Jerez íntimo
Marco Antonio Velo
Ecos sociedad jerez Quevedo Mariscal Plazuela Soler
Tras la investigación llevada a cabo dentro de la fase de Instrucción de la querella presentada por Pedro Pacheco contra Pilar Sánchez por 32 contrataciones controvertidas en el Ayuntamiento de Jerez desde 2005 y que pudieron costar a las arcas municipales más de 7 millones de euros, la magistrada que instruye el caso ha resuelto ordenar la apertura de juicio oral contra Pilar Sánchez por llevar a cabo dos supuestos nombramientos irregulares de miembros de su partido en puestos de alta dirección y otras tres contrataciones de socialistas a través del Serjil. El auto, al que ha tenido acceso este medio, detalla con exactitud los casos que presumiblemente serán juzgados:
En relación a la contratación de Francisco Gil: En 2005 se le formaliza contrato de alta dirección por el plazo de un año, prorrogándose hasta la finalización del mandato en 2007. En julio de ese año es nombrado asesor. En este caso, al igual que sucede con Cano, se le nombra el 13 de julio de 2007 pero se dispone que se haga con efectos económicos desde el 16 de junio de ese mismo año, fecha en la que se extingue su contrato de alta dirección. El auto expone que "se le otorga retroacción a las retribuciones (...) hasta enlazar con la extinción del último contrato, ello sin solución de continuidad". En relación a su nombramiento como personal de alta dirección, no consta aportado curriculum vitae alguno (que se aporta a la causa posteriormente), manifestando haber recibido la oferta del puesto mediante llamada telefónica de la alcaldesa, a la que dijo conocer durante su declaración ya que "soy un histórico del socialismo en Jerez". Con una experiencia laboral relacionada con la enseñanza, en su currículo consta que es diplomado en magisterio, adscrito a secundaria por filología inglesa. En su caso, prestó funciones que "no parecen corresponderse ni con su formación académica ni con su experiencia laboral previa, no constando por tanto la capacitación requerida para el desempeño de tal cargo". Entre estas funciones estuvo ser responsable del mantenimiento de la vía pública, parques y jardines, poner en marcha un programa europeo ecuestre...
En relación a la contratación de Rosario Cano: Al igual que ocurre con Gil, la actual secretaria de Organización del PSOE prorroga su contrato de alta dirección desde marzo de 2005 a 2007, cuando pasa a ser nombrada funcionaria de empleo eventual, en calidad de asesora del grupo municipal socialista y, según acta de posesión aportada, como jefa de coordinación del gabinete de Alcaldía. Además, también se le nombra con efectos económicos a 16 de junio de 2007, cuando expiró su anterior contrato de alta dirección. En ese momento tampoco aporta currículo y manifestó ante la juez que Sánchez le propuso ir a trabajar al Ayuntamiento en 2005 y que la conocía "desde mucho tiempo antes". Diplomada en profesorado de educación básica y licenciada en Psicopedagogía, su experiencia laboral se resume también en el ámbito de la enseñanza, como ella mismo declaró ante la magistrada. En este sentido, dice la juez en el auto, "la formación de Cano y la experiencia laboral que refleja en su currículo, no parecen poner de manifiesto adecuación con la capacitación requerida para el desempeño de un cargo de alta dirección como coordinadora del gabinete de Alcaldía", donde se encargaba, entre otras muchas cosas, del control y gestión del presupuesto de Alcaldía, gestión de caja fija y libramientos, gestión de personal... "No le constan ningún conocimiento (académico o práctico) en materias económicas, contables, ni tampoco de carácter empresarial o administrativo... que parecen básicos para el desarrollo de un puesto de alta dirección como para el que fue nombrada". Sorprendentemente, reza el documento, " sólo menciona en su declaración, como experiencia en materia económica, el haber sido jefa de estudios y coordinadora de ciclo en el área docente". "Lo que no parece aproximarse a los requisitos de capacitación requeridos", apostilla la juez.
En relación a las contrataciones a través del Serjil de África Becerra, Dolores Caravaca y Rubén Pérez: "De la investigación de la Policía Nacional se desprende la posible comisión de irregularidades en la tramitación de los expedientes del Serjil relativos a los anteriores mencionados, consistentes de modo principal en la afirmación de varios de los posibles candidatos de no haber sido entrevistados para dicho puesto, pese a ser afirmado tal trámite en los correspondientes informes del Serjil", sintetiza el auto judicial. A partir de esta afirmación, pasa a detallar cada caso y comienza por el de la ex delegada municipal de Medio Ambiente, África Becerra. Afiliada al PSOE desde el 95, se inscribió en el Serjil tras conocer la oferta de selección de un 'técnico medio para proyectos' que se hizo pública el 21 de abril de 2005. Hubo 48 interesados, resultando seleccionados 5 personas. El 9 de mayo se emite resolución de Presidencia en la que se decreta la contratación de Becerra. De las otras 4 personas preseleccionadas, las dos primeras manifiestan que "no se nos hizo entrevista alguna"; el tercero no lo recuerda; y el cuarto manifiesta que ésta se limitó a una sola pregunta: "¿Cuál es la ley medioambiental más importante?".
Reconocido socialista y miembro de la UGT, Rubén Pérez se inscribió en el Serjil el 2 de marzo de 2005, un día antes de que Recursos remita escrita al Serjil solicitando un 'técnico especialista en delineación'. Se muestran interesados 16 candidatos, resultando finalmente 6 personas como seleccionadas, entre ellas Pérez. Cuatro de ellas han declarado ante la juez en los últimos meses y manifestaron que "no se nos realizó entrevista alguna".
Por último, siguiendo el auto judicial notificado ayer mismo, en relación con el contrato de Dolores Caravaca ésta se apunta al Serjil el 1 de marzo de 2005 y pertenece al PSOE. En fecha 3 de marzo, Recursos solicita al Serjil un 'agente de dinamización social' y tras la apertura del periodo de selección de candidaturas hay 14 interesados por la oferta laboral. 7 de ellas son llamadas a realizar entrevista previa, entre ellas Caravaca, de las que la juez ha podido oír a dos, manifestando la primera que "no se me realizó" y la segunda que "no lo recuerdo porque he hecho varias para el Serjil". La primera candidata que ha prestado declaración es técnico en Animación Sociocultural con amplia experiencia laboral, mientras que la segunda tiene diplomatura en Trabajo Social y es técnico superior en animación sociocultural con experiencia laboral. En cambio, Caravaca, tiene el graduado escolar (aunque en su currículo consta además que es auxiliar administrativo, pero en la declaración ante el Juzgado reconoce no poseer tales estudios) y su experiencia laboral "no parece guardar relación con el perfil se solicita, pues se reduce a dependienta y telefonista". En estos tres casos actuaba e intervenía como coordinador del Serjil el séptimo acusado, un técnico municipal, en el auto judicial.
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