Tirón de orejas del Consejo Consultivo de Andalucía a la Junta por las obras de la Residencia de La Granja

La Junta de Andalucía no podrá iniciar de manera inmediata una nueva fase de la reforma del centro de mayores de La Granja. Su pretensión de adjudicar las obras a la firma que actualmente está ejecutando la reforma de parte del inmueble mediante una ampliación del contrato ha sido rechazada por el Consejo Consultivo de Andalucía. De este modo, tendrá que proceder ahora un nuevo proceso de contratación para acometer la mejora en otras dos plantas en este edificio ubicado en la confluencia de las avenidas Fernando Portillo y de Arcos.

Desde principios del año pasado, se están acometiendo la reforma integral de dos plantas de este edificio, además de la mejora de los sistemas de protección contraincendios y de eficiencia del inmueble. Sin embargo, meses más tarde de iniciarse la intervención la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales planteó una modificación del contrato suscrito con la UTE (Unión Temporal de Empresas) conformada por las empresas Construcciones Rascón SLU y Plazas Sistemas para ampliar las zonas de obra. Para ello, plantea reformar también otras dos plantas, una actuación que tendría un importe de unos 2,3 millones de euros.

Tal y como apunta el Consejo Consultivo de Andalucía en un dictamen suscrito el pasado 9 de junio, la Consejería justificó la modificación contractual en un primer momento en la concesión por parte de la Unión Europea de los fondos Next Generation para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. Así, alegaba que se había producido “una circunstancia sobrevenida como es la disponibilidad de unos fondos extraordinarios en una situación extraordinaria a nivel mundial de crisis sanitaria, económica y social como es la actual, provocada por la pandemia de coronavirus”.

Por este motivo, el organismo autonómico establecía su pretensión de ampliar la reforma extendiéndola a dos plantas más. Sin embargo, en el expediente remitido al Consejo Consultivo se incluía un informe de la asesoría jurídica advirtiendo de que esta no era una causa para hacer un cambio en el contrato de estas características por lo que la Junta procedió a la elaboración de una nueva memoria justificativa de la propuesta.

Así, en esta ocasión aludió a la necesidad de añadir nuevas actuaciones a las obras inicialmente previstas y que, dado el grado de ejecución actual, no es posible cambiar de empresa que ejecute las obras, debido a “razones de tipo económico, porque en este supuesto no podrían financiarse las obras” con los nuevos fondos europeos. Además, la Junta apuntaba que cambiar de contratista, además “de requerir un nuevo proceso de contratación”, conllevaría que no podrían iniciarse las obras “hasta que las que se encuentran actualmente contratadas estuvieran terminadas y recibidas de conformidad, ya que no es posible técnicamente simultanear las obras con diferentes contratistas”.

Sin embargo, el Consejo Consultivo no acepta ninguno de los dos argumentos. Para empezar, asegura en su dictamen que “no entiende” que afirme que no se puedan financiar las obras puesto que los fondos no están condicionados a que lo haga una u otra empresa. Además, afirma que hay un informe técnico en el expediente que contradice que no se puedan simultanear ambas intervenciones. Incluso, incide en el elevado importe de la nueva intervención prevista señalando que el importe “no es precisamente irrelevante”, al suponer casi el 50% de la actuación que se está acometiendo. Al respecto, el órgano señala refiriéndose a ese informe: "Las modificaciones propuestas no tienen ninguna incidencia directa en el transcurso actual de las obras, puesto que se desarrollan en zonas o plantas, donde la intervención recogida en el proyecto se circunscribía a la mejora de la eficiencia energética con la sustitución de luminarias y a la mejora de la seguridad pasiva en caso de incendios con la sectorización del edificio. Por ello, la tramitación del presente modificado no exige la suspensión temporal total ni parcial de la ejecución de las obras”.

Por lo tanto, la Junta tendrá que proceder ahora a una nueva licitación para continuar con una nueva fase de la reforma de este equipamiento social que se construyó en 1975.