El gobierno trata de convencer a Hacienda para salvar el presupuesto municipal
Remite la liquidación de 2019, año que se cerró con el cumplimiento del objetivo de estabilidad y la regla de gasto
Resta importancia a las objeciones a la previsión contable alegando que son las mismas que en años anteriores
El gobierno local tratará de defender el presupuesto municipal de este año ante el Ministerio de Hacienda presentándole una serie de hitos logrados durante el pasado año en materia financiera como el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto así como con una reducción del remanente de tesorería. Además de esto, se ultiman nuevos informes técnicos para justificar los ingresos y gastos incluidos en la previsión contable.
Con todo ello, se pretende que la administración central rebaje o, en el mejor de los casos, elimine los condicionantes que ha realizado al presupuesto municipal de este año para que pueda entrar en vigor. Hacienda reclama, entre otras cuestiones, una reducción en un 5% de los gastos de funcionamiento del Ayuntamiento -un recorte de unos 20 millones de euros aproximadamente, según estimaciones del ejecutivo- y un nuevo cálculo en las estimaciones realizadas por algunos ingresos previstos, fundamentalmente impuestos como el IBI, el IAE o la plusvalía, al considerar que están basados en “previsiones” sin justificar.
Para ello, la alcaldesa, Mamen Sánchez, firmó en la mañana de este martes la resolución con la liquidación presupuestaria del año pasado con el que pretende convencer al gabinete de la ministra María Jesús Montero de la “buena senda económica” en la que, a su juicio, se encuentra el Ayuntamiento. El Consistorio cerró 2019 con un superávit presupuestario de unos 27,3 millones de euros (es la diferencia entre los ingresos y los gastos presupuestados); mientras, el remanente de tesorería (la diferencia entre lo que tiene pendiente de ingresar y de pagar el Ayuntamiento) se situó en unos 72 millones de euros, unos 11,8 millones menos respecto a diciembre de 2018.
La delegada de Economía, Laura Álvarez, que también estuvo en la comparecencia junto a la regidora y al edil de Urbanismo, José Antonio Díaz, hizo mención de una reducción de las obligaciones pendientes de pago –a las que denominó “deuda con los contratistas”- durante el pasado ejercicio. Esta magnitud ha pasado de los 205 a algo más de 197 millones. En cuanto a la deuda total del Ayuntamiento, esta se situó en los 896 millones, unos 72 millones menos en relación con 2018.
La edil de Economía también restó importancia a las objeciones puestas por Hacienda respecto a las previsiones presupuestarias, especialmente en materia de ingresos. Al respecto, dijo: “El borrador es idéntico al de 2018, 2017 y 2016; lo que nos dice es que hay que presupuestar la media de la recaudación y nosotros hacemos la media sobre los derechos reconocidos; hemos venido justificándolo todos los años y nos lo han aceptado luego sin ningún problema. Esperemos que en este año, con los informes que mandamos, nos acepte de nuevo esta fórmula”.
Ahora bien, en cuanto al incremento de la deuda con proveedores y del tiempo medio de pago (2019 cerró con más de 72 millones de euros en facturas sin pagar y unos 50 millones en obligaciones pendientes de reconocer), el gobierno local volvió a atribuírselo a la "gestión económica del PP" mientras estuvo al frente del Ayuntamiento (gobernó en Jerez entre 2011 a 2015). En cambio, aseguró que el actual ejecutivo socialista ha ido “reconociendo facturas que dejó de tramitar el PP y dotándolas de presupuesto, aunque ello haya conllevado un aumento de las opas [facturas sin reconocer] y un empeoramiento del periodo medio de pago”.
Con los resultados de la liquidación, la alcaldesa mostró su confianza en que el Ministerio de Hacienda “pueda ver una nueva gestión y dé el visto bueno al presupuesto” ya que “el Ayuntamiento continúa en la senda de la mejora económica, presupuestaria y financiera iniciada desde 2016”.
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