Zona de Bajas Emisiones en Jerez: Intramuros espera

Jerez/Como Jerez, todas las ciudades mayores de 50.000 habitantes deberían tener en 2023 una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) aunque al no haber habido una directriz o normativa de fechas clara y específica que regule la instalación de estas zonas tampoco ha habido obligación ineludible de comenzar el año con una zona de bajas emisiones delimitada; cada ciudad pone y expone sus ideas y las aplica. En Jerez se ha elegido la zona de Intramuros pero todavía está por delimitar con exactitud sus límites y los plazos para poner en marcha su funcionamiento, aunque la intención es arrancar a finales de año. Eso sí, esta ZBE jerezana se basará en el Plan de Movilidad Sostenible presentado por el gobierno municipal en 2021, que observa los objetivos de la Agenda 2030 y se sustenta sobre cuatro estrategias: creación de zonas de bajas emisiones, configuración de corredores peatonales, completar la red de carril bici y crear una red de corredores donde el autobús urbano tenga prioridad sobre el resto de vehículos.

Con la moratoria concedida a las ciudades y la cercanía de las elecciones municipales, la ZBE de Jerez se mantiene en compás de espera aunque las líneas maestras están apuntadas en el mencionado Plan de Movilidad Sostenible. Uno de los pasos previos a su implantación en Intramuros es la puesta en funcionamiento de la Sala de Control de Tráfico en la nueva sede de la Jefatura de la Policía Local. El pasado mes de octubre, el Ayuntamiento adjudicaba el suministro e instalación de la sala de control de tráfico, cámaras de lectura de matrícula, cámaras de control de tráfico y control de carga y descarga por importe de 829.999 euros, apuntando a su puesta en funcionamiento para el próximo mes de abril.

Entonces se explicó que la actuación formaba parte del ‘Proyecto de bajas emisiones, movilidad sostenible y digital 2021’, que se divide en dos líneas de actuación; por un lado la creación de la nueva sala de control de tráfico y de sistemas de control de tráfico; y por otro, la ejecución de un conjunto de intervenciones en el centro histórico para adecentar espacios e itinerarios peatonales y mejora de la accesibilidad. Todo ello encaminado a la futura Zona de Bajas Emisiones, que deberá estar en funcionamiento en 2024 si los procesos judiciales en Asturias y otras localidades no demoran aún más su definitiva puesta en marcha.

Y en Jerez, antes de su implantación, está previsto un período de pruebas e informativo -tal y como ha hecho Sevilla, por ejemplo- para testar su eficacia, período que depende de la puesta en marcha de la Sala de Control de Tráfico y de la instalación de las cámaras de lectura de matrícula y demás infraestructura necesaria.

En este sentido se enmarca también la decisión del gobierno municipal de dibujar un nuevo centro histórico con plataforma única tal y como se está haciendo para asegurar el acceso peatonal a los usos y funciones de los edificios e instalaciones; son calles de velocidad máxima a 20 km/h, no más de 100 vehículos circulando cada hora y que no sean circuitos de paso; el Plan de Movilidad Sostenible pretende reconfigurar el espacio viario público de Jerez, y el espacio que debe ser más funcional para las personas es el centro histórico: se trata de poner fin a que todos los vehículos pasen por todos los sitios, lo que viene propiciando esos circuitos de paso oportunistas que alteran la tranquilidad de los barrios.

También se plantean como estrategias principales la configuración de corredores peatonales; completar la red de carril bici; y creación de la red de corredores de preferencia bus. Las prioridades están claras: desplazamientos de un modo más eficiente, avanzar en una red de transportes públicos que optimice el tiempo y que impulse las nuevas energías y un sistema de movilidad inteligente. Esa es la teoría y ahora queda ponerla en práctica.

La ZBE de Gijón, anulada

Dicho está que todas las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes están obligadas a implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), según se establece en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética; hay algunas que ya han delimitado estas zonas y otras que, como Jerez, están pendientes de concretarlas aprovechando el margen concedido después de que se señalase el 1 de enero de 2023 como fecha límite para su establecimiento.

Pero en todo este asunto ha habido una novedad en las últimas fechas que parece complicar más aún la delimitación de estas zonas de bajas emisiones, parcelas de las ciudades donde no podrán entrar los vehículos que rebasen ciertos parámetros de contaminación.

En efecto, hace pocos días se conoció que una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula momentáneamente la ordenanza municipal de Gijón que regula la zona de bajas emisiones y podría sentar precedente si se pronuncia el Supremo.

El fallo judicial rechaza la regulación local de circulación en el centro de la ciudad por no contener una memoria económica y, por lo tanto, anula las restricciones de circulación y aparcamiento a los vehículos más antiguos que carezcan de la etiqueta medioambiental de la Dirección General de Tráfico.

El Ayuntamiento de Gijón ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo y defiende que su ordenanza tiene por objetivo cumplir un mandato procedente de la Unión Europea y del Gobierno de España, así como velar por la salud pública y la lucha contra el cambio climático reduciendo la contaminación.

Pese a ser una ley a nivel nacional, las ZBE quedan reguladas bajo la ordenanza municipal. Es decir, cada ayuntamiento decidirá las cuantías de las sanciones y las restricciones que impondrá a los vehículos más contaminantes. Los conductores deberán saber que la multa que sí o sí deben imponer los consistorios es la relacionada con entrar sin permiso a una Zona de Bajas Emisiones. Se sanciona con 200 euros. En cambio, llevar visible o no la pegatina de la DGT quedará en manos de los ayuntamientos.

Cada municipio es responsable de redactar y poner en práctica las normas y las distintas restricciones teniendo en cuenta los distintivos medioambientales, lo que crea un problema, tanto a los conductores particulares como profesionales, por no existir un patrón único.

La sentencia del TSJA no solo supone un varapalo para Gijón, sino que puede suponer una advertencia para el resto de administraciones. Si la admisión del recurso prospera, el Alto Tribunal deberá fijar una posición definitiva sobre la viabilidad de la ley de las ZBE. Y un fallo en línea con el TSJA haría tambalear la norma del Gobierno Central.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, recalca sobre las polémicas ZBE que “no se aportan datos específicos sobre el estado actual del aire, y perspectivas de futuro, criterios de comparación, influencias económicas concretas y su traducción en orden al equilibrio de ingresos y gastos, informes técnicos...”.

El TSJA también incide en que estas medidas pueden “determinar necesariamente la renovación del vehículo para seguir desempeñando la actividad, lo cual, lógicamente, supone un gasto empresarial que puede afectar al precio del servicio y, por ende, en la competitividad”. Y sostiene que la renovación del vehículo “puede incidir sobre precios ya concertados, en ocasiones en concesiones o contratos de servicio de duración prolongada, como es habitual en el transporte, sobre los que incide la restricción de la Ordenanza cuando se utilizan vehículos que reúnen las características técnicas de la contratación, pero que carecen de distintivo ambiental”.