COAG Cádiz denuncia la indefensión de los agricultores ante los megaproyectos fotovoltaicos

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos -COAG- de Cádiz denuncia la indefensión de los agricultores ante los megaproyectos fotovoltaicos que, sin regulación alguna, están acaparando tierras productivas de regadío, patrimonio de todos los andaluces.

Desde COAG Cádiz se apunta que, en los últimos años, se está viendo una transformación del paisaje rural y cómo miles de hectáreas de cultivos son arrasadas por los proyectos fotovoltaicos. “Observamos –explica Miguel Pérez, secretario general de COAG Cádiz-, que se hace sin tener en cuenta ningún criterio de valor agrícola, ambiental o paisajístico de los suelos, lo único que se tiene en cuenta es el rendimiento económico de las empresas privadas que, en vez de invertir en el ladrillo, ahora hacen negocio con nuestras tierras y nuestra agua”.

Un ejemplo del expolio de bienes públicos que se está permitiendo en nuestra comunidad lo están sufriendo los agricultores de la zona regable del Guadarranque (Campo de Gibraltar-Cádiz). “Estos agricultores – señala Pérez- están viendo cómo su medio de vida puede desaparecer, debido a las líneas de evacuación de los proyectos fotovoltaicos están proyectados a través de sus campos. Dicha línea subterránea les ocupa el terreno y no les permite cultivar arboleda”.

En este sentido, hay que tener en cuenta que la media de superficie por agricultor en las más de 700 hectáreas de riego de la zona regable del Guadarranque, es de poco más de 10 hectáreas, por lo que cualquier reducción en su superficie puede dejar sin rentabilidad a sus explotaciones.

A juicio de COAG, lo más grave de todo es que estos proyectos de iniciativa privada no generan ningún beneficio ni empleo al territorio, y se hacen en una zona de colonización declarada de interés general del Estado, “donde se hizo una inversión pública para construir embalses, canales de riego y un poblado para que centenares de familias pudieran tener un medio de vida. Ahora, después de 40 años, todo esto se puede ir al traste”, afirma el responsable de COAG.

Respecto a esta problemática, que afecta a todos los andaluces, hay que destacar que en otros países como en Italia, ya se ha dado un paso hacia adelante, tomando la iniciativa de prohibir la instalación masiva de placas fotovoltaicas en tierras agrícolas, priorizando así la protección de los agricultores y el equilibrio ecológico.

Asimismo, es reseñable que en España las comunidades autónomas también pueden regular la utilización del suelo y la instalación de plantas fotovoltaicas. Éste es el caso de la comunidad de Navarra, donde se publicó una Orden para regular la instalación de parque fotovoltaicos (Orden Foral 64/2006), que prohíbe la instalación de plantas fotovoltaicas en suelos de alto valor agrícola, ambiental o paisajístico.

“Y eso es lo que demandamos a la Junta de Andalucía, que no tiene excusas para quedarse de brazos cruzados ante la pérdida de patrimonio natural y fundamental para la vida de nuestros pueblos y para algo tan elemental como es abastecer de alimentos a la población. Por todo lo dicho, esperamos una reacción inmediata del Gobierno andaluz, porque ya vamos tarde”.