El TSJA ratifica el archivo de las diligencias contra el ex director del Centro de Flamenco

El TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) ha ratificado el archivo de la causa contra el socialista malagueño Luis Guerrero que durante tres años cobró como director del Centro Andaluz de Documentación el Flamenco (CADF) sin ejercer el cargo. En una sentencia conocida ayer, el Alto Tribunal andaluz desestima el recurso que presentó la Fiscalía contra el archivo provisional que decretó el instructor de estas diligencias semanas atrás.

En el fallo, la Sala coincide en los razonamientos que realizó el magistrado Miguel Pasquau que considera que la supuesta ilegalidad de su nombramiento para este cargo público que jamás ejerció "no le sería imputable" pues se trató de un ofrecimiento que se le hizo desde la Consejería por lo que se elimina cualquier responsabilidad penal.

Sí se mantiene la causa, no obstante, contra el ex consejero de Cultura Luciano Alonso. El TSJA entiende que Guerrero no tuvo participación en las resoluciones administrativas con las que "prestó sus servicios como personal de la Junta".

En este sentido, señala que el hecho del contenido concreto de las funciones por las que se le retribuyó (asesor de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en Málaga) no sean las propias del puesto para el que se le nombró, "podría denotar una ilegalidad en su momento, pero no un delito de malversación de caudales públicos achacable" o del que se hubiera beneficiado. Por ello, señala que cobró un sueldo con cargo a los presupuestos de la Junta "en base a la actividad efectivamente desplegada, que tenía un contenido de prestación real y conforme a la función pública".

La causa fue abierta tras la querella presentada por la propia Fiscalía Superior de Andalucía también contra el ex consejero andaluz de Educación, Cultura y Deporte, que actualmente es parlamentario andaluz, como responsable del nombramiento en la dirección de este centro, ubicado en el Palacio Pemartín, sin haber visitado nunca la sede y ejercido el desempeño del cargo, desde agosto de 2012 hasta junio de 2015.

La Fiscalía consideró los hechos un delito de prevaricación administrativa como medio para cometer otro de malversación de caudales públicos.