La alcaldesa y Pelayo mantienen sueldos superiores al de Griñán

La actual tragedia económica municipal está cifrada en, al menos, 5,5 millones de euros. Es la diferencia entre lo que ingresa de media mes a mes la Hacienda local y los pagos de gasto corriente a los que ha de hacer frente. Entre el desembolso de las nóminas de los alrededor de 2.300 trabajadores del Ayuntamiento y las cantidades necesarias para sufragar los servicios públicos (transporte, seguridad, limpieza viaria, mantenimiento de edificios...) se esfuman cada treinta días una media de 11 millones de euros, mientras que la recaudación apenas supera los 5,5 millones procedentes, principalmente, de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE), que ha caído en picado, y de la recaudación anticipada de los tributos locales que supone el convenio con Diputación. Esta situación de extrema crudeza, con pocos visos de mejora a medio plazo, requiere de medidas urgentes de reajuste, como defiende el Plan de Viabilidad del Ayuntamiento elaborado hace ahora casi un año y como expone el Plan 'alternativo' que presentó ayer de forma pormenorizada a sindicatos y medios Izquierda Unida.

Si se tiene en cuenta que únicamente el coste de los servicios públicos supone una inversión de unos 62 millones de euros al año (300 euros por cada uno de los 208.000 jerezanos) y que el capítulo 1 del Presupuesto (personal) asciende a alrededor de 110 millones anuales, probablemente sea ridículo marear la perdiz con las bajadas de sueldos de los políticos. Aun así, el primer paso siempre es para quienes gobiernan, y éstos parecen tener todavía margen de bajada.

Pese a las sucesivas reducciones de sueldo de la alcaldesa, Pilar Sánchez, su retribución anual bruta sigue siendo unas diez veces superior al salario mínimo interprofesional. No en vano, tras la última rebaja del 10% en su salario, su nómina es de 76.356 euros al año, a los que hay que sumar otros 10.000 euros por antigüedad como docente. Un concepto, recordó ayer el portavoz de IU, Joaquín del Valle, en rueda de prensa, que se ha introducido en 2007, coincidiendo con la llegada del PSOE a la Alcaldía con mayoría absoluta. En la cuenta total, Pilar Sánchez percibe al año unos 86.000 euros brutos, unos cinco mil euros más que el presidente de la Junta, Pepe Griñán, y 37.000 euros más que la alcaldesa socialista de la vecina Sanlúcar, Irene García, la munícipe que menos salario percibe de la provincia y que adoptó la decisión de una rebaja radical a inicios de mandato.

En cualquier caso, uno de los políticos provinciales que más ingresa en su nómina mensual es la líder del principal grupo de la oposición en Jerez, la popular María José García-Pelayo, quien en su condición de vicepresidenta del Parlamento percibe, como ha venido esgrimiendo estos días el gobierno municipal, unos 90.000 euros brutos al año. Pelayo se defendía ayer bajo el argumento de que "mi sueldo me lo pone el PSOE, no lo decidido yo como el de la alcaldesa; además, el líquido es muy inferior a lo que dicen que cobro porque me retienen hasta un 40%". Ambas deberían hacer un nuevo esfuerzo por ajustar sus salarios a las demandas del presidente del Ejecutivo andaluz, quien pretende que parlamentarios y alcaldes reduzcan sus retribuciones en un 15% y que, en cualquier caso, nadie gane por encima del tope máximo que marca su nómina anual: 81.150 euros.

Como es sabido, los sueldos astronómicos no son patrimonio exclusivo de los políticos. En el Ayuntamiento, según datos municipales a los que ha tenido acceso este medio, hay más de una veintena de altos cargos que superan el máximo impuesto por Griñán, de los cuales 5 perciben más de 100.000 euros y 12 más de 90.000 euros. Al mismo tiempo, hasta 57 cargos mantienen retribuciones que se mueven entre los 55.000 y los 80.000 euros. A raíz de estas cifras, Del Valle reclamó ayer que ningún sueldo municipal supere en diez veces el salario mínimo, lo que equivaldría a un tope de unos 88.000 euros. Para ello, y mientras se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo, propone equiparar las retribuciones de los puestos a las de los equivalentes de la Administración de la Junta.