Trabajo duro y pocos 'duros'

El agro registra el segundo peor dato de los últimos 20 años. El año 2009 se cerró con el campo sumido en la mayor crisis de la historia reciente. La renta agraria retrocede a los tiempos del muro de Berlín. El temporal de lluvia y viento ha hecho perder cultivos fundamentales para la economía de la provincia y ha destruido 14.142 empleos (desde diciembre de 2009 a enero de 2010), fundamentalmente en el sector hortícola, olivar y cítricos. Y ahora, para colmo, se habla de retrasar la edad de jubilación. Los agricultores y ganaderos se echan las manos a la cabeza.

Y es que el panorama para los que trabajan el campo es desalentador. El análisis elaborado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) sobre las grandes cifras del sector agrario en 2009 arroja un balance sombrío y preocupante: en el inicio de la década de los 90, la renta agraria real estaba cercana a los 14.000 millones de euros. Según los datos publicados recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM), en 2009, se sitúa en 11.427 millones de euros, un descenso del 5,3% con respecto al año pasado y de un 26,3% desde el año 2003. Estamos ante el segundo peor dato de los últimos 20 años, sólo superado por los valores registrados en 1992 (10.845 millones de euros).

En definitiva, el balance de las explotaciones agrarias es negativo. Las producciones agrarias no están generando valor añadido porque se han consolidado en todos los subsectores unos precios de ruina. "Tenemos una fuerte sensación de indefensión y desamparo porque pagamos en euros y cobramos en pesetas. A día de hoy, sembrar es cultivar pérdidas y en esta situación sólo es cuestión de tiempo echar el cierre y abandonar la actividad", afirma Miguel López, secretario general de COAG.

Los agricultores y ganaderos encuentran cada vez más dificultades para mantener su actividad, puesto que al mismo tiempo que sus ingresos disminuyen, sus costes se incrementan. Por consiguiente, no será posible mantener un modelo europeo de agricultura ("un medio rural vivo") con unas rentas obtenidas a través de las producciones agrarias y ganaderas, sin garantizar a la población agraria un nivel de vida digno.

En este sentido, COAG propone la aplicación y desarrollo de un marco legislativo sobre agricultura y desarrollo rural que contemple toda esta problemática y articule respuestas para los agricultores y ganaderos que desean seguir ejerciendo su profesión y viviendo en el medio rural. El gran reto para el futuro debe ser la generación de un mayor valor añadido en las producciones agrícolas que permita incrementar los ingresos.

Medidas fiscales urgentes

Tras la histórica manifestación de todo el sector en noviembre del año pasado, COAG y otras organizaciones representativas del sector agroalimentario consiguieron que el presidente Zapatero los recibiera y metiera el asunto del campo en su agenda política.

Desde entonces, se han mantenido en Madrid distintas reuniones de trabajo con el objetivo de que el sector agrario sea considerado estratégico, como base de alimentación, y que la crisis sea considerada un asunto de Estado. Se está en ello.

De hecho, esta misma semana, Gobierno y sector agrario se reunieron para analizar posibles medidas fiscales para paliar la situación de crisis que atraviesan las explotaciones agrarias y ganaderas.

En la llamada Mesa de Fiscalidad las organizaciones agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias demandaron al Ejecutivo un IVA reducido para los insumos agrícolas y para las tarifas eléctricas de riego, y la extensión a más subsectores de la reducción permanente de los módulos de IRPF (y no sólo a uva de mesa, flor cortada y tabaco, como recoge el Boletín Oficial del Estado).

Solicitaron, asimismo, el aumento del IVA compensatorio del sector ganadero y que se amplíe la moratoria para los créditos vigentes del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que afectan en la actualidad a unos 70.000 créditos, entre otras reivindicaciones.

La respuesta del Gobierno no ha sido la esperada. De hecho, desde COAG se ha calificado la reunión de decepcionante, ya que el Ejecutivo se ha limitado a poner sobre la mesa iniciativas ya aprobadas en 2005, como la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH).

Quedan, así, sin resolver, de momento, todas las demandas del sector agrario en materia de IVA y reducciones de módulos, mejoras fiscales y tributarias. Ante esta situación, COAG sigue apostando por agotar la vía de la negociación en el marco de la unidad de acción de las organizaciones agrarias y las cooperativas.

Lo único que faltaba era un posible retraso de la edad de jubilación, ya que es una realidad que los agricultores llegan a esa edad muy castigados física y económicamente.

En este sentido, COAG ha solicitado al Gobierno que tenga en cuenta las especiales características del sector agrario a la hora de abordar cualquier modificación en el sistema de pensiones y en la edad legal de jubilación.

La menor capacidad contributiva del sector, (el PIB por ocupado de la rama agraria es el 60% del PIB medio total), una cotización media de 40-45 años, y sin embargo unas pensiones un 44% por debajo de la media, y el esfuerzo físico que requiere la labor agraria, justifican esta petición.

En este sentido, desde COAG se considera injusta e inapropiada la propuesta del Gobierno para retrasar la edad de jubilación a los 67 años puesto que supondría un recorte mucho mayor de los derechos sociales para los hombres y mujeres del campo.

"El Ejecutivo tiene que garantizar una protección social adecuada a los trabajadores en función de sus necesidades. Los agricultores y ganaderos llegan con muchas dificultades a la edad de jubilación actual, debido a la dureza de las actividades en el campo y las dificultades económicas en el sector", ha apuntado Miguel Pérez, responsable de COAG Cádiz, a lo que ha añadido que, "además, los agricultores y ganaderos no se jubilan actualmente hasta alcanzar los 65 años (frente a una media general en torno a los 62 años), y en muchos casos los hacen por encima de esa edad".

No obstante, esta organización considera necesario un amplio consenso para abordar reformas de este calado y un marco de diálogo previo con las organizaciones profesionales agrarias.