Las obras de reforma de la Residencia de Mayores de la Granja tuvieron un sobrecoste de más de 724.000 euros

A lo largo del pasado año concluyeron unas obras de reforma de parte del Centro de Mayores de La Granja, un edificio que data de 1975 que es propiedad de la Junta de Andalucía. Sin embargo, estas actuaciones acabaron teniendo finalmente un sobrecoste de unos 724.000 euros aproximadamente, un 15% más del gasto inicialmente previsto. El motivo de este incremento se debe a que la empresa a la que se le adjudicaron los trabajos, la UTE (Unión Temporal de Empresas) conformada por las firmas Construcciones Rascón y Plaza Sistemas, solicitó una revisión de precios acogiéndose a unas normativas aprobadas tanto por el Gobierno central como la Junta de Andalucía en 2020 con medidas para paliar el incremento de los precios de los materiales tras el alza de los costes de la energía y de los combustibles.

Esta incidencia es una más de las que ha tenido esta intervención desde su inicio. Para empezar, y tal y como ha publicado este medio, el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) ha anulado la decisión que adoptó la Consejería de Igualdad en 2019 de rescindir el contrato con una empresa constructora a la que se le encomendó unos trabajos de mejora de la seguridad del inmueble y la reforma integral de la última planta.

Tras estar paralizadas estas obras algo más de un año, la Junta de Andalucía decidió incluir los trabajos pendientes en un nuevo proyecto al que sumó más intervenciones en el edificio tales como la reforma de la sexta planta, así como una serie de mejoras de eficiencia energética, una actuación que fue la adjudicada a Construcciones Rascón y Plaza Sistemas. Las obras se iniciaron en enero de 2021 con un presupuesto de 4,7 millones de euros aproximadamente, rebajando en un 13,4% el precio máximo de licitación establecido por la administración autonómica.

El plazo inicial de 18 meses fue ampliado hasta en tres ocasiones concluyéndose las obras a finales de abril del pasado año. Ahora bien, en febrero de 2023, la adjudicataria pidió una "revisión excepcional de precios" —es el nombre que recibe este tipo de solicitudes—, algo que ya hizo meses antes, aunque entonces había sido rechazada al entenderse que no era el momento administrativo para hacerlo.

En los informes técnicos, se avala la solicitud argumentando que el incremento de los costes de los materiales debido a la inflación de precios estaba poniendo en riesgo la "viabilidad" de las obras públicas, de ahí que se regulara en este sentido la revisión de contratos para "compensar a las empresas que trabajan con la Junta de Andalucía que están asumiendo el sobrecoste de las materias primas".

Eso sí, la Junta de Andalucía también trató de modificar sustancialmente este contrato en 2022, aunque acabó descartándolo tras un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. En aquel año, se planteó la posibilidad de ejecutar más obras aprovechando que estas se encontraban en marcha. Para ello, inició la tramitación de una modificación del contrato para ampliar la reforma a otras plantas del edificio aprovechando unas subvenciones europeas adscritas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (los fondos Next Generation). La Consejería de Igualdad alegó la imposibilidad de acometer estas nuevas obras con una ya en marcha, de ahí que propusiera la ampliación del contrato, un argumento que no compartió el consultivo andaluz que sostiene que debía hacer una nueva licitación.

A este medio no le consta que a día de hoy la administración autonómica haya iniciado un nuevo proceso de contratación para esta nueva reforma en este equipamiento público.