La alcaldesa de Jerez estará esta semana en Bruselas en un foro europeo de entidades locales

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha sido elegida como una de las integrantes de la elegación española que defenderá ante el Comité Europeo de las Regiones los intereses de las entidades locales españolas. El nombramiento ha sido dado a conocer este lunes por el Consejo de la Unión Europea.

Junto a la regidora jerezana, que es presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), también estarán los alcaldes de Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria —José Luis Martínez-Almeida, Jaume Collboni y Carolina Darias, respectivamente—. Como suplentes se han designado a Xavier García Albiol (alcalde de Badalona), Gema Igual (Santander), Inés Rey (La Coruña) y Carlos Martínez (Soria).

El Comité Europeo de las Regiones está previsto que se reúna en pleno este miércoles y jueves en Bruselas. Este órgano se autodefine como la "voz de las regiones y las ciudades de la Unión Europea" que representa a los entes locales y regionales de toda la Unión Europea y asesora sobre las leyes nuevas que tienen un impacto sobre las regiones y las ciudades. El CDR es una asamblea política integrada por 329 miembros y 329 suplentes procedentes de todos los países de la UE (agrupados en partidos políticos y liderados por un presidente) elegidos a nivel local o regional,

La delegación española en este organismo europeo está representada por miembros de las 17 comunidades autónomas y por cuatro representantes de los entes locales. Al pleno del próximo miércoles y jueves del Comité Europeo de las Regiones está previsto que asistan también varios presidentes autonómicos, entre ellos el andaluz Juanma Moreno y la balear Marga Prohens, ambos del Partido Popular.

En el pleno, Moreno defenderá el dictamen sobre Pacto Verde y Salud, del que ha sido ponente en su condición de vicepresidente del Comité, e intervendrá en el debate sobre las conclusiones de la COP 28. Por su parte, Prohens intervendrá en el debate sobre la flexibilidad de las normas europeas sobre ayudas estatales a los territorios insulares.