El juzgado anula el nombramiento de los asesores extra de Ciudadanos y Adelante

Jerez/El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº1 ha tumbado el nombramiento de los asesores extra que el gobierno local concedió a los grupos municipales de Ciudadanos y Adelante Jerez. En el fallo firmado por el magistrado Antonio Cortés Copete, al que ha tenido acceso Diario de Jerez, se estima “en su integridad” el recurso contencioso-administrativo para la protección de los derechos fundamentales interpuesto por el PP de Jerez contra el acuerdo de junta de gobierno local. No obstante, no afecta al resto de nombramientos de asesores de la Corporación.

De este modo, el juez anula “dicho acto administrativo recurrido, dejándolo sin efecto” e impone el pago de las costas procesales al Ayuntamiento de Jerez. El gobierno local, no obstante, puede interponer recurso de apelación y ya ha anunciado que lo hará. El fallo afectaría, por tanto, a los nombramientos como asesores de Isabel Soto, por Ciudadanos Jerez, y de Violeta Márquez, por Adelante Jerez.

Una polémica junta de gobierno

Los hechos se remontan al pasado mes de julio cuando el PSOE aprobó en junta de gobierno las condiciones del personal eventual tanto del ejecutivo local como de los grupos políticos para esta legislatura. Respecto al personal eventual asignado a los grupos políticos se aprobó un secretario de grupo para cada uno de los grupos políticos de PSOE, Partido Popular, Ciudadanos, Adelante Jerez y Grupo Mixto [Ganemos Jerez] con una retribución bruta anual de 25.000 euros. Pero, además, llamó la atención que la junta de gobierno dictaminó entonces que “como quiera que los grupos políticos PSOE y PP percibirán una asignación económica superior en más del 40% a la que le corresponderá a los grupos políticos de Ciudadanos Jerez y Adelante Jerez, se considera conveniente dotar de más medios personales a estos dos grupos para que puedan desarrollar mejor su labor”. Por este motivo, se dio luz verde a que tanto el grupo de Ciudadanos como el de Adelante Jerez pudieran contar cada uno con un asesor de grupo, con una retribución anual de 30.000 euros. Un asesor extra que no se aprobó para el resto de partidos, es decir, ni PP, ni PSOE ni Ganemos.

En aquel momento, el PP ya anunció públicamente que no descartaba la vía penal, si el gobierno no daba marcha atrás, al considerar que se había cometido una “discriminación política”. Incluso, el portavoz del PP, Antonio Saldaña, habló personalmente con los portavoces de Ciudadanos y Adelante Jerez para advertirles. Ahora, unos meses más tarde, el juzgado le ha dado la razón a los populares.

Según consta en la sentencia, el juez considera que tal acuerdo “viene a significar un modo de ‘bonificación’ a dos grupos políticos municipales concretos, con la exclusión de los demás, y sin que esté fijada en función de ningún criterio objetivo e igualitario en función de la representatividad de los ciudadanos a los que sirven con su labor”. Incluso, recalca que la decisión municipal produce “como efecto buscado y pretendido por la resolución el favorecer a dos grupos municipales concretos, con menoscabo del principal grupo de la oposición, que debemos recordar que tiene tal posición relativa en la composición del Ayuntamiento por decisión de los ciudadanos con su voto”.

En su exposición, el magistrado hace hincapié en que el acuerdo de junta de gobierno, en el caso de los asesores extra, se funda en que los grupos políticos PSOE y PP percibirán una asignación económica superior en más del 40% respecto a Cs y Adelante, pero “no explicita porqué se adopta como porcentaje referente el 40%, y no el 30, el 20, o el 60”. Según la sentencia, la elección del porcentaje, “determinado a posteriori de la realidad sobre la que se pretende aplicar, revistiendo una apariencia de objetividad, encubre una decisión dirigida a la consecución de un resultado obvio. Ello además revista un plus de antijuridicidad por el hecho de que es una decisión que carece de apoyo legislativo alguno”.

Por todo lo argumentado, y pese a que la resolución administrativa impugnada “no afecte al núcleo esencial del derecho a la participación política, sí es contraria al reflejo que sobre tal derecho constitucional tiene el derecho constitucional a la igualdad”.

Tras conocerse el fallo judicial, desde el PP de Jerez ha anunciado que “vamos a pedir que devuelvan a la ciudad el dinero que han cobrado ilegalmente los asesores por culpa de Mamen Sánchez”. Para los populares, con su portavoz Antonio Saldaña a la cabeza, no cabe duda de que el PSOE y “la extrema izquierda han intentando avasallar al PP de forma antidemocrática y al margen de la ley”. “Podemos y Ciudadanos han sido cómplices del PSOE y se han callado ante lo que era una clara injusticia”, subrayan.