urbanístico que dé cobertura legal a la actuación, un documento que actualmente está en tramitación.

De los dos primeros inconvenientes, al estar concatenados, la Junta responsabiliza directamente al Ayuntamiento al considerar que existen "problemas" en la cesión de una parte de los terrenos, concretamente unos que son propiedad de Adif, la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias del país.

El proyecto inicial contemplaba que el sendero discurriera en parte por el antiguo trazado del ferrocarril a la altura de la barriada rural de El Portal. Estos terrenos son propiedad de Adif y, según la Junta, el Ayuntamiento le comunicó en marzo la dificultad que estaba teniendo para la cesión, de ahí que planteara un trazado alternativo por esta zona, un cambio que la Junta considera “inviable”.

En cambio, el gobierno local apuntó el pasado jueves, cuando adelantó la decisión que este viernes iba a adoptar la Junta, que había comunicado en abril al organismo autonómico la cesión de todos los terrenos necesarios, no solo los de Adif sino también otros que son propiedad del Obispado y del propio Ayuntamiento.

Para ejecutar el proyecto, según las explicaciones de la administración autonónica, se necesitaba también la firma de un convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento jerezano. Sin embargo, la administración autonómica advierte de que este no puede suscribirse mientras no esté garantizada la cesión total de los suelos y, a su juicio, "no hay un horizonte claro de obtención completa” de los terrenos.

Y como tercer inconveniente alega la necesidad de que esté aprobado el plan especial supramunicipal del entorno del río Guadalete, un documento que actualmente está tramitando la Junta de Andalucía. En el comunicado remitido por el gobierno autonómico, se apunta que, aunque se “avanza” en su tramitación, no estará a tiempo para que el sendero pueda ejecutarse antes de 2022. En este sentido, alega que este plan, cuyo plazo de exposición pública acaba de finalizar, requiere “aún de meses de tramitación, siendo habitual el retraso en la tramitación de estos instrumentos como consecuencia de las alegaciones, los informes sectoriales y el trámite ambiental”. Y, según los servicios jurídicos y de intervención de la administración autonómica, su aprobación es requisito sine qua non para poder licitar las obras.

Ante estos inconvenientes, la Junta considera que no le da tiempo a poder ejecutar la intervención dentro de los plazos que exige la ITI, cuyas obras deben estar concluidas antes de 2023. En este sentido, la administración autonómica explica en un comunicado: "El plan especial no estará aprobado hasta julio de 2021 y la firma del convenio no está garantizada por la situación que se ha explicado respecto de la falta de disponibilidad de los suelos. El tiempo estimado de tramitación de la licitación es de seis meses y el tiempo estimado de obra se plantea en 12 meses, pudiendo definirse en el proyecto definitivo uno mayor”.

Acto seguido, añade: “La ejecución de las obras mediante licitación excedería del marco de fondos europeos y mediante encomienda excedería de los plazos recomendados por fondos europeos para la fiscalización y certificación del gasto, es decir, diciembre de 2022”.

Por otro lado, horas antes de que se celebrara la reunión de la comisión de participación de la ITI, se celebró en la barriada rural de La Corta una concentración en protesta por la decisión de la Junta a la que acudió una veintena de personas. Aunque el ejecutivo municipal se desvinculó de su convocatoria, alentó a su participación. De hecho, en ella estuvo presente el delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz.