El gobierno local aprueba la modificación del crédito ante las quejas de "ilegalidad" de la oposición

El pleno municipal, en sesión urgente y extraordinaria, ha aprobado esta mañana el expediente de modificación de crédito con objeto de llevar a cabo diferentes actuaciones en la ciudad. Asimismo, dentro del orden del día estaba la renuncia del acta de concejal de la socialista Susana Romero Lobato, (que se marcha como jefa de gabinete de la subdelegación del gobierno), una plaza que será cubierta a partir de ahora por Gabriel Fábregas Barraganes.

Como era de esperar, dada la mayoría del Partido Popular, las propuestas salieron adelante, aunque no sin un pequeño debate, ya que el pleno apenas duró 25 minutos, sobre la idoneidad o no de destinar esta modificación de crédito a acciones, que según la oposición (en concreto el Partido Socialista y VOX, ya que los representantes de La Confluencia no asisteron) no son de imperiosa necesidad.

Francisco Delgado, responsable de Economía del Ayuntamiento, defendió la decisión admitiendo que el remanente del curso anterior, 2023, "se puede utilizar para otros fines distintos dado que en el expediente existen actuaciones que no disponen de créditos y se consideran que no pueden demorarse para garantizar el buen funcionamiento de los servicios".

Por contra, Laura Álvarez, del PSOE, cuestionó seriamente esta decisión, asegurando que con ella "se está cometiendo una ilegalidad". "El señor interventor advierte que esa modificación incumple las leyes fiscales en 2024, pero además, en su informe, advierte de cuáles son las prioridades de atender el pago, es decir, los 21 millones de euros al pago de la deuda de este año. Ya no le va a valer pagarlo desde el fondo de contingencia".

En su intervención, la concejal socialista recalcó que "por desgracia, esta situación se repite en el tiempo como la película 'El día de la marmota'" y recriminó al gobierno local que "después de trece meses en el cargo, siguen ustedes siendo incapaces de traer un presupuesto".

Álvarez criticó también algunas de las medidas que se ejecutarán con estos casi dos millones de euros, ya que a su juicio "no son necesarias imperiosamente". Así, enumeró algunas como "200.000 euros para campañas de publicidad, casi 5.000 euros en dos photocalls para la alcaldesa en el Ayuntamiento, sillas en todas las delegaciones que se están haciendo con contratos menores o máquinas de humo".

En la misma línea se pronunció VOX, a través de sus concejales Antonio Fernández e Ignacio Soto. Fernández lamentó "la urgencia con la que se hace este pleno, porque además, como afirma textualmente el interventor, no ha tenido tiempo para estudiar profundamente el expediente". Del mismo modo, solicitó al gobierno local un cambio en la convocatoria "de estos temas económicos para poder estudiarnos con el detenimiento que se necesita. No es normal que cada vez que hay alguno se nos dé el menor tiempo posible, y ya no sólo en el pleno, sino también en las empresas municipales".

Por su parte, Ignacio Soto expresó su malestar por la situación económica del Ayuntamiento, haciendo hincapié en los 61,5 millones de euros acumulados "de lo que se conocen como facturas en el cajón". El edil de VOX también cuestionó algunas actuaciones "de imperiosa ejecución" como "las campañas publicitarias, suministros de sillas, la reparación del monumento para la Memoria Histórica que se inauguró hace poco, una cámara para presidencia valorada en 15.000 euros, 18.000 euros para dotación tecnológica para presidencia o la inversión en iluminación y sonido para los Claustros de Santo Domingo...".

No obstante, se contratuló de que algunas de las acciones a realizar, como el programa educativo Antibullying, 100 cámaras para la Policía Local, armas taser o la reparación maquinaria mercado Federico Mayo, las hayamos traido nosotros a este pleno".

Finalmente, Soto mostró su preocupación "porque el informe del interventor advierte que las nóminas de personal no estén garantizadas de aquí a final de año" y acusó al gobierno de María José García-Pelayo de "ir como pollos descabezados, tapando agujeros pero sin ningún plan estratégico y económico para la ciudad. Nos demuestran que han sido incapaces, con mayoría absoluta, de tener un presupuesto para 2024 que cubirira las neceisdad sin tener que acudir a modifiaciones de credito".

La última palabra en el pleno fue para la alcaldesa quien reiteró que en esta modificación "la ley se cumple escrupulosamente", insistiendo en que ha sido "el gobierno de España quien nos ha autorizado a invertir este remanente como lo estamos haciendo. Y quédense tranquilos que haremos frente a todas las obligaciones, a Hacienda, a los trabajdores...".

García-Pelayo justificó la decisión aseverando que "los ciudadanos se merecen que sus peticiones se cumplan", y destacó que "para nosotros es urgente reparar las áreas de juego, los caminos rurales, desbrozar cunetas para evitar incendios, colocar hormigón y bacheo a nuestras calles, vamos a señalizar poniendo badenes donde no los hay, adquirir material verde, dotar de servicios de mantenimiento los campos deportivos, vamos a limpiar las canaletas en los colegios, centros de mayores y cívicos, arreglar las viviendas sociales, la nave del pescado del Mercado Central, en vamos a hacer arreglos en el mercado de Federico Mayo y modernizar y arreglar el Alcázar, los Claustros y Pescadería Vieja".