"Su actividad no encajaría con los objetivos del parque agroindustrial"

Corre el año 2003 cuando el Ayuntamiento proyecta un parque agroalimentario llamado a ser una locomotora industrial que acabara con los altos índices de desempleo no solo de la ciudad sino del resto de la provincia. De hecho, se logra embarcar en el proyecto a todo un Ministerio de Agricultura que no duda en conceder una cuantiosa subvención de 11 millones de euros para la promoción, urbanización y desarrollo de este enclave dedicado a la agroindustria, un sector con un enorme potencial. Dos años después, y con Pilar Sánchez recién llegada al gobierno de la ciudad, se decide que parte de esta ayuda estatal se destine a facilitar el aterrizaje de empresarios en el enclave mediante la reducción de los costes de adquisición de suelos. Esa es, sin pretenderlo, la génesis de un caso que ha provocado que la ex alcaldesa esté muy cerca de acabar en prisión. ABRIL DE 2005

En abril de 2005, se establecen los criterios de valoración para que las empresas puedan recibir subvenciones en la compra de suelo en el PTA. Se marca así una baremación donde se fija una reducción porcentual del precio de compra de los suelos donde la puntuación es asignada mediante dos informes técnicos, uno de la Delegación de Desarrollo Rural y otro de la empresa municipal de suelo Emusujesa.

JULIO DE 2006

Tisa pide suelo en el PTA

En septiembre de 2005 se constituye en Sevilla la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria (Tisa), cuyo objeto social es la comercialización y reparación de suministros y material clínico. Casi un año después, y tras un intento inicial en una localidad sevillana (para la que incluso pide ayuda económica a la Junta de Andalucía) presenta una solicitud para incorporarse al Parque Tecnológico Agroalimentario con un proyecto de construcción de una planta de generación de oxígeno para uso hospitalario. En ese momento, se emite una primera valoración verbal por parte del técnico responsable de la Delegación de Medio Rural que ya advierte que la firma no cumple con el espíritu del enclave, pues este debe estar dedicado a actividades agroindustriales.

NOVIEMBRE DE 2006

El segundo informe al proyecto de Tisa

Tras este comentario, según la sentencia, la ex alcaldesa le pide al técnico municipal que le "dé cariño" a Tisa. Para ello, el empleado municipal mantiene, incluso, un encuentro con un representante de la firma que le comunica que la planta se dedicaría también a generar oxígeno que se pueda aplicar en la acuicultura. Tras esto emite el informe donde deja por escrito la opinión ya mostrada. En el documento advierte: "Su actividad no encajaría con los objetivos del parque agroindustrial".

MAYO DE 2007 La empresa compra los suelos del parque

El 18 de mayo de 2007 Pilar Sánchez firma el contrato de venta de los suelos a Tisa. En ese momento toca iniciar el procedimiento para conceder la subvención que aminore el precio de venta de la parcela pero sobre la mesa está el informe técnico que no respalda la adjudicación del máximo importe.

La sentencia incide en que la ex delegada María del Carmen Martínez le pide al empleado municipal que reconsidere su postura y modifique su informe, al igual que hacen otros responsables de la Delegación de Fomento Económico. Los magistrados consideran que el empleado recibe "presiones" de gente de "arriba" -consideran que parten del entorno de la Alcaldía- pero este se mantiene en su opinión. Elabora un segundo informe donde mejora su valoración de la empresa pero mantiene la misma puntuación sobre la subvención a conceder.

ENERO DE 2007

La falsificación del segundo informe

Comienza 2008 y en Alcaldía se recibe el segundo informe de la Delegación de Desarrollo Rural. Para el Tribunal Supremo, está demostrado que tanto la alcaldesa como la delegada de Desarrollo Rural ordenan hacer cambios en el documento, que se acaba dando a Salvador Rubio, el capataz del PTA, para que lo firme, a pesar de que no tiene cualificación profesional para ello -este trabajador acaba siendo condenado por estos hechos también-. Con la nueva baremación, Tisa recibe la máxima puntuación y, por tanto, recibe la mayor subvención (el importe total es de 244.720 euros).

JUNIO DE 2008

Se firma la escritura de compraventa

Con el nuevo informe, ya solo queda formalizar el traspaso de la parcela a Tisa. Para ello, en junio de 2008 se firman las escrituras donde se hace constar la subvención. El precio de venta es de 611.800 euros y la sociedad se compromete a iniciar la construcción en un plazo no superior a los 10 meses. Dos meses más tarde, la ex alcaldesa firma una resolución donde flexibiliza las condiciones que debe cumplir la firma, un cambio que también se aplica en las ventas de suelo a otras sociedades en este enclave.

NOVIEMBRE DE 2009 Comienza el proceso judicial

Santiago Casal, en representación del PSA, presenta una denuncia en la Fiscalía; un año después el Juzgado de Instrucción inicia las diligencias aunque el juicio no se celebra en la Audiencia Provincial hasta enero del pasado año. Este tribunal condena a Pilar Sánchez, María del Carmen Martínez y a Salvador Rubio. Las dos primeras deciden recurrir al Tribunal Supremo pero este acaba ratificando la sentencia.