El aumento del gasto del personal del Ayuntamiento de Jerez acaba en el Juzgado

La modificación presupuestaria que permitió incrementar el gasto de personal del Ayuntamiento de Jerez y, con ello, poder abonar las últimas nóminas del año pasado acabará en el Juzgado. El PSOE anunció este domingo que ha presentado un recurso contencioso administrativo por vulneración de derechos fundamentales tras aprobarse definitivamente en un pleno celebrado el pasado 15 de diciembre.

En aquella ocasión, la formación socialista ya cuestionó la legalidad de la aprobación de este cambio presupuestario alegando que el expediente estaba “incompleto” al no contar con un informe de la Secretaría Municipal. Sin embargo, en aquella sesión, la funcionaria que estaba realizando las funciones del secretario alegó que este no procedía emitirlo, por lo que consideraba que el expediente estaba completo.

Así, tras esto, el PSOE anunció que el pasado día 2 presentó un recurso contencioso-administrativo por la “falta de informe preceptivo de la secretaría del pleno a petición de un tercio de los concejales y en la negativa de la alcaldesa [María José García-Pelayo] a que se emitiera el informe”, según lo apuntado por el portavoz municipal de esta formación, José Antonio Díaz, en un comunicado.

A mediados de noviembre, el gobierno municipal llevó a pleno varias modificaciones presupuestarias, entre ellas una por un importe de 4,4 millones de euros para ampliar los gastos de personal y, de este modo, poder cubrir la totalidad del coste de la plantilla hasta final de año. Ahora bien, los grupos de la oposición advirtieron de que aproximadamente la mitad de este importe se iba a destinar al pago de gratificaciones y productividades a parte de la plantilla municipal. La justificación que dio el ejecutivo entonces fue que este cambio en el presupuesto —aún sigue vigente el que se aprobó en 2022— iba destinada a cubrir la revisión salarial recogida en los Presupuestos Generales del Estado de cada año para los trabajadores públicos, la incorporación de 37 funcionarios a la plantilla y unas revisiones salariales dictaminadas por sentencias judiciales.

Tras aprobarse de manera inicial, el PSOE presentó unas alegaciones entre las que cuestionaba que este gasto se cubriera en gran medida con el fondo de contingencia, de ahí que tuviera que llevarse nuevamente a pleno para su ratificación. Así, horas antes de celebrarse el pleno, el PSOE presentó un escrito reclamando la suspensión del pleno al solicitar un informe de la Secretaría Municipal sobre el expediente presupuestario. Sin embargo, se rechazó la petición y la modificación presupuestaria acabó aprobándose, aunque con el único voto favorable, aunque suficiente, del PP (PSOE, Vox y La confluencia votaron en contra).

El PSOE lamenta la “judicialización innecesaria”

El PSOE justifica la presentación de este recurso contencioso en la “arrogancia de la alcaldesa” ya que, asegura, les ha “obligado a tener que” tramitarlo “judicializando este asunto innecesariamente, únicamente por el comportamiento antidemocrático y prepotente del equipo de gobierno que preside María José García-Pelayo”.

José Antonio Díaz insistió en que el expediente de la modificación presupuestaria “carece de informe de legalidad preceptivo” y volvió a recordar que el interventor municipal ya cuestionó si un incremento de estos costes de personal se puede hacer con un crédito destinado para atender imprevistos. Acto seguido, apunta en el comunicado: “La denegación del informe jurídico preceptivo adquiere relevancia por cuanto en todo el expediente administrativo no se contiene ningún informe ni de Intervención ni del secretario general del pleno que concluya sobre la adecuación a la ley de la modificación del presupuesto general, existiendo justo lo contrario, un informe del interventor que califica la propuesta de discutible”.

Ante esto, el PSOE sostiene que la negativa a la petición que realizó de que la Secretaría Municipal emitiese un informe es una vulneración de sus derechos fundamentales “como concejales para poder representar de manera adecuada a la ciudadanía”, de ahí que ahora haya presentado el recurso al considerar que se ha producido una “lesión de los derechos de participación política configurado en el artículo 23 de la Constitución”.

El portavoz municipal del PSOE concluye el comunicado acusando con palabras gruesas al ejecutivo municipal de “falta de transparencia” y de cometer “continuas fechorías” para "impedir el ejercicio de la labor de la oposición”. "El gobierno de Pelayo quiere silenciar a la oposición, las peticiones que formulamos por escrito no se contestan y, cuando lo hacen, la contestación puede ser de lo más ridícula”, agrega.

Díaz afirma que su partido “ha querido siempre hacer las cosas desde la armonía y las buenas formas”, pero considera que se "ha llegado un punto que roza incluso el caciquismo y la prepotencia, con reiteradas actitudes ‘cortijeras’ en la forma de presidir los plenos y que atenta contra los derechos inviolables de la función que como concejales del ayuntamiento hemos de realizar y, por lo tanto, no ha quedado otro camino que pedir amparo a la justicia".