Fiscalía abre diligencias por los nombramientos de altos cargos técnicos del Ayuntamiento

La Fiscalía Anticorrupción de Jerez ha abierto diligencias tras una denuncia presentada por el sindicato CSIF que cuestiona el sistema de nombramiento y las asignaciones económicas concedidas a dos funcionarias municipales por parte del gobierno municipal desde 2015. El inicio de la investigación, avanzada este miércoles por el diario El Mundo y confirmada a este medio por fuentes de la Fiscalía, parte de un escrito que presentó CSIF el pasado 2 de diciembre. Ahora el Ministerio Fiscal tiene seis meses para analizarla.

El sindicato pone en duda el procedimiento seguido para designar a la directora de Alcaldía y del Gabinete Jurídico Municipal así como a la directora del Servicio de Transparencia y Administración Electrónica y del Servicio de Asistencia Jurídica durante los últimos años. También cuestiona las asignaciones salariales concedidas por el desempeño de estas funciones.

Los primeros nombramientos se produjeron tras las elecciones de 2015, que propiciaron la llegada de Mamen Sánchez a la Alcaldía. Como es habitual en un cambio de gobierno, el nuevo ejecutivo remodeló el ‘staff’ técnico con una cascada de nombramientos en los principales puestos de carácter técnico de las distintas áreas municipales, entre ellas las direcciones del Servicio de Alcaldía-Presidencia y la del Servicio de Asistencia Jurídica. Estas dos designaciones cuestionadas por CSIF en su denuncia se hicieron mediante comisión de servicios, una figura que contempla la ley para cubrir temporalmente puestos que quedan vacantes.

En cambio, dos años más tarde, se ampliaron las responsabilidades de ambas funcionarias (en el primero de los casos con la dirección del Servicio de Gabinete Jurídico y en el segundo con la de Transparencia y Administración Electrónica). Para ello, según el relato que hace CSIF en su denuncia, se utilizó tanto la figura de la comisión de servicios como la asignación temporal de funciones.

Posteriormente, y siguiendo el relato de la formación sindical en su denuncia, para tratar de dar "cobertura legal" a estas designaciones, el pasado mes de agosto se aprobó una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el documento donde se detalla las funciones de cada empleado municipal. En ella, se creaban dos nuevos puestos donde se fusionaban las responsabilidades que tienen ambas trabajadoras. Así, por un lado, se creó la dirección de Servicio de Alcaldía-Presidencia y Gabinete Jurídico y, por otro, la dirección de Servicios de Asistencia Jurídica y Derecho a la Información.

El sindicato considera que se ha realizado un uso fraudulento de la figura de la comisión de servicios ya que asegura que esta puede realizarse de manera temporal y extraordinaria. En cambio, estas empleadas llevan tres años con las asignaciones mediante esta fórmula cuando el sindicato considera que estas plazas ya deberían haberse sacado a concurso.

CSIF apunta en su denuncia, incluso, que se ha utilizado esta figura que contempla la ley para un “aumento fraudulento” de las remuneraciones de estas empleadas. Así, apunta que las gratificaciones concedidas deben hacerse por “servicios extraordinarios” y no como cuantías “fijas o periódicas”. Incluso, señala que estas retribuciones deberían haber sido aprobadas mediante acuerdos de pleno y no por decisiones del ejecutivo.

Según se apunta en la denuncia, en este año está previsto que perciban en concepto de gratificación unos 33.800 y unos 28.800 euros, respectivamente. Ahora bien, el sindicato incide en su denuncia que en la nueva RPT se ha incluido en los nuevos cargos unos complementos específicos cuyo importe son similares al importe de estas gratificaciones, un hecho que es para el sindicato una muestra de que "se ha integrado la gratificación en el sueldo".

En la denuncia, el sindicato solicita también que se investiguen las productividades cobradas por otros altos cargos técnicos del Ayuntamiento.

El gobierno municipal defiende la legalidad del procedimiento

Tras conocerse la denuncia, la delegada de Recursos Humanos, Laura Álvarez, defendió las designaciones y las retribuciones aprobadas durante estos años señalando que las decisiones están avaladas con informes técnicos. Por este motivo aseguró que el Consistorio se pondrá a disposición de la Fiscalía para facilitarle toda la documentación.

De hecho, aseguró que esta denuncia presentada ante la Fiscalía es una “respuesta” de este sindicato a la apertura de dos expedientes disciplinarios a dos trabajadores (una de ellas es la representante de esta formación en el Ayuntamiento) puesto que esta se presentó tres días más tarde de la apertura de esta investigación. Incluso, apuntó que esta está motivada por la "obsesión" de este sindicato con la directora de Alcaldía.