Los funcionarios de Justicia volverán a la carga en septiembre
La plataforma sindical decidirá la próxima semana el calendario de las nuevas acciones de protesta y su posible radicalización ante los recortes salariales
Los funcionarios de Justicia volverán a movilizarse el próximo septiembre ante los recortes salariales que han sufrido y la penuria de medios en los diferentes órganos judiciales. En Jerez son algo más de 230 personas las que trabajan entre los juzgados de la sede de Tomás García Figueras y la de Alcalde Álvaro Domecq. De hecho la plataforma sindical unitaria ya decidió antes del compás vacacional del actual agosto (mes que la mayoría de las jurisdicciones queda paralizada) que "se volvería a la carga en otoño", indicaron ayer fuentes sindicales.
Los sindicatos tienen previsto reunirse la próxima semana una vez que se reanude la actividad judicial y perfilar el calendario de movilizaciones que podrían radicalizarse, según apuntan los sindicatos a nivel nacional.
Las últimas movilizaciones se llevaban a cabo todos los viernes del pasado mes de julio bajo el epíteto 'viernes negro' en referencia a que el Gobierno central ha aprobado diferentes recortes en esas fechas pero "también sufrimos la política de recortes de la Junta de Andalucía". Los funcionarios hicieron desayunos colectivos y cortaron la circulación en ambas avenidas como medida de protesta pero estas acciones ser más virulentas.
La plataforma sindical destaca el aumento de los litigios a causa de la crisis en especial en jurisdicciones como la Social ante el aumento de despidos. La plataforma denuncia que "nuestros gobernantes, en vez de atajar esta situación, aplican unas medidas totalmente perjudiciales y que desde esta plataforma, representativa de todo el colectivo de funcionarias y funcionarios de la administración de justicia, consideramos arbitrarias: tasas judiciales, copago en todas las jurisdicciones; consignaciones para apelar especialmente en la jurisdicción social y contenciosa; reducción de partidos judiciales, congelación de la oferta de empleo público hasta 2015; destrucción de puestos de trabajo, mediante la no cobertura de plazas vacantes; deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores de justicia, ampliación de horarios sin más personal y graves recortes en derechos y salarios, aplicados únicamente a los cuerpos inferiores, excluyendo a jueces, fiscales y secretarios".
Los sindicatos calculan que sus representados perderán una media mensual de unos 200 euros con los recortes decididos.
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