La plantilla del Consorcio de Aguas irá a la huelga en agosto

El comité de empresa del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG), del que depende el abastecimiento de 20 municipios de la provincia, entre ellos Jerez, ha anunciado la convocatoria de huelga para el mes de agosto ante la “situación caótica” del servicio y su “alarmante” falta de recursos humanos.

La convocatoria fue aprobada en la asamblea de trabajadores celebrada el pasado jueves en Jerez con la asistencia del 70% de la plantilla –el 25% permaneció en su puesto de trabajo y otro 5% delegó su voto ante la imposibilidad de asistir–, en la que también se acordó la creación de una caja de resistencia para afrontar las jornadas de huelga, cuyo calendario se someterá a la ratificación de los trabajadores en la asamblea prevista para el próximo 13 de agosto en Sanlúcar.

Según explica el presidente del comité de empresa, Francisco Sánchez, la huelga consistirá en paros totales con idea de ir de menos a más, aunque su intención es no generar perjuicios a los habitantes de la provincia y al turismo con el que algunos de los municipios duplican y hasta triplican su población por estas fechas.

Pese a que con la convocatoria de huelga se establecerán servicios mínimos en las estaciones depuradoras, de bombeo y depósitos de agua potable para garantizar su funcionamiento, el propio Sánchez admite que conforme se sucedan los días de paro aumentará el peligro para el suministro, que podría verse interrumpido en caso de avería.

El abastecimiento, en cualquier caso, “corre serio peligro” por los problemas que arrastra el ente, según advierte el comité de empresa en un escrito remitido a los alcaldesa consorciados, en el que solicita su apoyo para la revocación y/o suspensión de los acuerdos adoptados en la asamblea general del CAZG del pasado 17 de junio y que califica de "agresión a derechos fundamentales y retributivos de los trabajadores".

En concreto, la representación de los trabajadores alude al acuerdo por el que se elimina un concepto retributivo vinculado a la antigüedad de los trabajadores jubilados desde 2019 –hay ex trabajadores que reclaman en los juzgados cantidades que oscilan entre 25.000 y 30.000 euros– y a la modificación de los estatutos que atenta contra los derechos de los trabajadores.

El Ayuntamiento de Jerez, el que más consumo con uno de cada cinco litros de agua y el de mayor población de los veinte consorciados, y el de Paterna ya han manifestado su apoyo a la plantilla frente a estos acuerdos, que el comité de empresa considera como el detonante de la convocatoria de huelga, que a su juicio demuestra el “grado de compromiso de los trabajadores y su total disposición para defender sus derechos y reivindicaciones”.

El Consorcio cuenta en la actualidad con una plantilla de unos 110 trabajadores frente a los 140 que la integraban cuando se constituyó a mediados de 2008 tras la transferencia del servicio, antes a cargo de la Agencia Andaluza del Agua.

A raíz de la pandemia, explica Sánchez, se contrató a 24 trabajadores, que sin embargo fueron despedidos el año pasado en pleno pico de la segunda ola del coronavirus y para los que el comité reclama la readmisión en caso de que obtengan sentencia de despido improcedente en primera instancia.

Entre las reivindicaciones del colectivo también figura la cobertura anual de la tasa de reposición para cubrir las vacantes; garantízar la promoción profesional; la retirada de los recursos judiciales interpuestos ante el TSJA por trabajos de superior categoría, que “se basan en argumentos falaces, cuestionan acuerdos alcanzados y, por selectivos, son discriminatorios”; un compromiso de no recurrir las sentencias de readmisión; y la supresión de la cláusula “ilegal y abusiva” que fija la fecha de caducidad para los contratos indefinidos.

Del mismo modo, los trabajadores reivindican un protocolo para la prevención y erradicación de conductas de acoso laboral y sexual previa revocación del acuerdo del comité directivo sobre este particular; y la continuidad de la partida de acción social en los términos de convocatoria continua ya acordada e “incumplida” por el CAZG.