Un agujero de 10 millones en el PTA

La alcaldesa María José García Pelayo reconocía el viernes que el gobierno local pecó de ingenuidad al buscar la complicidad de la Junta de Andalucía para consensuar entre ambas administraciones un plan de viabilidad que permitiera sacar al parque tecnológico agroalimentario (PTA de Jerez) de su actual situación de insolvencia.

Un día antes de la celebración de la junta general de accionistas convocada con carácter extraordinario para dar cauce a la solicitud de preconcurso de acreedores, la concordia entre los dos principales socios del parque -los gobiernos local y andaluz ostentan el 51 y el 39% del accionariado de la sociedad gestora del parque, respectivamente- saltó por los aires después de filtrarse la noticia un día antes y de que los representantes de la Junta se ausentaran de la decisiva reunión tras la que ambas administraciones debían dar imagen de unidad para sortear una situación insostenible.

El proyecto llamado a ser la estrella en las dos últimas legislaturas hace aguas por los cuatro costados. El parque tecnológico sigue dando al actual gobierno del PP los mismos quebraderos de cabeza que ya dio al anterior gobierno socialista, el que decidió ampliar los cometidos de la sociedad gestora del parque, constituida con un capital mínimo, para convertirla en una suerte de cazasubvenciones y promotor inmobiliario.

Los responsables municipales admiten abiertamente que el negocio inmobiliario en el que entró de lleno la sociedad del PTA con la construcción del contenedor de empresas y el Centro Tecnológico del Vino es un cáncer para la entidad, acuciada por la obligación de tener que devolver una subvenciones millonarias por las numerosas anomalías y retrasos que arrastran ambos proyectos, y no de ahora.

A la reclamación del reembolso de 6,3 millones del contenedor de empresas, obra que requiere tres millones de euros para su finalización de los que no disponía la sociedad ni antes con el PSOE ni ahora con el PP, se une la advertencia del Ministerio de Economía de reclamar otros cuatro millones de euros del Centro Tecnológico del Vino (CTV) -los dos millones de la subvención para su equipamiento y otros tantos de los fondos públicos destinados a su construcción-.

En el momento en que el consejo de administración del PTA acordó iniciar el proceso para la solicitud del preconcurso, a finales de julio, en las arcas de la sociedad gestora del parque había algo menos de un millón de euros, en concreto 971.800 euros, que hacían inviable la continuidad del concurso para la licitación del equipamiento del Centro Tecnológico del Vino. Sin la paralización del concurso, y al no disponer de efectivos suficientes para hacer frente al mismo, se habría generado una nueva obligación de reembolso de los dos millones consignados para el equipamiento, primero, y de los otros dos millones de la construcción. Es decir, cuatro millones que elevarían por encima de los diez millones el importe de los fondos a devolver, por lo que el gobierno local decidió paralizar el proceso para no empeorar la situación.

El dinero de los fondos públicos no es que haya volado. La mayor parte está ya invertida en los edificios sin finalizar y hay otras cantidades que se han destinado a pagar los recargos por los retrasos y las licencias de obra nueva.

A corto plazo, la gestora del parque acumula unos compromisos de pago de tres millones de euros -dos millones corresponden a la subvención para el equipamiento del CTV, todos ellos correspondientes a gastos extraordinarios no contemplados en el funcionamiento ordinario de la sociedad y que se corresponden con devoluciones de fondos percibidos, declaración de obra nueva en los edificios por no estar finalizados los trabajos, recargos y la indemnización por despido de la anterior gerente del parque, entre otros.

Frente a las obligaciones de pago, el informe económico y de viabilidad del parque tecnológico recoge unos ingresos pendientes por importe de 2,7 millones de euros, de los que el grueso corresponde a impagos por valor de 1,2 millones por parte de la Junta de Andalucía y otros 1,2 millones adicionales de la subestación eléctrica que correspondía costear a la empresa municipal del suelo (Emusujesa).

En el mismo informe se advierte de la dificultad del cobro íntegro de la deuda de la Junta de Andalucía, a la que la gestora del parque ha remitido numerosos escritos reclamando el pago sin respuesta satisfactoria hasta la fecha. Según los datos del informe, la Consejería de Economía adeuda a la sociedad del PTA algo más de 600.000 euros de una ayuda para infraestructuras del edificio singular que data de 2008, a los que se unen otros 600.000 euros de dos anualidades de la financiación basal, las de los ejercicios de 2011 y 2012.

Según el informe económico, los gastos extraordinarios soportados y la mala gestión de las ayudas a la construcción y equipamiento de infraestructuras de los edificios han provocado la quiebra técnica de la sociedad, cuya situación se ha visto agravada, además, por la supresión de las ayudas de financiación basal desde el ejercicio de 2013 por parte de la Junta de Andalucía.

En este contexto de asfixia económica, el gobierno local, en connivencia con los representantes de la agencia Idea de la Junta, acordaron recurrir al preconcurso de acreedores o suspensión de pagos, mecanismo que permite ganar tiempo para tratar de buscar una solución definitiva a los desfases de las cuentas de la sociedad.

En el tiempo que se gana con el preconcurso, y el presumible concurso de acreedores posterior, la gestora del parque tratará de separar el negocio inmobiliario de la que debería haber sido la actividad principal de la sociedad, la promoción del parque tecnológico, la captación de empresarios y la realización de estudios o prestación de servicios que generen ingresos adicionales con los que responder a sus gastos ordinarios.

De todo esto, señala un responsable municipal, lo que llama la atención es que una sociedad que funciona con un presupuesto ordinario de entorno a los 250.000 euros, tenga que responder por diez millones de euros vinculados a su actividad inmobiliaria.