El gobierno local gestiona más de 2.400 ayudas al alquiler

Jerez/El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Acción Social, gestionó durante el año 2018 un total de 2.455 ayudas en concepto de apoyo al alquiler, que ascienden a una cuantía global de 671.318 euros. Tal como ha informado el Consistorio en una nota de prensa, estas ayudas han sido destinadas al pago periódico en concepto de alquiler, incluido el apoyo al alquiler de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emuvijesa).

En el balance de actuaciones en materia de vivienda realizadas desde la delegación de Acción Social, la teniente de alcaldesa, Carmen Collado, ha destacado el buen trabajo y el esfuerzo que se viene realizando de forma coordinada entre la Delegación y Emuvijesa “para evitar desahucios y para que las familias con problemas de vivienda puedan acceder a un recurso habitacional digno, o bien ayudarlas a hacer frente al pago del alquiler y de suministros básicos. Cuando las familias acuden con tiempo se soluciona el 99 por ciento de los problemas”.

El pasado año, se atendieron desde Acción Social a unas 130 familias con necesidades en materia de vivienda, “en una acción que ha estado coordinada en todo momento con la Oficina Municipal de Intermediación de Desahucios y las trabajadoras sociales”, en palabras de Carmen Collado, quien ha señalado que “la gran mayoría de estas consultas han estado motivadas por desahucios por impagos de renta, y fundamentalmente por casos de ocupación ilegal de viviendas; en relación a estos temas, han solicitado asesoramiento 79 familias”.

Como ha señalado la teniente de alcaldesa, “en los casos de desahucio por impago de renta por arrendamiento, lo que hemos hecho ha sido asesorar sobre los procedimientos y aconsejarles que soliciten abogado de oficio y presenten oposición para ganar tiempo al objeto de encontrar otra vivienda, además de valorar las ayudas correspondientes”.

Asimismo, en los casos de ocupación ilegal, “después de haber valorado la situación, hemos solicitado al juzgado la prorroga del lanzamiento de tres meses con el fin de contar con tiempo suficiente para buscar un recurso habitacional alternativo o la negociación de un alquiler social. Esto ha ocurrido con unas 15 familias”, ha señalado Carmen Collado, quien ha especificado que “todas las suspensiones han sido concedidas, excepto una. La mayoría ha presentado documentación para el alquiler sin respuesta aún, excepto en dos casos en que le han concedido un alquiler, uno de ellos de 300 euros, que no es de carácter social”.

Asesoramiento de la Oficina de Intermediación de Desahucios

Por otro lado, Carmen Collado ha subrayado también “la importante labor de mediación que se viene realizando desde la Oficina Municipal de Intermediación de Desahucios, que adquirió en 2015 mayores competencias y mayor coordinación, no limitándose a servir de puente para el traslado de los casos que presentan las personas solicitantes a los abogados que ejercen de manera directa la intermediación, sino de asesoramiento en todos los problemas que se plantean en el tema de vivienda”.

Como ha explicado la teniente de alcaldesa, “de todas estas familias atendidas en 2018, un total de 32 han solicitado asesoramiento e información sobre intermediación hipotecaria, ofreciéndoles los servicios jurídicos de la Oficina de Intermediación de Desahucios, de las cuales, finalmente, 11 familias han hecho uso del servicio”.

Asimismo, Carmen Collado ha señalado “que el pasado año acudieron menos familias por desahucio tras ejecución hipotecaria, debido a que, al parecer, los bancos demoran la petición al juzgado de posesión del inmueble, por lo que solo se han solicitado 4 suspensiones de lanzamiento hasta mayo de 2020”.

Cabe resaltar también que el pasado año se ha asesorado y apoyado “a 15 familias que han solicitado prórroga de alquiler social una vez transcurrido el plazo que acordaron para el mismo, negociando, además, que la subida de renta no fuera excesiva”.

Asimismo, desde el Ayuntamiento destacan que, en coordinación con la Emuvijesa, se han recuperado desde 2015 un total de 36 viviendas que habían sido ocupadas de forma ilegal. Las viviendas se han ido entregando, “siguiendo criterios de Acción Social, por ser viviendas de integración social, promoción pública o tener la excepcionalidad del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas”. En concreto, en 2015 se recuperaron 3 viviendas; 11 en 2016; 8 en 2017 y 14 en el último año.