"Nunca fuimos asesores"

Dolores Caravaca y Rubén Pérez no están siendo víctimas de un linchamiento pero casi. Según muestran, no cuentan con nóminas mensuales estratosférica -apenas superan los 1.200 euros- y su colocación en el Ayuntamiento no es más dudosa que la de parte de los más de dos millares de trabajadores municipales. Niegan cualquier irregularidad en sus contrataciones. Por el contrario, el acoso es constante, según reconocen. Ambos comparecen esta mañana en calidad de testigos para declarar ante la juez que instruye el controvertido 'caso de los asesores', una batalla judicial en la que la alcaldesa, Pilar Sánchez, dio primero y a la que el ex alcalde, Pedro Pacheco, ha respondido con todas las armas a su alcance.

Si ella informó a Anticorrupción por dos posibles casos de 'enchufismo', él contraatacó con 32 posibles 'fichajes' irregulares que han podido costar "más de 7 millones de euros" a las arcas municipales, tal y como reza en la querella interpuesta por el veterano político andalucista. Pero no todos los casos ni todos los nombres pueden estar en el mismo saco. "Ni somos ni nunca fuimos asesores", proclaman Caravaca y Pérez, en los días previos a su cita con la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Jerez, que también ha llamado a declarar a la directora del Servicio Jerezano de Inserción Laboral (Serjil) en el momento en que se produjeron sus contrataciones, en 2005. Sin ir más lejos, la prueba de que nunca fueron asesores es que siguen trabajando en el Ayuntamiento, pese al cese que puso en la calle en el pasado mes de marzo al grueso de personal eventual de confianza del equipo de Pilar Sánchez. Sus contratos son de personal laboral, como un porcentaje altísimo de trabajadores del Consistorio jerezano.

Según explican, "entramos por el Serjil tras estar inscritos en la bolsa de trabajo y nuestros perfiles se correspondían con la demanda del Ayuntamiento". En el caso de Caravaca, que es habitual en los actos municipales junto al delegado de Viviendas e Infraestructura, Antonio Fernández Ortega, "llevo apuntada en la bolsa desde 1999 y me avergüenza esta situación porque no tengo nada que ocultar". "En ningún momento he sido asesora, nunca he tenido esta figura, pero en mi trabajo muchos me acusan de ganar x o y cuando no todos ganamos lo mismo, tengo un sueldo de 1.200 euros", relata. Rubén Pérez, conocido por ser miembro de la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento, asevera que "yo soy delineante y cobro 1.200 euros al mes, por lo que probablemente se quiera manchar la imagen de la central a la que pertenezco". Al igual que ellos dos, en la querella también consta la actual delegada de Medio Ambiente, África Becerra, que también accedió en un primer momento al Ayuntamiento por el Serjil. En su caso, ha sido llamada a declarar el próximo viernes 19, junto a Juan Carlos Jiménez, marido de la alcaldesa y el único de los ex asesores que hasta ahora ha sido citado por la juez en calidad de testigo.

"No tengo pluses de ningún tipo, no gano un sueldazo, recibo diariamente a decenas de jerezanos con graves problemas sociales... A eso es a lo que me dedico", argumenta Caravaca, quien no tiene problema, al igual que Pérez, en mostrar su nómina. La parte querellante asegura que aclarar el funcionamiento del Serjil es clave en la instrucción, pues "es un sistema de contratación que venía utilizando el Ayuntamiento y por el que casualmente, al menos presuntamente, resultaban contratadas personas con currículo bastante escaso pero que eran el perfil propuesto expresamente en la solicitud de trabajo por parte de la Alcaldía. Eran podíamos decir contrataciones nominativas". En su declaración del pasado lunes, el secretario municipal admitió saber "poco" del funcionamiento del servicio aunque reconoció que se puso en marcha en la "época de Pacheco". Hoy se abre un nuevo episodio en la pugna judicial entre la alcaldesa y su ex socio de gobierno entre 2005 y 2007.