Seis años de cárcel a varios 'hackers' que estafaron 182.000 euros a una empresa de Jerez

Lograron acceder a su correo electrónico para apropiarse de parte del dinero generado por su actividad comercial

El grupo operaba desde el sur de Tenerife y remitía parte del dinero obtenido ilícitamente a Italia

El TSJA ratifica la condena de prisión a la cuidadora de un anciano al que le sustrajo 6.000 euros

Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Tenerife.

Seis intregantes de una red de piratas informáticos —conocidos como 'hackers'— que operaban desde Tenerife y que, entre otras víctimas, sustrajeron más de 182.000 euros a una empresa de Jerez, han sido condenados a seis años de prisión por los delitos de estafa y pertenencia a organización criminal. Los encausados han aceptado la petición de pena acordada con la Fiscalía en el juicio celebrado por una pieza separada de una causa que investiga todas las operaciones fraudulentas realizadas por este entramado que fue desmantelado en mayo de 2021 tras una investigación de la Policía Nacional y que derivó en la detención de más de una quincena de implicados.

Según se recoge en el fallo de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que está firmada a mediados de noviembre, uno de los condenados logró acceder al entorno virtual de la compañía con domicilio en Jerez, que se dedica a la actividad comercial, y logró hacerse con el control de uno de sus correos electrónicos. Esto permitió que pudiera ponerse en contacto con una importante empresa distribuidora para modificar la cuenta bancaria en la que se ingresaban las operaciones de las transacciones comerciales que realizaban entre ambas.Claro está, esta nueva cuenta bancaria estaba controlada por la organización criminal, que aprovechó para apropiarse de algo más de 182.000 euros en junio de 2019. Este dinero fue redistribuido inmediatamente entre otras cuentas de otros integrantes de este grupo o se hicieron disposiciones en efectivo.

El tribunal tinerfeño considera probado que desde 2019 los seis condenados formaron parte de un entramado criminal "escalonado" y "jerarquizado" para ganar dinero de manera ilícita mediante la realización de transferencias bancarias de dinero no autorizadas por los titulares reales de las cuentas intervenidas. El centro de operaciones estaba en el sur de la isla de Tenerife, concretamente en los municipios de Arona y Adeje, donde cada miembro tenía una función dentro de la red, desde el diseño de las aplicaciones para hacerse con el control de cuentas o suplantar la identidad de entidades bancarias, la captación de posibles víctimas o el concierto con las denominadas "mulas bancarias", personas que se prestaban a recibir las transferencias ilícitas para redistribuirlas con posterioridad a otras cuentas controladas por la organización.

En la sentencia se relata que el 60% de todo el dinero defraudado por la trama iba destinado a Italia y el 40% restante a los que operaban desde Tenerife. De hecho, el tribunal considera que el entramado estaba "bajo la dirección y dependencias" de personas que no han podido ser identificadas y que vivían en el país italiano. La organización desde España también se encargaba de convertir el dinero defraudado en criptomonedas o en tarjetas monedero para tratar de ocultar su origen ilícito.

Para defraudar, la red recurría a métodos como el 'pishing', un sistema de envíos masivos de mensajes de textos donde se hacen pasar por entidades bancarias para que las víctimas accedan a unos enlaces de páginas web que realmente están controladas por la organización, aunque tengan la misma apariencia que la de firmas bancarias legítimas. Ya en ellas, se les invita a que faciliten sus datos y claves personales alegando que se han producido alarmas o errores en el sistema que realmente son falsas y, una vez tienen el acceso a las cuentas, realizan las transacciones monetarias a otras controladas por ellos. Con posterioridad, se realizan disposiciones en efectivo o se convierten en criptomonedas y otros sistemas análogos para evitar el control.

En este fallo, no solo aparece como víctima la empresa jerezana sino también un grupo de personas a las que también le sustrajeron dinero de sus cuentas. Además de los seis años de prisión por los delitos de estafa y pertenencia a organización criminal, a indemnizar a las vícitimas en la cantidad de 2,5 millones de euros.

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