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El gobierno volverá a aprobar el reparto de cargos de confianza por "garantía jurídica"

El PP llevará a pleno que el gobierno abone el coste de los asesores desde la fecha de la sentencia que anuló el reparto

Un instante de la comparecencia de Laura Álvarez en el Ayuntamiento.

A pesar de que siga negando que el reparto de asesores que acordó con parte de la oposición a principios del mandato esté anulado por el Juzgado de lo Contencioso, el gobierno municipal señala que volverá a aprobarlo en su totalidad en una próxima junta de gobierno por “garantía jurídica” tras la consulta realizada a los servicios jurídicos municipales.

El ejecutivo mantiene que la sentencia de enero del año pasado que anulaba el reparto de asesores entre los partidos políticos, y que ahora el mismo juzgado ha ordenado ejecutar, solo afecta a los cargos de confianza que Ciudadanos y Adelante Jerez tienen de más respecto al resto de la oposición. Para justificar este razonamiento, basa su afirmación en que el PP recurrió una parte del acuerdo de la junta de gobierno local y no todo, de ahí que considere que el resto siga vigente.

El gobierno municipal ya anunció el viernes que anulará el reparto, que conlleva el cese automático de todos los asesores puesto que su nombramiento está basado en ese acuerdo, e, inmediatamente, aprobará uno nuevo donde se quedarán fuera el segundo cargo de confianza de Ciudadanos y de Adelante. Ahora bien, este lunes, la portavoz del gobierno municipal y edil de Economía, Laura Álvarez, argumentó esta decisión en que, por consejo del gabinete jurídico municipal, es mejor elaborar un nuevo acuerdo con la modificación en los asesores de ambos grupos ya que así habría una mayor “garantía jurídica”. "Es más correcto un único acuerdo donde se mantienen todos los apartados salvo lo impugnado por el Juzgado", explicó.

La edil aprovechó su intervención para cargar contra el PP al que acusó de “mentir” tanto en la interpretación del fallo como en el coste que este personal supone para el Ayuntamiento. El PP apuntó el pasado fin de semana que este supone un coste de “800.000 euros”, cifra calificada como disparate por la edil del ejecutivo. Este, en consonancia con el razonamiento de que la sentencia no invalida todos los nombramientos, incide en que el salario anual asignado a los dos asesores que perderán ambas formaciones es de unos 30.000 euros al año cada uno. Al respecto, dijo: “Si la sentencia afecta solo a dos asesores, ¿cómo se llegan a los 800.000 euros?; es absolutamente mentira”.

El PP exigirá que el coste de los asesores los pague Mamen Sánchez

Mientras tanto, el PP ha anunciado que llevará al próximo pleno, que se celebrará el jueves, una propuesta para que exija que sea la alcaldesa, Mamen Sánchez, y los ediles del PSOE que paguen el coste que le ha supuesto al Ayuntamiento estos asesores desde que el Juzgado de lo Contencioso anuló el reparto, unos 500.000 euros, según estimaciones de esta formación (la cifra se eleva hasta los 800.000 si se contabiliza desde el inicio del mandato).

Según el PP, "Mamen Sánchez es la única responsable de no haber cumplido y ejecutado la sentencia, la única responsable de haber vulnerado los derechos fundamentales de los concejales del PP y la única responsable de haber estado durante más de un año pagando unos asesores cuyo nombramiento fue anulado por el juez”. La formación llega a calificar este gasto de “despilfarro de dinero público” por lo que asegura que es el PSOE el que debe “hacer frente a este gasto irregular y no los jerezanos”.

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