El juez decreta el archivo del crimen de la gasolinera por prescripción

El 'caso Holgado' pasó ayer a formar parte de la historia judicial de Jerez como un caso cerrado sin que los culpables de la muerte de un joven empleado de gasolinera allá por 1995 haya obtenido justicia.

El Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad dio a conocer ayer que el 'caso Holgado', también conocido como el 'crimen de la gasolinera', queda archivado por la prescripción del delito (asesinato) al haber pasado más de 20 años desde que se perpetraron unos hechos que fueron enjuiciados en dos ocasiones.

Este anuncio tiene amplia trascendencia pues supone que a partir de ahora cualquier esfuerzo por averiguar qué sucedió la madrugada del 22 de noviembre de 1995 en la gasolinera de Martín Ferrador tendrá un fruto baldío. La persona que perpetró el crimen ya no puede ser acusada. Tan sólo cabía la esperanza de que se encontraran pruebas contra personas que ya estuvieran imputadas en la causa en su momento. Pero no ha sido así pues las nuevas pruebas han conducido a un delincuente nuevo en el caso, muerto en la cárcel hace ya casi diez años, 'El Gata', un problemático vecino de la barriada de La Constancia.

El abogado de la familia, José Miguel Ayllón, ya ha anunciado que usará el derecho que asiste a la familia para recurrir el archivo de la causa aunque las esperanzas de que prospere son muy escasas.

Ayllón destacaba ayer a este medio que aún queda terreno por recorrer, que hay asuntos que investigar. "Hay doce huellas por analizar, que la Guardia Civil tiene que ver, al igual que el rastro de ADN que aparece en uno de los cristalitos de la gasolinera".

Pese a todo, y con cierto tono resignado, José Miguel Ayllón, abogado especializado -y sensibilizado- en crímenes violentos destacaba que "esto era algo que se esperaba. Ha sido la confirmación de un archivo anunciado".

Ayllón considera que "es reprobable que no se pusieran todos los medios para reabrir la investigación. Si hace dos años se hubiera sabido lo de 'El Gata' se habría podido hacer mucho más. Y eso que la solicitud estaba presentada desde hace tres años". Especialmente duro por este revés judicial, Ayllón destacaba ayer que "no ha habido ganas de solucionar este grave caso. Ese es uno de los grandes males de la justicia española y especialmente de la andaluza, donde los ciudadanos tienen acceso a un derecho de una 'talla menor'. Y que conste que lo dice un andaluz que ejerce en Madrid".

Francisco Holgado, también conocido como 'Padre Coraje', estaba ayer destrozado. "Los presuntos asesinos ya pueden estar tranquilos. La misma noche del crimen un experto policial de la Guardia Civil se pasó por la gasolinera a echar un vistazo pues no era su circunscripción. Y lo dijo al ver cómo se limpiaba aquello apenas unas horas después del crimen. "De aquí no van a sacar nada", y vaya si acertó. De pleno".

Francisco Holgado, tras dos décadas de espera, carga contra los investigadores a los que acusa "de no haber tenido lo que hay que tener para sacar un caso como éste adelante". Eso sí, asegura que su lucha seguirá adelante y que persistirá en sus intentos "por saber quién mató a mi hijo" así como "para impedir que casos como éste puedan llegar a prescribir. Es algo que debemos solucionar".

Ayer mismo, al borde la una y media de la tarde, conocía la resolución judicial en los propios juzgados de García Figueras. El impacto, ni que decir tiene, fue brutal.

Unas horas antes conocía la noticia Antonia Castro, madre del joven asesinado, a través de la procuradora que lleva el caso a la familia. Ella y el abogado son prácticamente el único nexo de unión que aún mantienen los padres de Juan Holgado.

Antonia Castro se quedó estupefacta ante el cierre de una investigación que creía abierta. "Han sido veinte años de esfuerzos por encontrar justicia -manifestó ayer a este periódico- y veinte años de llevarme palos por todas partes".

Al igual que quien fuera su esposo asegura que los esfuerzos por obtener justicia no acabarán con este archivo de la causa. "Ni mucho menos, voy a seguir peleando. Es más, voy a poner en pie a Jerez", decía ayer mientras recordaba una vez más la forma en la que la gran empresa para la que trabajaba su hijo, Campsa Red, les trató una vez que acaecieron los hechos: "Ni una mala llamada nos hicieron, ni nos ofrecieron ayuda ni nada, ni apoyo psicológico... Nada de nada".

Ni siquiera estas dos décadas van a servir para frenarla. Asegura que "voy a seguir con mi lucha por mis tres hijos y mis dos nietos porque no es justo que gente que aún tendría que haber ido a declarar a los juzgados no lo haga".

Las críticas de Antonia Castro, al igual que las de su ex esposo, se dirigen a un equipo de la comisaría de Jerez que ya ni existe pues buena parte de los agentes e inspectores que se hicieron cargo del caso ya se han jubilado o están a punto de hacerlo. "En estos veinte años nadie ha tocado absolutamente nada del caso", se lamenta Antonia Castro.