El Ayuntamiento de Jerez deberá devolver parte de la subvención para la futura Jefatura de Policía Local

El Ayuntamiento de Jerez tendrá que devolver parte de una subvención de más de 2,7 millones de euros que le exige la Junta de Andalucía por no haber concluido en plazo las obras de construcción de la futura Jefatura de la Policía Local en La Asunción. El importe a reintegrar deberá concretarse próximamente entre acuerdo de las partes o por decisión judicial. Mientras tanto, las obras continúan paralizadas, aunque se prevé que en breve pueda licitarse su terminación.

Todo comenzó en 2010. En plena crisis económica provocada por el ‘crash’ del sector de la construcción, el Gobierno central, dirigido en ese momento por José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), acordó transferir a los ayuntamientos una importante cuantía de millones para que promovieran obras y, con ello, ayudar al sector (fue el denominado ‘Plan E’). En la segunda convocatoria del llamado oficialmente Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, el Ayuntamiento jerezano, con Pilar Sánchez (PSOE) a la cabeza, incluyó entre los proyectos a financiar la construcción de una nueva Jefatura para la Policía Local en La Asunción para que sustituyera a las actuales instalaciones en El Almendral.

Las obras deberían haber estado listas antes de que acabara 2010. Se dio un año de prórroga, pero la empresa adjudicataria acabó paralizándolas. El motivo fue que el ejecutivo municipal desvió buena parte de estos fondos a pagar gastos generales del Ayuntamiento, fundamentalmente a nóminas del personal Ayuntamiento. Esto no solo afectó a este proyecto sino a otras intervenciones como la construcción de la Escuela Oficial de Idiomas, en la calle Ponce, el Centro de Interpretación del Río Guadalete o el Centro Polifuncional Blas Infante, entre otros (buena parte de estos equipamientos pudieron acabarse en años posteriores con el Ayuntamiento asumiendo la totalidad del coste).

En 2014, con María José García-Pelayo (PP) como alcaldesa, se retomaron las obras con una nueva empresa constructora, que aceptó la cesión del contrato. Sin embargo, esta paralizó las obras al año siguiente alegando que el Ayuntamiento no le pagaba. Tras varios intentos, finalmente el Ayuntamiento optó por liquidar el contrato, un trámite que no pudo terminarse hasta el pasado año tras el visto bueno del Consejo Consultivo de Andalucía, que advirtió de que no estaba justificada la causa que alegó el contratista para dejar la obra parada. Ahora, el gobierno de Mamen Sánchez (PSOE) ya tiene vía libre para licitar la obra, un proceso de adjudicación que se iniciará en breve.

Pero, en paralelo a esto, en 2015, la gestión de los fondos por los que se financió esta obra fue transferida a la Junta de Andalucía, que empezó a revisar los importes justificados de cada ayuntamiento. Así, entre los que revisó estaba la futura Jefatura de la Policía Local (el nombre oficial del proyecto es Centro Polivalente de Nuevas Tecnologías de las Áreas de Seguridad y Movilidad). Así, la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz (entonces con el socialista Fernando López Gil al frente) emitió una resolución en septiembre de 2016 reclamando al Ayuntamiento jerezano que devolviera 2,7 millones de euros recibidos en 2010 para este proyecto dado que no lo había acabado. El importe correspondía a 2,1 millones del 85% del importe del proyecto ya transferido en 2010 (el Consistorio nunca llegó a percibir el 15% restante ya que no había terminado la obra) y el resto en concepto de intereses.

Ante esto, el Ayuntamiento presentó un recurso por la vía contenciosa donde reclamaba que no se devolviera importe alguno alegando que el plazo de devolución ya había prescrito, además de la improcedencia del reintegro total de la transferencia ya que la obra se había realizado en parte. Primero lo analizó un Juzgado de lo Contencioso de Cádiz, que se declaró incompetente, por lo que el proceso pasó a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha acabado pronunciándose en una sentencia publicada a finales del pasado año y cuyo contenido ha trascendido ahora. El fallo no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

En el pronunciamiento, el alto tribunal andaluz acepta parte de la tesis defendida por el Ayuntamiento. Así, aunque no acepta que haya prescripción en la devolución, sí tiene en cuenta que hay parte del proyecto que se ejecutó, por lo que un porcentaje de la subvención estaría justificado. Ahora bien, la Sala de lo Contencioso determina que tendrá que devolver solo una parte, concretamente la parte correspondiente al coste de la obra que no estaba ejecutado cuando concluyó el plazo establecido para su construcción.

El tribunal determina que, aunque quedó demostrado que el Ayuntamiento destinó el dinero recibido de estas y otras obras a gastos generales de la plantilla, bien es cierto que con posterioridad asumió los gastos generados por la obra, por lo que considera que la subvención está en parte justificada. Así, en la sentencia se apunta que, según un informe municipal, restaría por ejecutar en torno a un 12,06% del proyecto (unos 327.000 euros aproximadamente). Sin embargo, sostiene que, debido a la “dificultad” de determinar en este momento procesal el porcentaje de finalización de las obras cuando expiró el plazo de ejecución, el importe concreto de devolución deberá concretarse por parte de la Junta una vez el fallo sea firme y se proceda a la ejecución de la sentencia. En 2011, según información aportada entonces por el Ayuntamiento, la Jefatura estaba al 45% de ejecución.

Mientras tanto, las obras de la Jefatura de la Policía Local aún no se han retomado. A mediados de noviembre, el ejecutivo aprobó en una junta de gobierno local el proyecto de terminación, aunque este aún no se ha licitado. En paralelo, se ha procedido a la urbanización del entorno del edificio y restaría también proceder al equipamiento de estas nuevas dependencias policiales.