El campo de la provincia aplaude la reasignación de 800 millones de desarrollo rural

La música del nuevo reparto de los fondos de desarrollo rural suena bien, pero hay que esperar a conocer la letra. El sector agrario de la provincia aplaude la decisión de la Junta de reprogramar unos 800 millones de euros no ejecutados del plan de desarrollo rural para el marco comunitario 2014-2020 e incluso comparte los objetivos básicos enumerados por la consejera del ramo, Carmen Crespo, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno del martes. Según Crespo, la idea es mejorar la competitividad del sector a través del impulso a los jóvenes agricultores y la modernización de las infraestructuras y las explotaciones, así como atender las cuestiones medioambientales.

A expensas de ver cómo queda la reasignación de fondos de desarrollo rural, que la Consejería de Agricultura planteará en la mesa de interlocución con el sector, Asaja-Cádiz prefiere mantener la cautela, si bien su presidente, Pedro Gallardo, muestra su apoyo a cualquier decisión que evite las otrora habituales devoluciones de dinero a Bruselas por falta de ejecución y aboga por dar prioridad absoluta a las ayudas forestales, que llevan siete años sin convocarse.

“Aplaudimos la decisión, pero hay que esperar a conocer su desarrollo”, señaló Gallardo, quien defendió la necesidad de recuperar la periodicidad en las convocatorias de las ayudas forestales, “quizás un año sí y otro no, porque es preferible cuatro convocatorias de 50 millones a una sola de 200 millones” para garantizar la limpieza del monte y adaptarse a las circunstancias.

Según el presidente provincial de la asociación de jóvenes agricultores, estas ayudas son imprescindibles para minimizar el riesgo de incendios forestales, más en una provincia que cuenta con muchos parques naturales y en la que estos fondos son necesarios para generar empleo en muchos pueblos.

Sin embargo, Gallardo recordó que la última convocatoria de ayudas forestales se lanzó en 2012 y se ejecutó en 2013, por lo que lamentó que Andalucía sea la única comunidad de España que lleva siete años sin estas ayudas.

A priori, el nuevo reparto acordado por el Consejo de Gobierno dentro del plan estratégico 2019-2022 para la mejora de la competitividad del sector plantea la reprogramación de 133 millones para la prevención de incendios forestales, medida a la que hasta ahora no llegaban los fondos, según la consejera de Agricultura.

En cuanto al impulso a la incorporación de jóvenes agricultores, otro de los ejes de la reprogramación y de las prioridades para Asaja-Cádiz, el plan estratégico avalado por el nuevo Gobierno andaluz contempla el adelanto de un 25% del pago de las ayudas al inicio de los trámites, medida con la que se pretende evitar muchos de los abandonos que se producen por la falta de apoyo en el inicio de la actividad. Del mismo modo, la Consejería de Agricultura anuncia flexibilidad para no perder los fondos.

El plan también prevé duplicar hasta alcanzar los 119 millones de euros la asignación para modernizar las infraestructuras agrarias y las explotaciones, así como el refuerzo de las ayudas agroambientales para adaptarse a la PAC a partir de 2020, en la que se primará la agricultura verde con una dotación de 128 millones.

En el caso de los jóvenes y de la modernización de las explotaciones, el presidente de Asaja-Cádiz recuerda que la última convocatoria de 2016 se resolvió en 2018, “y nos dicen que se está pagando ya, pero aún no tenemos constancia ningún expediente completo”.

Cabe recordar que la Asociación de Jóvenes Agricultores de la provincia denunció en su día la discriminación del reparto de los fondos comunitarios tanto a la incorporación de jóvenes agricultores como a la modernización de las explotaciones en la línea general, ya que todas las ayudas destinadas al campo de Cádiz se canalizaron a través de la ITI (Iniciativa Territorial Integrada). Gallardo subrayó, no obstante, que el anterior Gobierno andaluz subsanó el error.

Sobre los problemas detectados por el nuevo Ejecutivo andaluz en la ITI específica para la provincia de Cádiz, y ante el riesgo de tener que devolver parte de los fondos a Bruselas, Gallardo apeló a la necesidad de retomar los contactos entre la Administración y el sector para agilizar los trámites y poner en marcha proyectos productivos y que generen empleo.