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Los agricultores aparcaron hace poco más de un año las protestas para volver a producir alimentos y evitar el desabastecimiento tras el inicio de la pandemia. Los mismos tractores que cortaron las carreteras para reclamar precios dignos tomaron las calles tras la declaración del estado de alarma para ayudar a desinfectarlas.
La responsabilidad y solidaridad de la que hizo gala entonces el sector contrastan con el nuevo mazazo del Gobierno a la agricultura a través de la PAC, detonante de la vuelta de los tractores a la calle en el inicio de las movilizaciones contra la convergencia exprés aprobada por el Ministerio de Agricultura y sus nefastas consecuencias para el campo de Andalucía y de la provincia.
El frente común formado por las principales organizaciones agrarias (Asaja, Coag y UPA) y las cooperativas agroalimentarias de Cádiz calienta motores para la tractorada que abrirá el viernes 19 de marzo en Jerez las acciones de protesta que se expandirán por toda Andalucía.
El decreto de convergencia es sólo el primer paso de la estrategia ministerial de aplicación de una PAC “que da mucho miedo”, explicó ayer Miguel Pérez, secretario de Coag-Cádiz, en la rueda de prensa de presentación de la tractorada. La caravana, en la que participarán vehículos agrarios y prarticulares para cumplir con las restricciones del covid, partirá a las diez de la mañana de la explanada del circuito de Jerez y discurrirá, dentro de la ciudad, por las avenidas de La Granja y Europa, Paseo de Sementales, avenida del Ejército, Avenida Álvaro Domecq, calle Sevilla, Mamelón y Alameda Cristina, para concluir en la iglesia de Santo Domingo con la lectura de un manifiesto.
Las organizaciones convocantes hicieron ayer un llamamiento a la sociedad para que se implique en la defensa del campo. Y es que “la PAC da mucho miedo”, explicó Miguel Pérez, secretario de Coag-Cádiz, en la rueda de prensa de presentación de la primera de las acciones reivindicativas en la que estuvo acompañado por Pedro Gallardo, presidente de Asaja-Cádiz, Azucena González, secretaria general de UPA-Cádiz; y Juan Carlos Barroso, gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Cádiz.
El decreto de convergencia para el periodo 2020-2021 impuesto por el ministro de Agricultura, Luis Planas, y por el que el 58% de los perceptores de las ayudas de la provincia, incluidos pequeños y medianos agricultores y ganaderos,perderán entre un 10 y un 30% de las ayudas directas, no es más que el anticipo de la aplicación de la PAC a partir de 2023, que pinta “muy mal” para el modelo de agricultura andaluz, ya que propone la eliminación de los derechos históricos, una drásctica reducción del número de regiones productivas y el establecimiento de una tasa plana, con la que los agricultores andaluces pasarán de recibir 228 euros por hectárea a los 145 euros de la media española.
“No pueden castigar a los que está bien, tiene que ser al contrario, que copien el modelo andaluz para aplicarlo en la España vaciada” y “no hacer daño a los que están bien, pues nosotros tenemos unos pueblos poblados y una industria agroalimentaria asociada muy potente”, indicó Pérez.
Las organizaciones recuerdan que las ayudas de la PAC “no es un regalo, sino un complemento de renta a los agricultores”, motivo por el que Azucena González aseguró que la tractorada es sólo el principio del calendario de movilizaciones, porque “no vamos a parar el viernes”.
Y aunque el Ministerio anuncia la posibilidad de modificar el decreto para el segundo año, los responsables del sector en la provincia creen que son cantos de sirena, por lo que reclaman su retirada para establecer una convergencia paulatina hasta 2026, que es el requisito de Bruselas, y abrir la negociación de la aplicación de la PAC, que hasta ahora brilla por su ausencia.
llega en un momento límite que viene atravesando el sector por los bajos precios en origen, los incrementos excesivos de los costes de producción, la pérdida de renta y las dificultades de exportación, lo que anticipa un panorama desolador para el campo de la provincia de Cádiz, un sector vital para la economía y el empleo.
“Andalucía ha apostado por la modernización y la producción, pero ahora no sabemos cuántas hectáreas van a quedar”, señaló Pedro Gallardo, quien apostilló que la PAC que se avecina es un “leñazo” frente al que “no queda otra que salir a la calle, porque estamos hartos de que la agricultura sea moneda de cambio” en un momento muy complicado para el sector, al que se le acumulan los problemas por los bajos precios en origen, los incrementos de los costes de producción, la pérdida de renta y las dificultades para la exportación de sus productos.
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