García-Pelayo, presidenta de la FEMP, lamenta que 2024 acabe sin avances en financiación local

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa popular de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha lamentado este martes que 2024 vaya a finalizar sin avances significativos en la reforma del sistema de financiación local.

En su informe al Consejo Territorial de la entidad, la presidenta de la Federación se ha quejado además de que el Gobierno siga negándose a modificar la Ley de residuos de 2022 en cuanto a la obligación de los ayuntamientos de establecer una tasa de residuos que a su juicio invade la autonomía municipal recogida en la ley de Haciendas Locales.

García-Pelayo ha argumentado que la no convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) -que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció hace tres semanas que será convocada "muy pronto"- para abordar la financiación local coloca a los municipios "en la más absoluta incertidumbre financiera".

Por su parte, el portavoz socialista en la FEMP y secretario de Ciudades y Áreas Metropolitanas de la Ejecutiva Federal del PSOE, Javier Ayala, ha criticado que García-Pelayo actúe de manera "partidista", según ha informado su partido.

"Acordamos declaraciones institucionales, pero con respecto a la tasa de basuras luego dice que es el presidente del Gobierno quien pone la tasa", ha declarado Ayala, que ha acusado a García-Pelayo de convertir a la FEMP en "un brazo armado del PP".

La declaración a la que ha aludido Ayala es una aprobada por la FEMP, a propuesta del PSOE según la vicepresidenta primera de la entidad y alcaldesa socialista de A Coruña, Inés Rey, en la que se pide al Gobierno de España y al de la Generalitat Valenciana que adopten diversas medidas para la recuperación económica y social de las áreas más afectadas por la dana de finales de octubre.

La declaración, aprobada por unanimidad según ha informado la FEMP, demanda medidas fiscales como ampliar al año 2025 la exención del IBI, autorizar a las corporaciones locales a rebasar el límite de gasto, incrementar los recursos destinados por el Gobierno de España a paliar los efectos de la DANA o facilitar el uso del superávit de 2024 para inversiones.

Propone también modificar el régimen de ayudas a corporaciones locales por gastos de emergencia para incluir el coste de los trabajos llevados a cabo con medios propios o que las ayudas aprobadas en forma de avales o préstamos ICO a devolver sea reconducido a una línea de ayudas directas sin devolución a hogares, empresas y autónomos afectados por las inundaciones.

Asimismo, insta al Gobierno a dotar un plan dirigido a la reparación y mejora de infraestructuras públicas, especialmente en vías de comunicación e hidrológicas.