Un estatuto para los 'pueblos' de Jerez

En cuestión de meses, los ayuntamientos de las pedanías del término municipal jerezano contarán con un nuevo marco normativo que regulará su relación con el Consistorio matriz. Ayer, el pleno aprobó, de manera inicial, el llamado Estatuto Jurídico de las Elas (Entidades Locales Autónomas) que marcará aspectos tales como las competencias, la situación del personal que requieren y el modelo de financiación de estas administraciones. El documento, que salió adelante con los votos favorables del PP y la abstención de los grupos de la oposición (PSOE, Foro Ciudadano e IU), se expondrá públicamente durante los dos próximos meses para que se presenten alegaciones antes de que entre en vigor.

Hasta ahora, el Ayuntamiento jerezano y las pedanías tenían suscritos unos convenios de financiación que consistían, básicamente, en unas transferencias económicas para el día a día de estas entidades. Ahora, se ha elaborado un nuevo marco jurídico más amplio con el que se aseguró se pretende incrementar la cuantía que estos organismos reciben de Jerez.

No obstante, el documento no ha nacido con el consenso de algunos núcleos que ayer volvieron a reclamar que no se debatiera para seguir trabajando en el documento. La petición fue encabezada por el alcalde de Torrecera, Manuel Bertolet (Foro Ciudadano), y secundado por el de Estella del Marqués, Blas Moreno (PSA), y la de Guadalcacín, Nieves Mendoza (Unión Rural Jerezana). De hecho, el pasado jueves todos los presidentes pedáneos mantuvieron una reunión con la alcaldesa, María José García-Pelayo, tras recibir dos escritos donde se solicitaba que se pospusiera la celebración del pleno. Ante esto, la regidora decidió que los siete alcaldes votasen si se mantenía o no la sesión pero hubo mayoría entre los partidarios de que la normativa se sometiera ayer a la consideración del pleno; dijeron que sí los representantes de La Barca (Alejandro López, PP), Nueva Jarilla (Javier Contreras, PSOE), El Torno (Miguel Ángel Morales, PSOE) y San Isidro (Antonio Ramos, PSOE).

Al comenzar el pleno, se dio la palabra a dos de los alcaldes rurales que escenificaron las posturas encontradas existentes a día de hoy entre los representantes pedáneos. El primer edil de Torrecera fue el portavoz de la postura crítica con el estatuto planteado reprochándole al gobierno local que haya presentado uno que no ha sido completamente acordado con los ayuntamientos. Así, recordó que se comenzó a trabajar en el estatuto jurídico hace dos años pero que hubiera sido necesario algo más de tiempo para terminar de cerrarlo con todos los núcleos. "Si se hubiera trabajado más, sería un documento fruto del consenso", advirtió.

Por ello, volvió a reclamar "más tiempo" para seguir estudiando esta normativa de la que aseguró existen "algunos fallos", como, por ejemplo, la concreción de la extensión de estos núcleos. La petición no tuvo la respuesta deseada del gobierno local que se limitó a aceptar una ampliación del plazo para presentar alegaciones (de los 30 días fijados inicialmente pasarán a ser 60). Mientras, el alcalde barqueño alabó la normativa aprobada asegurando que en él se recoge "el reconocimiento de derechos de nuestros pueblos".

A la delegada de Medio Rural, Susana Sánchez Toro, le correspondió defender un texto normativo que permitirá que estos ayuntamientos puedan beneficiarse de los ingresos estatales, autonómicos y locales así como tener voz en los plenos municipales. Incluso, aseguró que este marco jurídico acabará con la "arbitrariedad" del reparto económico existente.

En cambio, los grupos de la oposición mostraron ciertas reticencias al documento coincidiendo en reprocharle al equipo de gobierno que no lo haya consesuado con todos los ayuntamientos pedáneos. Todos hicieron mención también del proyecto de ley que promueve el Gobierno central para reformar las leyes que regulan la administración local (el texto fue aprobado la pasada semana por el Consejo de Ministros y ahora iniciará su tramitación parlamentaria) y que afecta a las pedanías ya que contarán con mayores instrumentos de control de sus finanzas.

Joaquín del Valle (IU) advirtió que aún no está claro como quedarán estas administraciones con la reforma de la ley y exigió un estudio económico sobre las propuestas de financiación que recoge el estatuto. José Ramón Alonso (Foro) calificó el documento de ser una "operación de cirugía estética" ya que la modificación de la normativa local supondrá "el fin de las pedanías". Mientras, Francisco Lebrero (PSOE) aseguró que el documento "no da respuesta al principal problema de las pedanías que no es otro que el incumplimiento por parte del gobierno del PP del pago de los ingresos". La deuda asciende en la actualidad a unos siete millones de euros aproximadamente.

Una vez se apruebe definitivamente el estatuto jurídico, cada una de las pedanías tendrán que firmar un convenio donde se recogerán los detalles de la financiación y las competencias que, en su caso, quieran asumir.