La zona ORA se suspende desde hoy lunes

A partir de hoy lunes no será obligatorio pagar por aparcar en las calles con zona ORA (zona azul, naranja o verde). La alcaldesa, Mamen Sánchez, firmó ayer la resolución donde decreta la suspensión de este servicio tras una nueva petición de la empresa concesionaria, la compañía Setex Aparki SA. El pago obligatorio volverá a estar vigente una vez finalice el estado de alarma.

Esta decisión se adoptó un día después de que el ejecutivo anunciara que el viernes había rechazado la solicitud realizada el jueves por la concesionaria ya que no cumplía con los requisitos que exige la normativa. Tras esto, según el relato realizado por el ejecutivo en el comunicado remitido ayer, Setex Aparki presentó una nueva solicitud —entró en el registro municipal a las cuatro y media de la tarde del viernes— donde aporta nuevos argumentos para justificar “la imposibilidad de prestar el servicio” debido la actual situación de crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus.

El ejecutivo entiende que “ahora” la empresa que explota la zona azul ya cumple con los “requisitos legales” para paralizar temporalmente el servicio. Tal y como establece el Real Decreto que regula algunas de las medidas determinadas por el Gobierno central para esta crisis, las administraciones públicas tienen una doble posibilidad para paliar las consecuencias de dejar en suspenso aquellos servicios públicos que se explotan mediante concesión y que no son esenciales: o bien ampliar el plazo del contrato hasta un máximo del 15% o bien una compensación económica. El ejecutivo lleva desde principios de la crisis asegurando que no piensa indemnizar económicamente a la compañía por lo que optará por la ampliación del contrato.

Se da la circunstancia de que el sábado por la tarde, el ejecutivo señaló públicamente que estaba "a la espera de una solicitud fundamentada de la empresa" para poder suspender el servicio. Sin embargo, a la hora que emitía el comunicado la empresa ya había presentado una nueva solicitud el el registro municipal—lo hizo en la tarde del viernes—, que fue reiterada en la tarde del día siguiente al haberla dirigido tanto a la Alcaldía como en la Delegación de Movilidad —entró en ambas dependencias minutos antes del comunicado remitido a los medios por parte del gobierno—.

Ahora bien, aún es pronto para saber el tiempo extra de explotación del servicio que se le concederá a Setex Aparki puesto que deberá ser la propia compañía la que lo solicite una vez se decrete el fin de la crisis del coronavirus y acredite los gastos y el perjuicio económico que le ocasionará la suspensión de la actividad.

La normativa vigente establece un doble requisito para decretar la suspensión del servicio público. Así, en primer lugar, debe ser la empresa concesionaria la que lo pida y, segundo, debe acreditar fehacientemente la “imposibilidad de ejecución del contrato”.

Hasta ahora, según el gobierno municipal, la concesionaria no había cumplido con este segundo requisito ya que, incluso, alegaba que podía seguir prestándolo pero que lo solicitaba por la inquietud de los trabajadores a seguir desempeñando su labor, razonamiento no incluido en los supuestos que permite la ley.

Ahora, en cambio, en el nuevo escrito la empresa justifica la suspensión en cuatro motivos, que han sido ahora aceptados por el Ayuntamiento. Para empezar alega que no puede trasladar al colectivo de trabajadores a sus respectivas rutas en el vehículo de empresa ya que, de hacerlo, incumpliría las medidas de impuestas por el estado de alarma. Asimismo, sostiene que no puede garantizar "la distancia de seguridad recomendada entre los empleados del ORA y los usuarios del servicio". Asimismo, explica que los empleados no pueden utilizar "aseos públicos durante la jornada laboral" y que el proveedor de las máquinas expendedoras no puede garantizar "el suministro de repuestos" de los tickets que reciben los usuarios.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, defendió la gestión del ejecutivo en la polémica surgida en torno al mantenimiento del pago obligatorio por aparcar en las calles del centro durante la primera semana de crisis sanitaria señalando que se ha centrado en “la obligación de cumplir con las leyes y la responsabilidad de velar por los intereses económicos de la ciudad antes que los de una empresa privada”.

“El tiempo y la ley nos han dado la razón y hemos conseguido que la empresa concesionaria rectifique y, de este modo, se pueda suspender el servicio sin que suponga una indemnización económica para la empresa y, por tanto, evitándose un coste económico para el Ayuntamiento”, añadió.